Por el derecho a saber

Mientras el proyecto de Ley de Memoria Histórica se debate entre la vida y la muerte en los pasillos del Congreso, historiadores, investigadores y colectivos dedicados a la reconstrucción de lo ocurrido durante la Guerra Civil y los casi 40 años de dictadura franquista claman por trabajar en libertad. La lista de obstáculos para desempolvar del olvido la reciente y traumática historia de España y reivindicar "el derecho a saber" es cada vez más extensa. A la dificultad de obtener testimonios directos, creciente por el paso de los años y el miedo a la confrontación que aún persiste, se une la restricción de acceso a los archivos y la desaparición impune de documentos. También las trabas legales, con un significativo incremento de demandas judiciales de descendientes de represores ya fallecidos contra trabajos científicos o divulgaciones de datos sobre hechos y protagonistas de aquellos sangrientos años.

Los intensos coloquios y conferencias con los que se cerró el sábado en O Grove (Pontevedra) el ciclo de jornadas sobre la libertad de investigar la represión franquista, organizado por Iniciativa Galega pola Memoria con apoyo del Ayuntamiento y de la Xunta, pusieron al descubierto que son ahora los que tratan de rescatar y reconstruir lo que ocurrió en aquella oscura etapa los que padecen amenazas, presiones y represalias.

No es casual que la primera de las cinco conclusiones de esas jornadas, clausuradas por el intelectual gallego Isaac Díaz Pardo, sea precisamente la de reivindicar que "los hechos a los que se llegue a través de la metodología científica de la historiografía no puedan ser enjuiciados por los tribunales de justicia". Abrió la caja de Pandora, con un intenso debate, la participación en uno de los coloquios del juez de Cambados Juan Carlos Carballal. El juez ordenó hace un año el cierre de una página web sobre la historia de un republicano exiliado de O Grove, Ramón Garrido, por considerar que atentaba contra el honor de los descendientes de uno del bando franquista que se citaba como autor de una lista de paseados.

Un auditorio hostil

Consciente de estar ante un auditorio hostil y de figurar en el programa de conferenciantes junto a historiadores y periodistas de Galicia, O Bierzo, Asturias y Cataluña con causas judiciales por sus trabajos, el juez defendió que, ante la dificultad de comprobar la veracidad de hechos ocurridos hace 70 años, son los historiadores los que deben demostrar ante los tribunales que sus métodos de investigación están debidamente contrastados.

Vivamente contestado por quienes le acompañaban en la mesa de debate, Carballal provocó protestas aun más ruidosas del público al argumentar que, cuando se trata de investigaciones sobre personas ya fallecidas, prevalece el derecho al honor y el de sus descendientes, máximo cuando se trata de pequeñas poblaciones en las que conviven los hijos y nietos de víctimas y verdugos. "Siempre se reivindica el derecho al honor de los represores, pero nunca el de las victimas y de las familias de los desaparecidos", le reprocharon varios de sus interlocutores. La historiadora Marta Capín, que acaba de ser absuelta frente a una demanda del hijo de un franquista contra su último trabajo, se declaró preocupada por el hecho de que un tribunal juzgue su método de investigación, "y no si el hecho objeto de la querella era cierto o no". En Galicia, el próximo episodio tendrá lugar en A Estrada, el próximo 2 de octubre, con el juicio contra el historiador Dionisio Pereira. Se sentará en el banquillo de los acusados por uno de los nombres que cita como "presuntos asesinos" en su laboriosa investigación sobre los años de represión en la pequeña localidad pontevedresa de Cerdedo. Pereira, que declaró ya no tener ninguna confianza en la Justicia, puso el acento en las jornadas de O Grove en otra de las grandes trabas a las que se enfrentan, en Galicia, los historiadores: la práctica imposibilidad de lograr "testimonios directos del pasado". "Los informantes que aún viven se niegan a ser entrevistados y grabados por miedo a la confrontación vecinal o a que sus hijos o nietos sean amenazados con no poder trabajar en su municipio si cuentan lo que saben", explicó Pereira.

Y de ahí, la importancia de los archivos. Los historiadores reclaman que se les reconozca, por ley, el acceso libre a todo tipo de documentación sobre lo ocurrido entre 1936 y 1978. Ya desapareció mucha, otra incluso es objeto de compra y venta en subastas o en anticuarios, y persisten las restricciones. Incluso se ampliaron, como relató la joven historiadora María Victoria Rodríguez, quien espera poder iniciar la busca de datos e historias sobre el papel de la mujer durante el franquismo en Ponteareas y su comarca. "Va a ser difícil frente a tanto expolio y desidia de la memoria", afirma.