Las clínicas abortistas se plantan ante el acoso católico y el mutismo político

"Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer y, encima, nos tratan como a asesinos". Santiago Barambio es portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que agrupa a una treintena de centros en España. Los responsables de estas clínicas amenazan con plantarse y dejar de practicar abortos de forma indefinida por el "acoso" al que, a su juicio, se han visto sometidos tras el estallido del caso Morín. Los centros privados realizan el 97% de los abortos.

E-Cristians acusa ahora a otros centros de practicar abortos ilegales

La ACAI denuncia la falta de médicos para interrupciones de embarazo

Con esta posible medida de fuerza, la ACAI pretende denunciar "el silencio de los políticos", "el trato mediático recibido" y, sobre todo, la "presión de grupos católicos" a raíz de la investigación policial sobre cuatro clínicas que el cirujano de origen peruano Carlos Morín dirige en Barcelona.

Morín, cuyos centros no pertenecen a la ACAI, se encuentra en prisión provisional junto con dos estrechos colaboradores, acusados de practicar abortos fuera de los supuestos previstos por la ley. También están imputados por asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental. La ACAI afirma que respeta la investigación judicial en marcha, pero pide respeto para los centros de la asociación.

"Siempre estamos bajo sospecha", afirma Barambio. Ayer mismo, la entidad católica E-Cristians -impulsora de la querella contra Morín- difundió una carta en la que acusa a "numerosas clínicas" de la ACAI de "practicar abortos ilegales". En la misiva, la asociación reclama a la consejera de Salud , Marina Geli, que "revise" los expedientes de estos centros.

La falta de médicos que sufre la sanidad española se acentúa, según la ACAI, en el caso de las clínicas abortistas. "No ha habido relevo generacional. Seguimos los mismos que en la transición salimos a defender el derecho al aborto", argumenta Barambio.

La sanidad pública sólo aborda el 3% de las interrupciones de embarazo en Cataluña. Los hospitales se hacen cargo, sobre todo, en los casos de malformaciones fetales. Para el resto de las mujeres, el camino es la privada. La ACAI apuesta por fijar un sistema de concierto económico por el cual el sistema público financie el aborto.

La asociación también reclama una modificación de la ley que, actualmente, permite el aborto a partir de tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22 semanas) y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer (sin plazos). Barambio aboga por una ley únicamente de plazos. La consejera de Salud, Marina Geli, se pronunció el pasado fin de semana sobre el caso Morín. Geli considera que hay que dejar trabajar a la justicia. "No podemos abrir otros debates en este momento", concluyó.

Debates al margen, el centro Ginemedex -uno de las clínicas donde supuestamente practicaban abortos ilegales- seguía funcionando ayer con normalidad. El Departamento de Salud informó de que la decisión sobre un posible cierre del centro corresponde a los juzgados.

Los centros de Morín, como las clínicas de la ACAI, necesitan estar acreditados por Salud. Entre sus obligaciones figura la de contratar los servicios de una empresa de residuos orgánicos. Los centros dejan los fetos en contenedores de grandes dimensiones y las empresas los recogen periódicamente.

Los investigadores sospechan que en las clínicas de Morín se falseaban los informes psiquiátricos para dar apariencia legal a los abortos. En un proceso normal, la mujer debe superar distintos pasos: una ecografía, una prueba analítica y una entrevista con un profesional de la salud mental.