¿Cómo queremos elegir a los jueces?

Domingo. Ocho y media de la mañana. Natalia desayuna, se ducha, y, como cada día, coge su código penal y empieza a recitar. "Artículo 147. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones...". Lo repite una y otra vez.

La selección se basa en un test y dos pruebas orales de 200 temas cada una

La idea de Bermejo dejaría la elección de jueces en manos de las universidades

Temas agrarios del XIX se estudian más que el comercio electrónico

"Te encierras, vives con tus padres. No puedes iniciar un proyecto de vida"

Tiene que aprender de memoria éste y el resto de los 639 artículos que contiene esta norma. Tiene 29 años y está preparando oposiciones a juez desde que terminó la carrera. Un entierro en vida con 10 horas de estudio seis días a la semana que dura de media cinco años, según los últimos datos de la Escuela Judicial. Hasta que el candidato es capaz de cantar, según el argot del opositor, unos 400 temas. A toda velocidad. Si lo logra, podrá ser juez. Gracias a su memoria, la única cualidad que se exige en España para entrar a formar parte del tercer poder del Estado. Conocen las leyes, condición necesaria para el trabajo que van a desempeñar, pero nadie sabe si van a saber aplicarlas, ni si tienen capacidad para argumentar, sentido común y madurez para afrontar un caso como la agresión racista de esta semana a la menor ecuatoriana.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, propuso el lunes pasado modificar el sistema de selección de jueces. Explicó que cada vez hay menos opositores -a pesar de que hay más que suficientes para las plazas que se ofertan cada año-, que el tiempo de preparación es muy largo, y que deberían poder entrar en la carrera los mejores alumnos de las Facultades de Derecho después de superar un curso de formación de cuatro o cinco años.

La propuesta ha recibido multitud de críticas desde todos los sectores de la judicatura. Tanto los que defienden como los que critican el sistema de oposición actual se han llevado las manos a la cabeza. Pero las declaraciones del ministro han abierto un debate importante, de fondo. ¿Cómo se elige a los jueces? ¿Esta oposición puramente memorística es la mejor fórmula para nombrar a quiénes imparten justicia, a quiénes tienen el poder de meter en la cárcel a una persona durante 20 años y pueden decidir sobre operaciones contractuales de millones de euros?

La oposición consiste en tres pruebas. La primera es un test de conocimientos generales de Derecho. Es una primera criba, no muy complicada, para que los tribunales no pierdan el tiempo con los que no han estudiado nada. Si pasa este examen, el opositor tiene que superar dos pruebas orales. La primera incluye 190 temas de derecho constitucional, civil y penal. El día del examen, tiene que ir al Tribunal Supremo, sacar cinco bolas de una urna y cantar los cinco temas en una hora y cuarto. Si lo supera, tendrá que hacer lo mismo meses más tarde con otros 180 temas de derecho laboral, administrativo y procesal.

Una vez que aprueba, entra en la Escuela Judicial, con sede en Barcelona. Allí recibe nueve meses de formación teórico-práctica y seis de prácticas en un juzgado. Es el periodo más corto de todos los países de nuestro entorno. En esta fase se pretende que los futuros jueces aprendan a aplicar las leyes que han memorizado y que conozcan el mundo. Se intenta que acudan a cárceles y centros de acogida de mujeres maltratadas. Pero la Escuela Judicial ya no selecciona. La pasan todos los que entran salvo algún caso muy excepcional como que exista una enfermedad mental grave. Así que es en el examen de oposición cuando el Estado elige realmente a los jueces. Y para ello utiliza un solo criterio: la memoria. Una vez finalizada la formación práctica, obtienen la plaza. A partir de ahí son dueños y señores de lo que se decide en su juzgado. La encarnación de la ley y la justicia.

También entran magistrados a través de los llamados cuarto y quinto turno, para lo que se exigen de 10 o 20 años de experiencia profesional y que sean juristas "de reconocido prestigio". Pero son los menos. Más de 90% de los jueces en activo han entrado a través de la oposición libre. Antes existía un tercer turno, para juristas con seis años de ejercicio, pero que fue suprimido en 2003 cuando gobernaba el Partido Popular.

Los opositores hablan de un problema de aislamiento. "Durante ese tiempo no tienes vida", señala el abogado Pablo Linde, de 32 años. Él pasó tres años preparando la oposición tras acabar la carrera. "Cuando tienes más energía, entre los 23 y los 30 años, te encierras y te aíslas. Vives con tus padres, no puedes iniciar un proyecto de vida y apenas ves la calle o a tus amigos. Después de cuatro o cinco años la mayoría de la gente está cansada y medio deprimida".

Al margen del cansancio y la posible depresión, la cuestión es si el sistema actual selecciona a los mejores candidatos. ¿Qué quiere la sociedad de un magistrado? Que conozca el derecho, sin duda. Pero en este punto también se plantean problemas. Se siguen estudiando ampliamente temas agrarios decimonónicos y se relegan otros fundamentales en la sociedad actual como la propiedad intelectual o el comercio electrónico.

Un juez también tiene que saber escribir, porque decide a través de sus sentencias. A pesar de ello, no hay una sola prueba escrita. Y, finalmente, y lo que es más importante, tiene que valorar los hechos y aplicar el derecho, razonar, argumentar y explicar sus decisiones. Pero no hay pruebas que valoren si el opositor es capaz de ello.

El ministro Bermejo propone que se reclute a los "mejores" en las universidades. No ha llegado a concretar los detalles de esta idea, pero, ¿resolvería esta solución el problema de que en la selección sólo se valore la memoria de los candidatos? "No parece que se pueda confiar en las universidades para que recluten ellas a los jueces", opina la vocal del Consejo General del Poder Judicial Montserrat Comas. "Las facultades de Derecho, que además son muy distintas entre sí y difícilmente homologables, basan la carrera mucho más en la memoria que en la argumentación", señala.

"Pero la oposición tal y como está concebida ha quedado totalmente desfasada", opina el magistrado Carlos Gómez, ex director de la Escuela Judicial de Barcelona. "Se introdujo en 1869 para evitar el caciquismo y el amiguismo. Ahora no tiene sentido. El conocimiento memorístico tenía sentido en el siglo XIX pero no ahora, cuando en las bases de datos tienes cualquier ley en cinco minutos. Lo que tiene que hacer el juez es conocer la sociedad compleja en la que vive". Gómez defiende, por ejemplo, el sistema holandés: una prueba previa para valorar si el candidato tiene aptitudes y una escuela judicial teórico-práctica de seis años con duros exámenes cada dos años. Si no se superan, los aspirantes quedan fuera.

Las tres asociaciones de jueces han criticado la propuesta del ministro, pero discrepan sobre la urgencia y necesidad de reformar el sistema de acceso a la carrera. La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura defiende a ultranza la oposición. "Es el sistema más objetivo y neutral. Garantiza que los jueces conocen en profundidad el Derecho", señala su portavoz, Antonio García Martínez. Sin embargo, no niegan que sería conveniente reformar los temarios, y, quizás, valorar otra serie de cosas al margen de la memoria. "No nos negamos a incorporar pruebas que valoren la capacidad del opositor, pero siempre desde un conocimiento sólido de las leyes. Sólo con sentido común no se puede juzgar".

La moderada Francisco de Vitoria califica la idea del ministro de "disparate total" por la "formación puramente doctrinal" de la universidad española, pero también están dispuestos a hablar de cómo mejorar la oposición actual. "Es demasiado larga y no está bien diseñada. Estamos haciendo un grupo de trabajo para hacer una propuesta razonable", indica su portavoz, Juan Pedro Quintana.

La progresista Jueces para la Democracia es la más favorable a una "reforma a fondo" del sistema. Pero tampoco ellos tienen claro cómo hacerlo. "Los conocimientos vitales y aptitudes personales tienen que ser tan importantes como saber el derecho", afirma el portavoz, Jaime Tapia. "Por otro lado, no cualquier persona puede pasar cinco años sin trabajar, lo que promueve que sean las capas altas de la sociedad las que entran. También hay que hacer test psicotécnicos que determinen, por ejemplo, si la persona es capaz de tomar decisiones. Hay que pasar de la forma de elegir jueces del siglo XIX a la del siglo XXI".

El ministro de Justicia y los jueces parecen estar de acuerdo, en realidad, en algo básico: la oposición tal y como está planteada no selecciona a los mejores candidatos posibles sino a aquéllos que se saben las leyes de memoria. Todos coinciden también en que los jueces, que ejercen una labor social y democrática fundamental, deben tener otras capacidades. Y todos aseguran estar dispuestos a hablar de cómo mejorar sistema.