El Estado opta por un concurso restringido para vender el decomisado Pazo de Baión

La Mesa de coordinación de adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados a narcotraficantes se ha decidido por la modalidad de concurso restringido para proceder a la venta del Pazo de Baión, en Vilanova de Arousa. El pazo, un enorme edificio de gran valor arquitectónico rodeado de una extensa propiedad con viñedos, fue intervenido hace 12 por la Audiencia Nacional. El complejo procedimiento judicial fue abierto por blanqueo de dinero contra dos empresas propietarias de la finca, cuyos accionistas eran familiares del narcotraficante gallego Laureano Oubiña, actualmente en prisión.

Tasado en 8,4 millones de euros, los representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, Interior y Sanidad que coordinan la venta del pazo, estudian los requisitos que van a regular el concurso restringido, cuya convocatoria de ámbito nacional podría anunciarse antes de finales de año.

Descartada la subasta pública y la adjudicación directa, el Estado pretende no sólo ceder el pazo al mejor postor, sino además tener todas las garantías de que en este proceso no puedan concursar empresas o sociedades con apariencia legal, pero vinculadas al narcotráfico.

De hecho, uno de los requisitos que regularán las bases de esta convocatoria es que sólo podrán presentar plicas ofertando por el pazo aquellas personas físicas o jurídicas radicadas en territorio nacional que posean una propiedad vinícola consolidada en el sector y con un volumen de facturación mínimo, al tratarse de una finca cuyo principal activo es la producción y comercialización de vino de la variedad albariño.

Incluso fuentes del Ministerio de Interior han admitido que, entre los eventuales riesgos que se han barajado en el proceso de venta del pazo, no se ha descartado la posibilidad de que personas vinculadas al propio Laureano Oubiña pudieran intentar recuperarlo.

Unos riesgos a los que también se refirió el abogado Miguel Juane, representante del Plan Nacional sobre Drogas, el organismo del que depende el Fondo de Bienes y que ejerce el control sobre la administración del pazo, una vez confirmado su decomiso por una resolución dictada por el Tribunal Supremo.

"Las bases del concurso serán absolutamente rigurosas y transparentes, pero se analizarán con lupa para descartar posibles riesgos", comentó Juane Sánchez. "Y eso no quiere decir que en el medio de empresas de acreditada solvencia pueda colarse una manzana podrida", puntualizó el abogado.

Para llegar a su decomiso, el entramado encubierto del Pazo de Baión trajo en jaque a jueces y fiscales, que tardaron varios años en demostrar la conexión del matrimonio Oubiña-Lago con la propiedad de la finca y que ésta había sido adquirida en la década de los ochenta con dinero procedente del narcotráfico. Sin embargo, el narco Laureano Oubiña sólo figuraba como gerente de la sociedad y su mujer, Esther Lago, aunque era accionista, había fallecido en accidente de tráfico.

Desde que se conoció la tasación del pazo en marzo pasado, varias empresas ya han mostraron su interés en adquirirlo. El lote que saldrá a concurso incluye las 22 hectáreas de terreno y otras propiedades que pertenecían a las sociedades intervenidas judicialmente (Albariño Baión y Comercial Oula).

Una de las aspirantes a la compra es la firma catalana Freixenet. Esta empresa explota la finca desde hace seis años y comercializa el vino albariño con la marca Vionta (antes Pazo Baión, cuando estaba en manos de Oubiña). El contrato de cesión a Freixenet finalizó el pasado 31 de abril.

Lucha contra la droga

Desde entonces lo administra la empresa pública Improasa, dependiente de la Sociedad Estatal de Promociones Industriales (SEPI), tutelada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

El contrato ya vencido faculta a la firma catalana para embotellar la cosecha del 2007, unas labores que finalizarán en junio del próximo año y, hasta entonces, Freixenet podrá ocupar la bodega, aunque sea la sociedad pública Improasa la actual adjudicataria.

Bodegas Martín Codax es otra de las firmas que ha tanteado la adquisición de la finca con representantes del Plan Nacional. Esta cooperativa gallega cuenta con apoyos de un sector comprometido con la lucha contra el narcotráfico y los drogodependientes que intentan llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Consumo. El objetivo es que la futura sociedad propietaria contrate a personas que participan en programas de rehabilitación y para ello intentan que sea uno de los requisitos a establecer en el concurso.