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Los alcaldes y presidentes acatan la ley aunque muchos no la comparten

El goteo de reacciones a la obligación de quitar nombres de calles y retirar símbolos franquistas de los edificiones es incesante. Ayer, diversos alcaldes y presidentes regionales se pronunciaron al respecto. Todos, como es obvio, acatarán la ley, aunque muchos no la comparten.

La más crítica fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para quien toda norma impuesta por un Gobierno es un "síntoma de totalitarismo" y que lo mejor es restablecer la concordia y el espíritu de la Transición. "Es absolutamente intolerable" que el presidente Rodríguez Zapatero "o la mayoría parlamentaria que le apoya, que me da igual, decidan imponernos la memoria", subrayó Aguirre.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no cree que exista ningún símbolo franquista en dependencias municipales pero sí recuerda los que aún se conservan en sedes y oficinas dependientes de los ministerios de Defensa, de Interior y de Hacienda, e incluso en el palacio de La Moncloa.

El Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PP con mayoría absoluta, acatará la retirada de símbolos franquistas de la ciudad porque el consistorio cumple "escrupulosamente todas las leyes", informa Javier Cuartas. "El Ayuntamiento de Oviedo tiene por norma cumplir la ley y se acatará la de la memoria histórica como se cumplió desde el primer momento la que autorizaba los matrimonios homosexuales", señalaron personas próximas a la alcaldía

Oviedo, ciudad natal de Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco, conserva numerosos vestigios enaltecedores del pasado régimen, entre ellos un monolito con medallón en una plaza.

No enredar en la historia

La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, defendió la necesidad de no mirar atrás, ni "enredar en debates de historia pasada" y de una "etapa negra de la historia de España que se zanjó en la Transición". La ley, dijo ayer el portavoz del Ejecutivo autónomo, José Antonio de Santiago-Juárez, "no es una prioridad" para la Junta, que prefiere mirar hacia adelante y resolver los problemas que le plantean los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Palma mostró su voluntad de trabajar para la recuperación de la memoria histórica y la consolidación de los valores democráticos. El municipio ya trabaja en varias actuaciones: a través de la creación de una comisión de toponimia en el cambio de nomenclatura de las calles franquistas, la contextualización de los monumentos con placas explicativas, y la señalización de las fundiciones comunes y los lugares de detención al cementerio de Palma.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de octubre de 2007