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Prisión sin fianza para tres de los seis detenidos en cuatro clínicas abortistas de Barcelona

La juez les imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental

La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha decretado prisión provisional sin fianza para tres de los seis detenidos por practicar presuntamente abortos ilegales en cuatro clínicas de Barcelona, entre ellos el máximo responsable de los centros, Carlos Morín, y su esposa.

La juez, que esta madrugada ha prorrogado la detención de los imputados después de que ayer les tomara declaración durante catorce horas, les acusa de los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental.

Además de Morín y su esposa, María Luisa D.S., la juez también ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de María Virtudes S.V., trabajadora de una de las clínicas del grupo y estrecha colaboradora del principal imputado. En cambio, los otros tres acusados, los médicos Dimas A.C., Pedro Juan L.A. y Marcial R., eludirán la cárcel cuando depositen una fianza de entre 2.000 y 4.000 euros, pese a que la fiscalía también pedía prisión incondicional para ellos.

Esta supuesta trama dedicada presuntamente a la práctica de abortos ilegales, especialmente en mujeres en avanzado estado de gestación, fue descubierta a raíz de un reportaje de la televisión danesa y se investigó en España tras una querella presentada por la asociación católica e-Cristians.

Al parecer, los abortos se practicaban en cuatro clínicas pertenecientes al grupo Ginemedex-TCB, propiedad de Morín, como TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín, situadas en el barrio Tres Torres de Barcelona.

Según la querella presentada en su día por e-Cristians, Morín, que ya había sido investigado por el Departamento de Salud, se encontraba en la cúspide de esta trama ilegal, en la que supuestamente se falseaban historiales médicos para dar apariencia de legalidad a abortos que quedaban fuera de los supuestos previstos por la ley, a cambio de importantes sumas de dinero.

Colaboraban presuntamente con Morin en la dirección de esta actividad ilícita su esposa y Virtudes S.V., que según fuentes cercanas al caso se encargaba de captar a posibles clientes para practicarles abortos. Los otros tres imputados practicaban supuestamente los abortos, aunque algunas de las interrupciones de embarazo las había realizado el propio Morín, según algunas pacientes; administraban la anestesia y falsificaban los historiales psicológicos y médicos de las mujeres y los fetos.

El lunes pasado la Guardia Civil se incautó de gran cantidad de documentación en las cuatro clínicas del grupo, que está siendo analizada, y también en la casa donde Morín y su esposa residen en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Paralelamente, los agentes han estado registrando los centros médicos para averiguar los métodos que se utilizaban para deshacerse de los restos orgánicos de los abortos.

El Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación) será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios en clínicas y consultorios ginecológicos durante un tiempo de uno a seis años.

En relación con la mujer que se someta a un aborto fuera de los casos permitidos, este texto afirma que será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.