El Gobierno argentino presiona a las petroleras para que bajen el precio de los carburantes

El frente de la crisis energética se amplía en Argentina. A los cortes del suministro de luz en la capital y su cinturón se suman desde hace días las denuncias de falta de combustible en diversas zonas del país, especialmente las que, en pleno verano austral, reciben una mayor afluencia turística, y aquellas en las que la cosecha es inminente.

Los consumidores además protestan porque las petroleras (entre ellas, la española Repsol-YPF) han subido el precio de los combustibles.

Con este panorama, el Gobierno de Cristina Fernández ha anunciado la prohibición temporal a las petroleras que trabajan en el país de exportar combustibles líquidos "hasta que no se regularice el mercado". Al igual que en ocasiones anteriores, el Gobierno argentino busca con esta medida de fuerza, por un lado garantizar el abastecimiento en una situación crítica y, por otro, que las compañías petroleras bajen los precios en las estaciones de servicio, en este caso en torno a un 15%. La venta de combustible líquido al extranjero supone un negocio de unos 4.000 millones de dólares anuales (2.723 millones de euros) para las petroleras, en un mercado controlado por Repsol. La medida coloca automáticamente en el mercado interno en torno a un 50% más de combustible en oferta.

El precio de gasolinas y gasoil en el interior de Argentina está muy por debajo del existente en el mercado internacional gracias, sobre todo, a las presiones que emplea el Gobierno argentino sobre las compañías que ha incluido desde 2003 llamamientos presidenciales al boicoteo y el empleo de piquetes oficialistas. Sectores agrícolas denuncian que las empresas prefieren exportar sus productos para ampliar su margen de ganancias aunque genere falta de combustible. En la gasolinera, el litro de gasolina de alto octanaje es de 2,70 pesos el litro, 0,57 céntimos de euro. La intención del Gobierno es que baje hasta los 1,70 pesos, 0,36 céntimos de euro, que era el precio existente antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2007.

Las tres principales compañías afectadas son Repsol-YPF, la brasileña Petrobras y la angloholandesa Shell. Estas dos últimas ya han sufrido fuertes multas durante 2007 en aplicación de la denominada Ley de Desabastecimiento. Shell incluso ha visto cómo el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pedía el encarcelamiento de su presidente en Argentina. Pero la falta de combustible es sólo el frente secundario de los problemas de energía argentinos. Ayer volvieron a repetirse en Buenos Aires y alrededores numerosos cortes de luz que afectaron a miles de usurarios. Las dos compañías encargadas del suministro, Edenor y Edesur (esta última propiedad de la española Endesa), subrayaron que se trató de problemas "puntuales" que fueron solucionados en pocas en horas, pero lo cierto es que los problemas en el suministro se prolongan desde el pasado 31 de diciembre. Sobre las advertencias del Ejecutivo argentino a las petroleras, fuentes de Repsol YPF destacaron ayer que no hay medidas concretas para paralizar las exportaciones y sí llamamientos verbales a las empresas para que aseguren el suministro en el país. La petrolera española destacó asimismo que, en estos momentos, el 90% de su producción en Argentina se destina al mercado interno.