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Reportaje:El 'gran hermano' urbano

Cámaras sin control

La mayoría de los 20.000 sistemas de videovigilancia de la región, incluidos los de las administraciones, incumplen la normativa que obliga a advertir de la grabación

¿Se siente usted observado? ¿Sospecha que le siguen los pasos? No lo dude. Su intuición no le falla. Miles de cámaras controlan a los madrileños noche y día. Al salir de casa, al ir de compras, cuando visita un edificio oficial, en el banco, el hospital y hasta en el trabajo: estamos constantemente vigilados.

En un corto paseo por Madrid, el ciudadano pasa bajo 40 'ojos' y ningún cartel que le avise

"No hay supervisión. No hay manera de saber cuántas cámaras hay", dice Protección de Datos

Eso se comprueba mediante un paseo cualquiera que un ciudadano realice por la capital. Este ciudadano, en realidad, un periodista, sale desde la confluencia de la calle de las Huertas con el paseo del Prado. Con sólo poner un pie en la calle, al menos 10 cámaras registran su paso: tres en la puerta de la comisaría, otras cuatro entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo Económico y Social, una en el interior de una oficina bancaria que apunta directamente a la calle y dos que vigilan y graban el tráfico; ambas del Ayuntamiento. Ninguna de ellas está situada junto a un cartel que indique al ciudadano que está siendo grabado.

Sólo el Consistorio ha colocado ya 121 cámaras por toda la ciudad -83 de control de la circulación, más 26 en la plaza Mayor y 12 en el Museo al Aire Libre de la Castellana- y prevé la colocación de 31 más en las calles de la Montera y en la plaza de Soledad Torres Acosta y aledaños, una zona castigada por la prostitución y el trapicheo. Estas últimas acaban de ser autorizadas por la Comisión de Garantías de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, integrada por jueces, fiscales y la Delegación del Gobierno. La comisión garantiza que los derechos de los ciudadanos no queden menoscabados.

Estas 150 cámaras municipales resultan una cifra insignificante comparada con la suma de las casi 3.000 del metro de Madrid -una de las redes más grabadas de Europa-, las instaladas en algunas líneas de autobuses, las 83 cámaras de los trenes de Cercanías, las 100 de la estación de Chamartín o los 4.500 ojos que vigilan la T4. O las que abundan en las 5.322 oficinas bancarias de toda la Comunidad, que por ley deben contar con esta medida de vigilancia. Añádase a ello la multitud de aparatos instalados en edificios oficiales, grandes almacenes, comunidades de vecinos, empresas y pequeños comercios.

Es probable que 20.000 ojos electrónicos estén vigilando. Pero esta cifra sólo es un cálculo, puede ser que ni siquiera aproximado: ni la Agencia de Protección de Datos (APD) de España ni el organismo correspondiente de la Comunidad de Madrid, los encargados de velar por la intimidad de los ciudadanos, tienen cifras concretas al respecto. "No podemos saberlo. Nosotros tenemos registro de los datos en función de lo sensibles que sean, no en función del dispositivo que los recoge", explica Antonio Troncoso, de la APD de Madrid. A pesar de que la agencia española dice que "por descontado la creación de un fichero de videovigilancia -es decir, la grabación de imágenes- exige su previa notificación a la agencia, para su inscripción en el Registro General" su director, Artemi Rallo, reconoce que "no hay una supervisión general del sistema de videovigilancia. Por lo tanto, no hay manera de saber cuántas cámaras hay instaladas". La ley dicta que se censen las cámaras de vigilancia, pero el Estado no tiene la capacidad de hacer cumplirla.

Ajeno a ello, el periodista continúa con su paseo por Madrid subiendo por el paseo del Prado -donde filman dos cámaras en el ministerio de Sanidad- hasta la plaza de Neptuno -una del Ayuntamiento-. Desde allí subirá por la calle de las Cortes -al menos cuatro ojos vigilan en el Congreso- hasta la Puerta del Sol, donde una cámara controla el tráfico. Se dirige a un centro comercial en Preciados. Cada 20 metros, sólo en la planta baja cuelga del techo, semioculta, una cámara, colocada, en principio, por motivos de seguridad. Cualquier experto en marketing estaría encantado con la información que ofrecen esas cámaras.

Son ya más de 20 los aparatos que ha registrado el paseo, pero no ha visto ni un cartel que le avise de que está siendo vigilado o grabado, como manda la ley. "Nadie cumple con el cartel distintivo", corrobora Artemi Rallo de la AEPD. Y añade, además, que la multa por ello puede ir de los 600 a los 60.000 euros.

Hay cámaras no registradas y que además difunden las imágenes por Internet. El último caso, el de vecinos de la calle de la Montera, que colgaron sus grabaciones en YouTube.

Hechas las compras, el periodista acude a la octava planta del número 47 de la calle de Leganitos, pues quiere contratar un seguro para su próximo viaje. En esa oficina, una cámara filma a sus trabajadores durante toda la jornada. Las imágenes, además, pueden ser vistas en Internet, a través de www.opentopia.com. En la aseguradora, los empleados dicen saber que están siendo filmados. "No nos importa, no pasa nada", comenta la recepcionista. El gerente de la oficina hace saber, a través de la chica de recepción, "que el tema de la cámara es un asunto interno de la compañía" y que no dará explicaciones. El presidente de la AEPD señala que "éste es un caso de libro. La cesión de datos personales -la imagen lo es- a terceros está castigado hasta con 600.000 euros".

El ciudadano baja hasta la plaza de España, donde hay instalada otra cámara de tráfico, igual a la de Callao, por donde ha pasado. Toma el metro, donde al menos seis cámaras supervisan a los viajeros en andenes y pasillos. Hace un transbordo en Sol -donde de nuevo es filmado por cuatro ojos- y llega a Antón Martín. Entra a un comercio regentado por chinos. Allí sonríe al verse a sí mismo en la pantalla -expuesta al público- del circuito cerrado de televisión de la tienda. Lo que no sabe, es que si todas las cámaras por las que ha pasado le estaban filmando, habrá aparecido en más de 40 pantallas como ésa. Y sin una sonrisa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de octubre de 2007