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REFORMA DE LA PAC
Columna
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La 'moda liberal' europea alcanza al vino

La reforma del mercado del vino, que en estos momentos se está negociando en la UE, es el último ejemplo de la tendencia liberalizadora que guía la política comunitaria actualmente. La Política Agrícola Común (PAC) está siendo, sin duda alguna, la punta de lanza de este proceso. Este año, la Comisión Europea se "enorgullece" de que, por primera vez, la política agrícola no sea la partida más importante del presupuesto comunitario. Para el 2008, apenas va a superar el 40%, mientras que "crecimiento y empleo" va a recibir el 45% del dinero comunitario. El hecho de que casi la mitad del presupuesto de la UE se lo lleve el sector agrícola, ganadero y pesquero resulta bastante impresionante, sobre todo, cuando se trata de un sector en el que el número de trabajadores disminuye inexorablemente y ocupa tan sólo a un 4,3% (datos Eurostat 2005) de la población europea. No obstante, hay que contextualizar los hechos. En primer lugar, esa cifra incluye fondos para desarrollo rural, de forma que el gasto estrictamente agrícola es aproximadamente del 32%.

Liberalizar el mercado agrícola supondría el abandono de casi la mitad de las tierras

Por otro lado, el presupuesto de la UE se nutre mayormente de la aportación directa de sus miembros, que durante el periodo 2000-2006 no ha llegado al 1% del PIB de los Estados miembros (al margen de otros ingresos como los derechos de aduana ....). Además, la política agraria es comunitaria (la deciden los Estados en el marco del Consejo); es decir, gran parte de los fondos q0ue destinan los estados o entes subestatales para el presupuesto agrícola proviene directamente de Bruselas. En resumen, la "mitad del presupuesto comunitario" representa aproximadamente 0,5% del PIB europeo. La Comisión estima que cada europeo aportamos tan sólo 2 euros por semana a la PAC. Con eso no quiero decir que sea una cantidad irrisoria, pero considero importante contextualizar el hecho, ya que en ocasiones parece que la UE se está desangrando por culpa de la PAC, y eso, es cuando menos, un ejercicio de demagogia presupuestaria.

De todos modos, al informarse sobre estas cifras, es muy fácil preguntarse, ¿Por qué el mercado agrícola debe estar protegido cuando otros no lo están? ¿Acaso a las compañías automovilísticas se les garantiza el precio de los coches? Para responder a esta pregunta básica, habrá que dirigirse a los orígenes de la PAC. Cuando nace, hace más de cuarenta años, el primer objetivo era estabilizar los mercados alimentarios. Hoy en día nos parece imposible imaginar que no haya pan en las panaderías (algo que aún sucede en otras partes del mundo). Esto hay que agradecérselo a la PAC. Tal y como reconoce la Comisión Europea, la PAC "ha sido víctima de su propio éxito". Lo cierto es que, a pesar de las inevitables crisis y subidas de precios como las que padecemos últimamente, el mercado alimentario europeo no sabe lo que es estar desabastecido.

Por otro lado, la mitad del suelo de la UE se dedica a la agricultura. Al margen de que deberían evitarse aquellas prácticas que no son respetuosas con el medio ambiente, liberalizar el mercado agrícola supondría abandonar el mantenimiento de casi la mitad del terreno de la Unión, con los consiguientes problemas medioambientales, tales como la desertización. Puede alegarse que esto podría paliarse con otro tipo de medidas, pero, por un lado, la PAC ya destina hoy fondos para la reforestación paulatina de terrenos, y, por otro lado, destinar fondos para otra función supondría poco menos que quitar dinero a los agricultores para dárselo a los madereros. Por último, las zonas rurales de la Unión ocupan el 90% del territorio y son habitadas por casi la mitad de la población. No hace falta señalar que la agricultura y la ganadería son uno de los pilares fundamentales de gran parte de las zonas rurales. Abandonar la PAC podría suponer, no sólo el desempleo para millones de personas, sino una distorsión y desequilibrio en las zonas rurales, propiciando un éxodo hacia las ciudades que nadie desea.

La agricultura es uno de los ejemplos más candentes en el debate existente sobre el llamado liberalismo económico, es decir, la apertura de los mercados. Es innegable que la eliminación paulatina del proteccionismo y de barreras de todo tipo, la creación del mercado único europeo, ha sido un éxito sin precedentes en Europa y ha generado un progreso enorme (sin olvidar claro, ese 15% de europeos que viven bajo el umbral de la pobreza). Pero lo peligroso del liberalismo es convertirlo en dogma. Incluso en partidos llamados socialistas se está cayendo en esta dinámica. En mi opinión, cualquier regla o principio debe tener sus límites. Lo contrario es caer en un fundamentalismo liberalizador.

El mercado del vino está siendo víctima de la moda liberal. La reforma pretende liberalizar el mercado para el 2013, eliminando los derechos de plantación, mientras congela los fondos y no ofrece alternativa real a los 2,4 millones de viticultores europeos. Todo ello eliminaría de un plumazo a los pequeños y medianos viticultores y dejaría, una vez más, un mercado tan culturalmente nuestro en manos de media docena de multinacionales.

Pero, no nos engañemos, tras el debate agrícola se encuentra todo el debate sobre servicios públicos más básicos (no olvidemos la malograda Directiva Bolkestein, que abogaba por liberalizar los servicios sociales de base). Todo tiene que tener límites, y, en mi opinión, existen sectores de la economía, como el agrícola, que obligan a marcar excepciones. De no pensar así, poco distancia nos separaría a los socialdemócratas de la derecha.

Mikel Irujo Amezaga es diputado de Eusko Alkartasuna en el Parlamento Europeo.

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