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Huelgas en Francia

Sarkozy vive su 'martes negro'

El presidente francés mantiene su objetivo de reformar la función pública - Los trabajadores del transporte paralizan el país por séptimo día consecutivo

Los trabajadores del sector público de Francia escenificaron ayer la gran jornada de bronca social y caos que habían prometido al presidente Nicolas Sarkozy desde el día de su elección, el pasado mes de mayo. Los transportes públicos cumplieron su séptimo día de huelga, y los funcionarios, profesores, sanitarios, carteros y controladores aéreos, entre muchos otros, se declararon en huelga y desfilaron en gran número por las calles de las principales ciudades de Francia. Pero Sarkozy decidió ayer romper su silencio de los últimos días y contraatacó: "No quiero que haya un vencedor y un vencido", dijo, "pero la reforma se hará, que nadie lo dude, aunque seguiré hasta el final abierto al diálogo, porque es mi deber".

"No se debe tomar a los usuarios como rehenes", dice el presidente

En las calles se manifestaron más de 375.000 empleados públicos (700.000, según los sindicatos) en protesta por el deterioro de su poder adquisitivo y también contra la promesa de Sarkozy de reducir la Administración pública -actualmente integrada por casi seis millones de personas- por el sistema de no reponer más que a dos de cada tres funcionarios que se jubilen.

Sarkozy llamó a los sindicatos a solucionar el conflicto en las negociaciones que comienzan hoy.

Frente a la peor jornada de su mandato hasta la fecha, el presidente francés decidió poner fin a su desacostumbrado silencio de los últimos días y aprovechó un discurso ante la Asociación de Alcaldes de Francia para arremeter contra los huelguistas. "Hay que saber cómo acabar una huelga", les dijo a los trabajadores de los ferrocarriles públicos (SNCF) y a los del transporte urbano del área metropolitana de París (RATP).

Ambos mantienen los transportes paralizados en protesta por la reforma de su privilegiado régimen de pensiones, a pesar de que el índice de participación en la huelga está en franco descenso: ayer en la RATP sólo un 17% de los empleados hizo huelga, aunque París permaneció sin servicio de metro.

El presidente acabó por acusar a los transportistas de mantener como "rehenes" a los ciudadanos. "Cada cual debe preguntarse sobre la continuación de una huelga que ya ha costado cara a los usuarios, que no deben ser tomados como rehenes de un conflicto que no les concierne".

Sarkozy hizo un llamamiento a solucionar rápidamente el conflicto en las negociaciones tripartitas que comienzan hoy entre los representantes de los trabajadores y las empresas, con la presencia de miembros del Ejecutivo como garantes. "Es en la mesa de negociaciones donde la gente debe hacer valer sus puntos de vista", advirtió, rechazando que "una pequeña minoría" quiera imponer su voluntad a la mayoría en las empresas públicas o las universidades. "La democracia y el orden público los haré respetar simplemente porque es mi deber", indicó.

El Gobierno cifró la incidencia de la huelga en la Administración pública en un 30,12%, un porcentaje cuestionado por los sindicatos. El de la enseñanza fue el sector más afectado. Según los sindicatos, el paro se siguió por un 65% de los profesores de Instituito y el 58% de los de primaria. El Ejecutivo rebajó la cifra al 40%. En 2008 está prevista la supresión de 22.921 puestos de la función pública y la mitad afectará a los educadores. Por su parte, los controladores aéreos se hicieron notar provocando retrasos de entre 45 y 60 minutos en los aeropuertos de París, y la anulación de vuelos con destino a Barcelona, Madrid, Casablanca o Niza.

Para endulzar el caramelo de la reforma, Sarkozy anunció que en los próximos días hará públicas una serie de medidas destinadas a responder "a la cuestión angustiosa" del poder adquisitivo, el crecimiento economómico y el empleo, una cuestión que está en el fondo de toda la ola de protestas que se ha desatado este otoño, más allá de que haya sido manipulada o no por los sectores más radicales del mundo sindical. Como señalaban ayer muchos economistas, el poder de compra de los funcionarios depende del que tienen el resto de los franceses que, en definitiva, son los que sufragan los salarios públicos con sus impuestos.

En este sentido, el Gobierno se encargó ayer de machacar a los huelguistas por lo que la portesta le está costando a Francia. El ministro de Finanzas, Éric Woerth, dijo que hasta la fecha ya había costado 500 millones de euros. Sarkozy insitió en lo mismo: "En una democracia apaciguada se dialoga", dijo, "y en una democracia civilizada se para la huelga antes de poner a la economía de rodillas".

Los funcionarios públicos consideran que su poder adquisitivo se ha deteriorado en un 6% desde 2000, y aunque el Gobierno no comparte el cálculo del porcentaje, el ministro Woerth reconoció ayer que "están mal pagados".

TRANSPORTE Y ENERGÍA: En defensa de las pensiones

El pulso entre sindicatos y Ejecutivo en tema de pensiones se centra en los regímenes especiales de jubilación. Éstos benefician con condiciones de favor a unos 500.000 trabajadores y a 1,1 millón de jubilados, concentrados sobre todo en los sectores de la industria energética, de los transportes y de la minería. Los huelguistas se oponen a la reforma impulsada por Sarkozy, que pretende equiparar estos regímenes a los demás sectores, elevando de 37,5 a 40 años la cotización necesaria para lograr una pensión sin recortes. Otro punto conflictivo es la abolición de la reevaluación automática de las pensiones especiales según la subida de los salarios: Sarkozy pretende ligarla a la subida de los precios, como ocurre en los demás sectores. La mayoría de los regímenes especiales sufren déficit. El Estado gasta 5.000 millones de euros al año para equilibrar las cuentas.

UNIVERSIDADES: Contra la entrada de capital privado

La oleada de protestas que está agitando las universidades de Francia tiene como principal objetivo la defensa del carácter público de los centros de enseñanza superior estatales que, según los manifestantes, se ve amenazada por la ley Pécresse impulsada por el Ejecutivo de François Fillon.Los estudiantes piden la abrogación de la ley que implica, según ellos, la privatización de la enseñanza superior a través de la introducción de financiación privada, que reforzaría las desigualdades entre universidades y que permitiría la influencia de las patronales sobre los contenidos de la formación.Los estudiantes también se enfrentan al Gobierno rechazando la preselección para el acceso a las universidades. Otro tema caliente es la representación de los estudiantes en los órganos directivos que, según los manifestantes, se ve mermada por la ley Pécresse.

FUNCIÓN PÚBLICA: Pérdida de poder adquisitivo

Los sindicatos de la función pública han llamado a la huelga a 5,2 millones de trabajadores del sector (Estado, instituciones locales, hospitales) para exigir un aumento de los salarios, subrayando que ninguna subida está prevista para 2007. Los huelguistas denuncian que el sector está experimentando desde hace años una progresiva pérdida de poder adquisitivo.El otro gran frente de reivindicación es la defensa del empleo en el sector. Los sindicatos luchan contra la supresión de 22.900 empleos programada para 2008, de los que unos 11.000 afectarán al sistema de educación nacional.Otra medida polémica propuesta por el Gobierno de François Fillon pretende, en el futuro, reemplazar sólo dos de cada tres empleados que se jubilen, en la perspectiva de reducir los efectivos de un sector que el Ejecutivo considera hipertrófico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de noviembre de 2007

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