Seis detenidos por practicar abortos de embarazos avanzados

Las clínicas que el doctor Carlos Morín Gamarra dirige en Barcelona reciben cada mes decenas de visitas de mujeres embarazadas. Muchas de ellas vienen de otros países europeos y de comunidades autónomas donde abortar resulta difícil. Por cada intervención, el grupo Cinemedex TCB cobra entre 3.000 y 6.000 euros. Ayer, Morín y otros cinco responsables médicos (entre ellos, su esposa) fueron detenidos por la Guardia Civil por practicar, supuestamente, abortos ilegales. Los investigadores aseguran que, en algunos casos, las mujeres acuden en avanzado estado de gestación, incluso entre las 30 y 35 semanas de las 40 que dura un embarazo medio.

Agentes de este cuerpo policial registraron, desde primera hora, las sedes de Ginemedex, TCB, Emecé y la Fundación Morín, entidades controladas por el doctor Morín, de origen peruano. La operación policial fue ordenada por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que trata de esclarecer si en estos establecimientos se practicaron interrupciones de embarazos fuera de los supuestos legales.

Los médicos se acogían, por lo general, a uno de los supuestos recogidos en la ley del aborto: "Evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada". En ese caso, no hay un plazo previsto para practicar el aborto. Pero sí se requiere el preceptivo informe de un especialista. Y ahí es donde el grupo Cinemedex TCB pinchó. Según fuentes del caso, los médicos imputados falsificaron ecografías de los fetos, historiales médicos y otros documentos.

Reportaje y querella

El año pasado, una periodista de la televisión pública danesa, embarazada de 26 semanas, se coló en la clínica Ginemedex con una cámara oculta. Las imágenes, emitidas poco después, mostraron cómo el doctor Morín se ofreció a practicarle un aborto falseando el informe psiquiátrico. A raíz de aquel episodio, la entidad católica E-Cristians presentó una querella contra el propio Morín y sus clínicas, situadas en un barrio acomodado de Barcelona. La juez encargada del caso, Elisabeth Castelló, la admitió a trámite el pasado julio y ayer decretó el secreto de sumario.

La Fiscalía de Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitieron ayer un comunicado conjunto en el que califican los hechos como "graves" y aseguran que "se preservará la identidad de las usuarias" de la clínica. Por eso sólo se incorporarán las historias clínicas sobre las que haya "motivo de imputación". Las dos instituciones judiciales remarcaron que actúan "con la debida independencia e imparcialidad" y, por tanto, "sin entrar en consideraciones de tipo ideológico" sobre el aborto.

La querella inicial se ha ampliado ahora como consecuencia de las pesquisas. Los investigadores sospechan que la actividad económica de las clínicas podría suponer la comisión de delito fiscal. Fuentes del caso añadieron, por otra parte, que los detenidos contaban con una red para captar posibles clientas, y que algunos de los médicos ejercían sin titulación. La operación policial continuaba ayer abierta y la Guardia Civil practicó, por la tarde, registros en diversos domicilios.

El Departamento de Salud de la Generalitat abrió en 2006 un expediente a los centros de este grupo. Salud detectó "irregularidades administrativas", pero no "prácticas ilegales", por lo que les multó con 3.000 euros. Otra investigación, realizada por el Colegio de Médicos de Barcelona concluyó que no se vulneró el código deontológico. El secretario del Colegio, Jaume Padrós, reclamó ayer una normativa europea que regule el aborto. "Con una legislación común se evitaría este flujo de personas de unos países a otros en función de lo que marca la ley. En Barcelona, por ejemplo, se atienden a mujeres del sur de Francia", señaló.

Santiago Barambio, miembro de la junta directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo, sentencia: "Existe una verdad universal: las mujeres abortan. Y cuando no pueden hacerlo, viajan a otro país o van a la clandestinidad".