A un paso de la videovigilancia
Las 30 cámaras de la zona de Gran Vía pasan el último control de la autoridad judicial
Las 30 cámaras que integran el nuevo dispositivo de vigilancia en la zona de la calle de la Montera, la Gran Vía, entre la Red de San Luis y Callao, y la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta y su entorno han pasado hoy el último control de la autoridad judicial.
La Comisión de Videovigilancia, integrada por el Ayuntamiento de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios y la Delegación del Gobierno, se ha reunido hoy para supervisar la puesta en funcionamiento de las cámaras y, posteriormente, elaborar un dictamen que será enviado a la Delegación de Gobierno que, finalmente, será quien autorice al Consistorio a ponerlas en marcha.
Una "eficacia contrastada y disuasoria"
"No vamos a permitir que los vecinos, así como los visitantes que se acercan a conocer el centro histórico o los ciudadanos que se desplazan a realizar alguna gestión, sean víctimas de una situación de inseguridad", ha advertido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, tras la reunión de la comisión. El alcalde ha subrayado que las nuevas cámaras "deben tranquilizar" a todo el mundo en dos sentidos, ya que, por una parte, "tienen una eficacia contrastada y disuasoria" y, por otra, "servirán para cooperar con la Administración de Justicia en caso de que se cometa algún delito, porque es un elemento probatorio para exigir responsabilidades penales".
Ruiz-Gallardón ha sostenido que la instalación de estos dispositivos de videovigilancia "no afectarán a ninguno de nuestros derechos fundamentales", como el derecho a la intimidad y el derecho a que nuestros actos cotidianos no se vean invadidos por esa necesidad de seguridad que existe en esta zona de la ciudad. Según ha asegurado el alcalde, sólo un agente de la autoridad tendrá acceso a las imágenes grabadas por las cámaras, y estás imágenes serán automáticamente borradas a los siete días siempre que no hayan sido reclamadas por la autoridad judicial.
"Sólo la autoridad judicial", ha destacado, tendrá posibilidad de hacer uso de esas imágenes en caso de que "se hubiera cometido algún delito". La gestión de la videovigilancia se realizará desde la Unidad Integral de Montera y contará con el respaldo del Centro de Centralización e Integración de Circuitos Cerrados de Televisión de la Policía Municipal.
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