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Último tren para la I+D española

La investigación despega, pero existe aún una pobre participación empresarial

España empieza a despegar en I+D. Aunque la desventaja con Europa sigue siendo considerable y no hay nada ganado de antemano, el país está ahora en condiciones de intentar la hazaña, el gran salto hacia adelante que debe transportarle hasta la orilla privilegiada de las economías más avanzadas.

Sólo uno de cada cinco científicos en España trabaja en el sector privado

No hay lugar para la euforia, pero el pesimismo está en retirada

La inyección masiva de dinero público a lo largo de estos tres últimos años ha vivificado un sistema que se encontraba al borde del colapso, ha ampliado la base humana y tecnológica investigadora y ha abierto una ventana de oportunidad que puede engancharnos a la dura carrera por la competitividad que se libra en el mundo. El terreno ha sido abonado y empieza a detectarse cierta efervescencia. Durante la presente legislatura se ha puesto en marcha el superordenador más potente de Europa (Marenostrum, Barcelona), construido el nuevo buque oceanográfico (Sarmiento de Gamboa) equiparable a los mejores existentes en el mundo, se ha lanzado el proceso de instalación de la mayor plataforma experimental de captura de CO2 de la UE (Ciudad de la Energía, Ponferrada) y España aspira a instalar en Bilbao el Centro Europeo de Espalación de Neutrones, que será el mayor del mundo.

Además, con el horizonte puesto en 2015, se ha aprobado el primer plan de infraestructuras tecnológicas de nuestra historia. ¿No es hora ya de felicitarse y de enterrar para siempre el recuerdo de la vieja leyenda negra que habla de la pobre disposición española para la investigación?

Bienvenidos a la cruda realidad. Sólo hay 23 empresas españolas entre las mil firmas europeas que más invierten en investigación e innovación, según el Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Comisión Europea. Sólo uno de cada cinco científicos españoles trabaja, hoy, en el sector privado. ¿España corre el riesgo de consolidar un modelo invertido de gasto en I+D en el que, contra lo que ocurre en las economías punteras, la parte del león inversora cae del lado de las instituciones públicas? Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en 2006 la participación de la empresa privada creció del 46,3% al 47,1%. Es un dato para el optimismo porque rompe la tendencia negativa de los últimos años y refuerza la posibilidad de que el capital privado llegue a asumir la mayor parte del esfuerzo financiero. ¿La revolución tecnológica empieza a penetrar en la empresa española?

Pese al acelerón financiero, la brecha investigadora sigue siendo tan grande, los retos tan exigentes y la experiencia histórica tan amarga que nuestra comunidad científica se resiste a echar las campanas al vuelo. Necesitan garantías de que el impulso presupuestario suministrado por el Gobierno no va a desvanecerse en las legislaturas futuras, piden el derribo de los muros burocráticos que obstaculizan el gran salto pendiente y pretenden que la empresa y la universidad, la sociedad en su conjunto, entiendan que lo que está en juego es la prosperidad futura en un mundo globalizado donde la capacidad investigadora constituye el valor añadido y el imprescindible blindaje contra la competitividad creciente. No, no hay lugar para euforia, pero el proverbial pesimismo lacrimógeno de nuestros científicos está en franca retirada. Ha prendido la esperanza y los ánimos se confortan en la idea de que se trabaja en la buena dirección.

"La ciencia es continuidad. Nada sería peor que después del arreón del caballo llegara el parón del burro", advierte Carlos Martínez Alonso, director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el buque insignia de la investigación española. "Si hacemos las cosas bien y seguimos con un aumento presupuestario del 16% anual, dentro de cinco años estaremos a la altura de Francia y habremos hecho una transición investigadora modélica y extraordinaria", sostiene.

Hay quienes dudan todavía de que los poderes políticos y económicos hayan entendido que sólo la posesión de un sistema propio científico técnico garantiza la supervivencia como economía avanzada en la era del "capitalismo de innovación extensiva, industrial", pero no puede decirse que el Gobierno, de momento, haya faltado al compromiso que adquirió personalmente el presidente del Gobierno en su investidura.

"Habrá dinero", dijo José Luis Rodríguez Zapatero hace tres años. Y el dinero de las inversiones, subvenciones y deducciones fiscales, ha lubrificado los programas de investigación: el Cénit, para la creación de grandes consorcios públicos-privados cofinanciados a partes iguales en la investigación industrial; el Consolider, destinado a formar grandes y excelentes grupos de científicos, el Euroingenio, para armar proyectos de calidad que le permitan a España recuperar la mayor parte posible del dinero que aporta al Programa Marco Europeo de Investigación, y el Torres Quevedo, que facilita la inserción de los doctores universitarios en las empresas privada.

"En tres años, la Administración General del Estado ha más que duplicado su presupuesto para I+D. De los 2.900 millones de euros destinados en 2004, hemos pasado este año a 6.540 y el montante previsto para 2008 alcanza los 7.680 millones", dice el director del departamento de la Sociedad del Bienestar de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Pedro L. Marín.

Se han duplicado las becas y han aumentado los contratos Ramón y Cajal reservados a los investigadores doctorados. El I+D empieza a impregnar ya el tejido industrial y a modificar mentalidades. Según la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, el presupuesto global del nuevo Plan Nacional I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) 2008-2011 alcanza los 48.000 millones de euros para los cuatro años.

Con mayor o menor énfasis, también las comunidades autónomas -Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía y Valencia-, se han sumado al gran esfuerzo financiero de la Administración General del Estado. Las autonomías aportan ya un tercio del dinero público destinado al I+D y son ellas, en gran medida, las que están animando modelos administrativos de gestión originales encaminados a superar la rigidez del actual sistema.

Contra quienes advierten del riesgo que entraña una excesiva fragmentación -"más que una multitud de pequeños parques tecnológicos, lo que necesitamos es fortalecer las grandes instituciones investigadoras", subraya Carlos Martínez-, el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), Joan Guinovart, considera esa afloración un reflejo positivo del dinamismo investigador. Y afirma: "Será el mercado el que se encargará de validar o no estos proyectos".

Muy crítico con la actitud de las universidades españolas -"en la mayoría de ellas, reina la consigna de 'sin novedad en el frente"-, Joan Guinovart elogia, en cambio, el comportamiento de los gobiernos autonómicos que "han descubierto que el I+D es un factor de competitividad y lo están incorporando a sus programas". Por su parte, y sin dejar de felicitarse por las iniciativas autonómicas, el presidente del CSIC alerta contra la endogamia y el clientelismo que detecta en algunas administraciones autonómicas.

"Lo que me preocupa no es la competencia entre centros y proyectos, sino la falta de transparencia", indica. "Y no puede ser que en determinada autonomía se rechace a los investigadores de otras comunidades, incluso a los propios del CSIC, con el argumento de que hay que reservar las plazas para los autóctonos. La proximidad con los usuarios no es buena para la ciencia", concluye.

La pirámide de la comunidad científica española, cifrada actualmente en 116.000 personas -"necesitamos incorporar a 70.000 investigadores más en los próximos cinco años", apunta Carlos Martínez-, ha ganado base en estos años, pero no demasiada altura, si atendemos a algunas observaciones críticas. "Ha entrado mucha gente en el sistema sin pasar por un control exigente de calidad. Hemos crecido sin política y sin tener en cuenta nuestra enorme carencia en técnicos e ingenieros de apoyo que en los grandes centros de investigación suponen, normalmente, el 30% del personal", afirma Félix Yndurain, catedrático de Física de la Universidad Autónoma de Madrid.

En estos años, el objetivo de recuperar a los españoles que han culminado su formación y acreditado su valía en el extranjero se ha revelado difícil -sigue habiendo un largo millar de jóvenes talentos fuera-, pero no tanto como la pretensión de atraer a científicos extranjeros de prestigio. "La oferta máxima que podemos realizar, entre 4.000 y 5.000 euros mensuales, resulta claramente insuficiente para poder captar a esos investigadores", constata Agustín Zapata, subdirector general de Investigaciones en Terapia Celular del Instituto Carlos III.

"Estamos obligados a salir al mercado internacional, ofrecer salarios competitivos, contratos indefinidos, un ámbito investigador atractivo y carrera profesional", abunda el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Junto a los salarios -el CSIC ofrece a los investigadores predoctorales un contrato de 1.200 euros mensuales para los dos primeros años y, posteriormente, entre 25.000 y 32.000 euros anuales-, el problema para los extranjeros son las trabas burocráticas y las dificultades para homologar sus títulos universitarios. "Los extranjeros no van a venir por los 3.000 euros al mes que es lo que gana aquí un catedrático porque, sencillamente, en sus países les pagan mucho más", apostilla Joan Comella, director de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI). Catedrático de Biología Celular de Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Comella juzga con severidad la escasa implicación de la Universidad española. "Es uno de los grandes retos que tenemos", sostiene.

"¿Cómo es posible que un profesor universitario pueda ejercer sin hacer investigación? En estos momentos, lo único que se le exige es que dé sus clases y ni siquiera que las dé bien", comenta.

A su juicio, la universidad española tiene un gravísimo problema de falta de gobierno. "Los equipos de gobierno tienen dificultades para implantar sus decisiones estratégicas y hay muy poco control sobre el cumplimiento efectivo de la dedicación profesional". "Me temo que la universidad pública se está descapitalizando", indica. Entre las 200 universidades mejor consideradas del mundo, sólo hay una española, la de Barcelona, y en el puesto 190. "El futuro de la empresa no depende de la mano de obra, sino del cerebro de obra", recuerda Joan Guinovart.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de diciembre de 2007