Una decena de cambios clave

Un año, dos meses y siete días. Todo ese tiempo lleva la ley de memoria histórica -que en realidad se llama Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura- en el Congreso esperando que los grupos se pongan de acuerdo para aprobarla. Y antes, dos años estuvo el proyecto en la cabeza de los asesores del Ejecutivo, sin que lograran sacarlo a la luz. Hace un año, la ley no gustaba a nadie, salvo el PSOE. Ahora siete partidos están dispuestos a apoyarla, aunque el acuerdo no está cerrado del todo. Éstos son algunos de los puntos entre la decena de cuestiones clave [sobre los 25 artículos que tiene el texto] que se han cambiado durante la negociación.

Gobierno, autonomías y municipios elaborarán un catálogo de vestigios de la Guerra Civil

Los grupos quieren más facilidades para que las víctimas puedan ver cómo fueron investigadas

- 'No' a la comisión de notables. Era el corazón de la norma, la idea que tuvo el Gobierno para evitar lo que más temía: la anulación de los juicios franquistas. El Ejecutivo se inventó una comisión de cinco notables, elegidos por tres quintos del Congreso -esto es, el PP podía bloquear su nombramiento- que expedían una "declaración de reparación y reconocimiento personal" a las víctimas y sus familiares que lo reclamasen. No gustaba a nadie y ha desaparecido por completo. Será el Ministerio de Justicia quien expida este documento de forma prácticamente automática cuando se comprueben los datos de la víctima. IU-ICV y los demás grupos han logrado en la negociación que el PSOE acepte declarar la "ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones". También se ha añadido, de forma completamente novedosa, una disposición que deroga toda la legislación represora del franquismo y una explicación de motivos que señala que este punto se ha puesto para "proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial".

- Símbolos franquistas. Los grupos confían en avanzar algo más en la ponencia, pero de momento ya han logrado una modificación significativa. La ley que llevó el Gobierno al Congreso en julio de 2006 sólo hablaba de los símbolos franquistas en instituciones "titularidad estatal". Además, contenía una redacción polémica: se retirarán los monumentos, placas o símbolos, "cuando exalten a uno sólo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término". Algunos entendían que eso podía obligar a retirar algún monumento a Dolores Ibárruri, Pasionaria, por ejemplo. La nueva redacción pactada ha eliminado esos "dos bandos" y ya sólo habla de los "símbolos de exaltación de la Guerra Civil". Y sobre todo se ha añadido: "El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior". Los grupos minoritarios quieren además pulir una excepción, la que señala que "lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas u otras de interés general que lo hagan improcedente". Temen que esas "otras de interés general" pueda abrir espacios para que alguno se salte la ley, y por eso quieren limarlo.

- Represión en zona republicana. CiU ha tenido especial interés en que figuren en la ley menciones a los excesos de los descontrolados -no amparados por la legalidad oficial, al contrario de lo que sucedió en el otro bando- que ordenaron y realizaron asesinatos indiscriminados en la zona republicana. Por eso ha reclamado -y logrado, aunque el pacto no es definitivo- que se incorporen los motivos "de creencia religiosa" a todos los artículos clave, y negocia que se incorporen a los jurados como órganos represivos.

- Archivos. El PNV también ha incorporado varias modificaciones en los últimos días para perfeccionar la ley, que se verán cuando los socialistas presenten en la ponencia su propuesta definitiva. Los nacionalistas vascos lideran la negociación sobre archivos. Reclaman la devolución de los papeles del Gobierno vasco entre 1936 y 1939, que están en el archivo de Salamanca. El Gobierno no acepta, y por eso parece que el PNV votará en contra de ese punto. Sin embargo, negocia para mejorar el acceso de los particulares a los archivos de la represión, ahora muy complejo. Se trata de lograr algo similar a lo que se ha hecho en Alemania del Este con los archivos de la STASI, y que se explica en la película alemana La vida de los otros. Un gran archivo de la represión al que los ciudadanos puedan acudir libremente para ver cómo fueron investigados.