El Gobierno colombiano niega que obstaculice la liberación de rehenes

El Gobierno de Colombia rechazó ayer que las Fuerzas Militares hayan puesto en marcha operaciones para impedir que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entreguen al presidente venezolano, Hugo Chávez, a tres de sus secuestrados. El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, afirmó en Bogotá que "no hay ninguna interferencia de parte del Gobierno colombiano; al contrario, hay beneplácito" por el anuncio de la guerrilla. "No hay ningún tipo de operación militar orientada a impedir que los secuestrados sean puestos en libertad", señaló Restrepo en una entrevista con la cadena Caracol Radio.

La afirmación es una respuesta a críticas de Chávez y también de la senadora colombiana Piedad Córdoba, hasta hace poco intermediarios ante las FARC y quienes advirtieron por separado de supuestos obstáculos para la entrega de los cautivos. En Colombia hay algunos grupos o sectores "cercanos al Gobierno o del propio Gobierno que estoy seguro de que van a tratar de evitar la liberación exitosa", había declarado Chávez el sábado durante una visita oficial a Cienfuegos (Cuba). El mismo día, pero en Caracas, Córdoba dijo que las operaciones militares contra las FARC "pueden dar lugar a que de pronto se pueda aplazar" la liberación de Clara Rojas, su hijo Emmanuel y la ex parlamentaria Consuelo González.

"El Gobierno colombiano ha actuado con enorme prudencia", dijo el comisionado Restrepo. "Tanto el presidente de la República como la fuerza pública colombiana han dicho de manera expresa que no seremos obstáculo para esta liberación".

Las FARC, guerrilla de origen marxista vinculada al narcotráfico y considerada como organización terrorista por la Unión Europea, informó de su decisión de liberar a los tres en un comunicado fechado el pasado día 9 y conocido el pasado martes en Bogotá. En la nota, los rebeldes, que mantienen en su poder a más de 700 personas, explican la puesta en libertad del niño y las dos mujeres como un "desagravio" a Chávez, después de que el presidente Álvaro Uribe cancelara sus gestiones para un acuerdo humanitario, al que la organización condiciona la entrega de 45 personas a cambio de medio millar de rebeldes presos. En el grupo de canjeables están a ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses.

Uribe suspendió en noviembre la mediación de Chávez y Córdoba por considerar que habían sobrepasado los términos de su cometido y que estaban sirviendo a los objetivos políticos de la guerrilla, que tiene campamentos en territorio venezolano. En respuesta, Chávez dejó congeló las relaciones con Colombia.

Para negociar el acuerdo, las FARC exigen la desmilitarización de dos provincias de Colombia. Uribe ha ofrecido una zona de desarme de 150 kilómetros cuadrados, y sin presencia de población civil, algo que la guerrilla ha rechazado.