La política social no es un cheque

No es lo mismo recibir en mano 2.500 euros por tener un hijo que recibir la promesa de que en unos años habrá una guardería pública no demasiado lejos. Ni cobrar una ayuda de 210 euros al mes para el alquiler, que esperar a que se abaraten los precios porque el parque de casas alquiladas se triplique y se acerque así a lo que es habitual en el resto de Europa. Las primeras son iniciativas de un impacto global e inmediato, valores muy atractivos a pocos meses de una cita electoral que cualquier Gobierno no duda en explotar. El Ejecutivo socialista también trabaja en iniciativas complejas, como las segundas. Pero no las ha puesto en el centro de la lupa mediática: una visión aumentada podría dejar al descubierto que el avance ha sido demasiado débil.

España sigue a la cola del mundo desarrollado en apoyo a las familias

Las "políticas placebo" buscan el favor electoral sin grandes cambios

PP y PSOE rivalizan en promesas sociales a un público heterogéneo

Martínez Lázaro: "Baja presión fiscal y más servicios sociales no cuadra"

En los últimos tiempos, es difícil encontrar casos de coincidencia en la opinión pública tan claros como el que provocó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el último debate sobre el Estado de la Nación, en julio. Zapatero se sacó de la chistera el cheque-bebé (una ayuda única de 2.500 euros por nacimiento). Por arte de magia, la calle y los medios se lanzaron a comentar la nueva medida y, por unos días, dejaron a un lado asuntos más peliagudos.

"En ciencia política, se las conoce como políticas placebo, son iniciativas que buscan atraer el favor de muchos electores sin grandes transformaciones", explica el catedrático José Luis Dader, experto en comunicación política. "Se pretende la satisfacción inmediata del electorado, aunque suelen tener escasísima repercusión real", indica.

En septiembre, con apenas dos meses en el cargo, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, presentó con altavoces un plan para fomentar el alquiler. El éxito mediático fue, esta vez, más discutible. El plan, que incluye la ayuda de 210 euros al mes a jóvenes para alquileres durante cuatro años, tenía semejanzas con el que ya puso en marcha su antecesora, María Antonia Trujillo, sin grandes resultados.

La sucesión de anuncios -el nuevo ministro de Sanidad, Bernat Soria, prometió dentista gratis para los niños entre 7 y 15 años- irritó al vicepresidente económico, Pedro Solbes, escamado porque el cheque-bebé y las ayudas al alquiler se llevarán unos 2.000 millones de euros anuales, un 10% del superávit, y poco convencido de su eficacia.

"Este Gobierno acabará por ofrecernos a todos un chalé en el Caribe", se mofó el líder del PP, Mariano Rajoy. Sin embargo, la tramitación del cheque-bebé evidenció el atractivo electoralista de este tipo de medidas. Los populares recordaron que ellos ya plantearon uno más cuantioso (3.000 euros) y la oposición exigió al PSOE, sin éxito, que extendiera el derecho a la ayuda a las familias con hijos nacidos desde enero de 2007.

"El cheque-bebé no va a tener gran impacto, es más un reconocimiento social, un cariñito a las familias", comenta la socióloga María Ángeles Durán, del CSIC. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre vida familiar y trabajo permite la comparación internacional. Ayudas como la recién aprobada por el Gobierno llevan tiempo vigentes en otros países, aunque es cierto que está entre las más abultadas. Pero es la única iniciativa española que destaca.

El estudio de la OCDE, publicado hace un mes, recuerda que España está a la cola de los países desarrollados en gasto público para políticas familiares, con apenas un 1% del PIB -el cheque-bebé mejoraría la proporción en un par de décimas-, cuando Luxemburgo, los países escandinavos o Francia superan con holgura el 3%. En Suecia, Dinamarca o Noruega, las guarderías públicas y otros sistemas de cuidado permiten una atención casi universal para los niños de 0 a 3 años. Amén de que en esos países, uno de los padres puede optar por una excedencia de un año, con hasta el 80% del sueldo.

En Alemania o Luxemburgo, la ayuda pública no se limita al cheque-bebé: se recibe también una generosa subvención hasta los tres años de edad del hijo (hasta 1.800 euros al mes en Alemania) o se mantiene la ayuda hasta la mayoría de edad. Y en Reino Unido u Holanda, la legislación incentiva el trabajo a tiempo parcial.

Muchos países europeos compatibilizan tasas de natalidad apreciables (cercanas a 2 niños por mujer) con una proporción de empleo femenino notable (superior al 65%). Nada de eso ocurre en España (1,3 niños por mujer, 55% de tasa de empleo femenina), donde la dicotomía entre hijos y carrera profesional es un dilema casi irresoluble para muchas mujeres.

"La principal debilidad del sistema de atención a los niños y en medidas de conciliación familiar en España es, llanamente, ¡insuficiente!", resume Mark Pearson, responsable de la división de política social de la OCDE. "España necesita gastar más dinero en sistemas de cuidado de niños si la intención es lograr altas tasas de empleo, sobre todo entre las madres de críos más pequeños", añade.

El responsable de la OCDE también relativiza el impacto de medidas como el cheque-bebé. "No hay nada malo en dar dinero a los padres por tener un hijo, pero lo importante aquí no es el ahorro en pañales, sino la pérdida de ingresos si alguien tiene que dejar el trabajo para cuidar al niño", destaca.

Las dificultades para encontrar una vivienda asequible complican aún más la ecuación, sobre todo para las parejas jóvenes. "Como ocurre en otros países mediterráneos, todo lo aguanta la familia, pero la presión está al límite de lo soportable", opina Luis Moreno, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos. Los padres, con sus ingresos, permiten que los hijos sigan en casa hasta los 30 años y les dan dinero para rebajar la hipoteca. Como abuelos, cuidan a los nietos cuando las interminables jornadas laborales de sus padres se lo impiden. Y hacen lo propio con sus mayores. La familia sigue siendo el gran pilar del estado de bienestar.

"El peso de la gran transición socioeconómica de España recae en una generación de supermujeres, entre 45 y 65 años, que asumieron funciones tradicionales del modelo familiar en el que se educaron y al mismo tiempo, rompieron con él para entrar en el mercado laboral", sintetiza Moreno. La recuperación de la natalidad en paralelo a una mayor proporción de mujeres trabajadoras es un objetivo esencial para un país cuyo sistema de prestaciones (pensiones, desempleo) descansa en lo que aportan los que trabajan. "La decisión de la pareja, lo que antes se resolvía puertas adentro, ahora es asunto de toda la sociedad", añade.

Esa decisión se allanaría si los jóvenes pudiesen formar hogares antes, para lo que se necesitan viviendas asequibles. Los expertos coinciden en que la ayuda al alquiler anunciada por el Gobierno es insuficiente. Y, algunos, como Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del Instituto de Empresa, creen incluso que está mal encaminada. "Lo único que hará es encarecer el alquiler para los que no sean jóvenes, que en cuatro años se quedan sin la ayuda". En su opinión, "hay que construir muchas más viviendas protegidas para alquiler y dar más garantías jurídicas a los propietarios para que arrienden sus casas".

Las medidas sociales comparten protagonismo con las rebajas de impuestos en el mensaje preelectoral. "En España queremos unos servicios sociales de país escandinavo con una presión fiscal baja, de país anglosajón, eso no cuadra", advierte Martínez Lázaro, persuadido de que en "la agenda oculta de los dos grandes partidos hay una subida del IVA hasta el 20%".

En todo caso, Moreno y Martínez Lázaro valoran que lo social gane terreno en el debate público. "Los dos grandes partidos se concentran ahora en medidas sociales y económicas porque entienden que es ahí donde se puede jugar la batalla electoral, con ofertas a un público más heterogéneo, menos adepto, pero cuando avance la campaña es posible que se vuelva a mensajes más emocionales, de identificación personal", matiza Dader.

En los últimos días, Zapatero se ha comprometido con objetivos más ambiciosos, pero con flancos débiles. El PSOE ha prometido 300.000 nuevas plazas de guarderías para los niños más pequeños. Es un mensaje similar al que lanzó en 2004 con la idea de alcanzar esa cifra en seis años; desde entonces, sólo se han creado 150.000 plazas y la demanda de escolarización triplica la oferta, casi toda privada. En VPO, el PSOE anuncia 600.000 pisos para la próxima legislatura. En ésta, se han iniciado 290.000, poco más de la mitad de lo prometido en 2004.

Para los expertos, otro proyecto desarrollado por el Gobierno marca el camino a seguir: la Ley de Dependencia. "Hay un problema gravísimo, que es el cuidado de nuestros mayores, la Ley de Dependencia es importantísima, quizá el mayor avance en conciliación de la legislatura, aunque falta por ver cómo se va a desarrollar", indica María Ángeles Durán. La investigadora del CSIC, Premio Nacional de Sociología, exige debates amplios, no medidas puntuales. Y cree que la "respuesta óptima está en la combinación de todo: servicios públicos más amplios, incentivos al ahorro privado y el voluntariado, y redistribución de las cargas del cuidado dentro de las familias".