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El reconocimiento a las víctimas del franquismo

La Ley de Memoria Histórica verá la luz

La ponencia que tramitará la norma se reúne mañana tras un acuerdo básico de siete partidos

Las bases para que la llamada Ley de Memoria Histórica sea una realidad en España están puestas y son firmes. El PSOE, tras múltiples conversaciones y negociaciones bilaterales con grupos parlamentarios que representan a seis partidos, anunció ayer que se ha producido "el desbloqueo definitivo", que permite la reunión de mañana de la ponencia constitucional que se encargará de la tramitación final del texto. Todos los grupos que han llegado a un acuerdo básico han tenido que ceder en algunos de sus postulados para que la ley no ofenda a nadie sino que "repare los daños que pudieran sufrir las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura". Y se hace, según el PSOE, en línea con el espíritu de concordia de la Transición. El PP y ERC mantienen su rechazo a la ley.

El PSOE ultima con CiU la reparación por los crímenes en la zona republicana

La futura ley para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura verá la luz antes de fin de año. Los grupos parlamentarios que alcanzaron una base suficiente para el acuerdo han antepuesto "la responsabilidad" para hacer posible una ley esperada por muchos durante muchos años.

El PSOE fue ayer el encargado de anunciar "el desbloqueo definitivo", en expresión del portavoz parlamentario, Diego López Garrido, de los obstáculos que impedían garantizar la aprobación de la norma. Él y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, han dedicado en las últimas semanas muchas horas de negociaciones bilaterales, rotas una y otra vez por la dificultad de armonizar las posiciones de cada grupo, para alcanzar un consenso suficientemente amplio.

El acuerdo llegará finalmente de la mano del PSOE, IU-ICV, PNV, y los partidos del Grupo Mixto, BNG, Chunta Aragonesista, Nueva Canaria y del ex diputado del PP Joaquín Calomarde. Los socialistas dan por seguro que CiU estará en primera línea aunque todavía ayer su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida mantenía alguna diferencia tras reconocer "los avances positivos" de los últimos días.

El PSOE confía en atraer al acuerdo a Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai durante la última tramitación parlamentaria, aunque renuncian a convencer ya al PP y a ERC, que votarán en contra por motivos contrapuestos. Para los populares esta ley culmina "el ataque a la Transición" que empezó el Gobierno socialista. ERC cree que la ley es insuficiente porque no anula los juicios franquistas. Éste ha sido uno de los asuntos más controvertidos de la negociación ya que también IU-ICV ha peleado lo indecible para aproximarse a esa anulación. Al final, y con mucho esfuerzo por parte de Joan Herrera y Gaspar Llamazares, hay acuerdo, con alguna precisión más, en torno al primer pacto alcanzado el pasado abril entre el PSOE y la formación izquierdista para declarar "ilegítimos" los tribunales franquistas y sus sentencias.

Además, aunque la Ley no abre la puerta explícitamente para que los afectados puedan ir a los tribunales a reclamar la anulación de la condena a alguna víctima de la guerra o de la dictadura, tampoco la cierra. "La Ley no va a interferir en el territorio judicial, el legislador no va a entrar en el campo del juez", explicó López Garrido. El portavoz socialista agregó que la Ley "también servirá como instrumento jurídico para las personas que quieran utilizarla ante los tribunales para una cuestión concreta", señaló López Garrido en referencia a la posibilidad de que se utilice la Ley como prueba en las reclamaciones de anulación de sentencias.

La obsesión del Gobierno desde que planteó la Ley hace casi dos años estuvo en que su intención de reparar dolor o injusticia no tuviera consecuencias jurídicas. Tampoco quería el Gobierno, según explicó, reabrir heridas o enfrentar a los españoles. Pero pronto las cosas se complicaron y el PP consideró la mera existencia del proyecto de Ley como un instrumento de división de los españoles. Y ayer lo reiteró el secretario general del PP, Ángel Acebes: "Zapatero ha traído división, enfrentamiento y ha abierto las heridas de nuestra historia". Aunque ha sido inútil, el Gobierno decidió modificar de los borradores su título inicial de Memoria Histórica y lo sustituyó por el de reparación de las víctimas. "De todas las víctimas", como remachó ayer López Garrido.

La condena de todos los crímenes ha sido otro de los temas controvertidos. CiU sigue todavía la pelea porque resulte expresa la condena a los crímenes cometidos por los llamados jurados populares de los republicanos, que tuvieron como víctimas a inocentes civiles y religiosos. La discusión coincide con la beatificación a propuesta de la Conferencia Episcopal Española el próximo 28 de octubre de más de cuatrocientos religiosos asesinados por los republicanos. Acebes afirmó ayer que "no hay relación" entre ese hecho y la ley y evitó criticar a los obispos. No pudo confirmar si algún miembro del PP acudirá a la beatificación en Roma.

Lo cierto es que el PSOE ha tratado que la ley tuviera el máximo consenso y no sólo diera satisfacción a la izquierda. Gaspar Llamazares señaló ayer que el PCE de Dolores Ibarruri estaría "satisfecha aunque no completamente". Y así tiene que ser para que la ley también la firmen el PNV y CiU.

PRINCIPALES NOVEDADES INCORPORADAS EN LA NEGOCIACIÓN

Condena del Franquismo. "Esta ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional, que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición de Ley en la que el Congreso reiteraba que 'nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática'. La presente ley asume esta declaración, así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006".

Ilegitimidad de los juicios. Artículo 3: "Se declara la ilegitimidad de los tribunales que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones. Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa por cualesquiera tribunales durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Las consecuencias jurídicas. "Exposición de motivos: En el artículo 3 se declara la ilegitimidad de los tribunales creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo. Se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas resoluciones contrarias a los derechos humanos. En este sentido, la ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de octubre de 2007

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