Sarkozy vive su 'martes negro'

Los trabajadores del sector público de Francia escenificaron ayer la gran jornada de bronca social y caos que habían prometido al presidente Nicolas Sarkozy desde el día de su elección, el pasado mes de mayo. Los transportes públicos cumplieron su séptimo día de huelga, y los funcionarios, profesores, sanitarios, carteros y controladores aéreos, entre muchos otros, se declararon en huelga y desfilaron en gran número por las calles de las principales ciudades de Francia. Pero Sarkozy decidió ayer romper su silencio de los últimos días y contraatacó: "No quiero que haya un vencedor y un vencido", dijo, "pero la reforma se hará, que nadie lo dude, aunque seguiré hasta el final abierto al diálogo, porque es mi deber".

"No se debe tomar a los usuarios como rehenes", dice el presidente

En las calles se manifestaron más de 375.000 empleados públicos (700.000, según los sindicatos) en protesta por el deterioro de su poder adquisitivo y también contra la promesa de Sarkozy de reducir la Administración pública -actualmente integrada por casi seis millones de personas- por el sistema de no reponer más que a dos de cada tres funcionarios que se jubilen.

Sarkozy llamó a los sindicatos a solucionar el conflicto en las negociaciones que comienzan hoy.

Frente a la peor jornada de su mandato hasta la fecha, el presidente francés decidió poner fin a su desacostumbrado silencio de los últimos días y aprovechó un discurso ante la Asociación de Alcaldes de Francia para arremeter contra los huelguistas. "Hay que saber cómo acabar una huelga", les dijo a los trabajadores de los ferrocarriles públicos (SNCF) y a los del transporte urbano del área metropolitana de París (RATP).

Ambos mantienen los transportes paralizados en protesta por la reforma de su privilegiado régimen de pensiones, a pesar de que el índice de participación en la huelga está en franco descenso: ayer en la RATP sólo un 17% de los empleados hizo huelga, aunque París permaneció sin servicio de metro.

El presidente acabó por acusar a los transportistas de mantener como "rehenes" a los ciudadanos. "Cada cual debe preguntarse sobre la continuación de una huelga que ya ha costado cara a los usuarios, que no deben ser tomados como rehenes de un conflicto que no les concierne".

Sarkozy hizo un llamamiento a solucionar rápidamente el conflicto en las negociaciones tripartitas que comienzan hoy entre los representantes de los trabajadores y las empresas, con la presencia de miembros del Ejecutivo como garantes. "Es en la mesa de negociaciones donde la gente debe hacer valer sus puntos de vista", advirtió, rechazando que "una pequeña minoría" quiera imponer su voluntad a la mayoría en las empresas públicas o las universidades. "La democracia y el orden público los haré respetar simplemente porque es mi deber", indicó.

El Gobierno cifró la incidencia de la huelga en la Administración pública en un 30,12%, un porcentaje cuestionado por los sindicatos. El de la enseñanza fue el sector más afectado. Según los sindicatos, el paro se siguió por un 65% de los profesores de Instituito y el 58% de los de primaria. El Ejecutivo rebajó la cifra al 40%. En 2008 está prevista la supresión de 22.921 puestos de la función pública y la mitad afectará a los educadores. Por su parte, los controladores aéreos se hicieron notar provocando retrasos de entre 45 y 60 minutos en los aeropuertos de París, y la anulación de vuelos con destino a Barcelona, Madrid, Casablanca o Niza.

Para endulzar el caramelo de la reforma, Sarkozy anunció que en los próximos días hará públicas una serie de medidas destinadas a responder "a la cuestión angustiosa" del poder adquisitivo, el crecimiento economómico y el empleo, una cuestión que está en el fondo de toda la ola de protestas que se ha desatado este otoño, más allá de que haya sido manipulada o no por los sectores más radicales del mundo sindical. Como señalaban ayer muchos economistas, el poder de compra de los funcionarios depende del que tienen el resto de los franceses que, en definitiva, son los que sufragan los salarios públicos con sus impuestos.

En este sentido, el Gobierno se encargó ayer de machacar a los huelguistas por lo que la portesta le está costando a Francia. El ministro de Finanzas, Éric Woerth, dijo que hasta la fecha ya había costado 500 millones de euros. Sarkozy insitió en lo mismo: "En una democracia apaciguada se dialoga", dijo, "y en una democracia civilizada se para la huelga antes de poner a la economía de rodillas".

Los funcionarios públicos consideran que su poder adquisitivo se ha deteriorado en un 6% desde 2000, y aunque el Gobierno no comparte el cálculo del porcentaje, el ministro Woerth reconoció ayer que "están mal pagados".

El sector público francés pone en jaque a Sarkozy con una huelga en todo el país