Investigados 15 embajadores en Argentina por contrabando de coches de lujo
Una acusación por corrupción administrativa lanzada por el Ministerio de Exteriores argentino ha causado un profundo malestar en el cuerpo diplomático acreditado en Argentina, donde decenas de sus representantes, entre ellos 15 embajadores, están siendo investigados por el juez federal Norberto Oyarbide por contrabando de coches de lujo.
Los diplomáticos, como norma general, en casi todos los países están autorizados a importar vehículos para uso personal que están exentos de impuestos hasta una determinada cantidad. Según la investigación judicial, algunos diplomáticos se han aprovechado de esta situación para establecer un sistema de importación ilegal de vehículos de lujo que eran vendidos en el mercado local, con la consiguiente ganancia para el diplomático implicado, a precio mucho más barato que el de mercado.
Pero la denuncia ha causado un gran malestar entre las representaciones extranjeras en Buenos Aires, donde reina el sentimiento de incomodidad ante el poco rigor con el que se ha efectuado la denuncia mezclando en la lista filtrada a la prensa casos de flagrante corrupción con otros de infracciones administrativas dudosas o citando a funcionarios sin relación alguna con el escándalo. "Este país es tremendo, los corruptos son los diplomáticos, los que contaminan son finlandeses y aquí nunca pasa nada", destacaba una fuente consultada.
98 vehículos
Los embajadores investigados son los de Cuba, Marruecos, Chile, Rusia, Uruguay y Pakistán, entre otros. Oyarbide ha abierto una causa por "contrabando agravado" en el caso de 98 vehículos. En la lista también aparecen funcionarios de menor rango de otros países, incluyendo Venezuela, EE UU y la representación de la UE. También hay dos funcionarios españoles: Javier Castro, hasta el año pasado agregado militar en Argentina, y el actual canciller, Rodrigo Aguirre de Cárcer.
Según la Embajada española, Castro importó un Seat Toledo de 1992 y un Austin de 1957 -"ni tenía puertas"- por los que pagó el 100% de los impuestos.
En la causa también se encuentran imputados funcionarios argentinos del Ministerio de Exteriores cuya colaboración resultó fundamental en el fraude.
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