Alimentos caros y existencias cero

Subida histórica de los precios de los cereales con graves repercusiones para la ganadería, cotizaciones récord de la leche, reducción a mínimos de las existencias de seguridad en los organismos comunitarios de intervención, reducción de la cabaña ganadera de ovino o vacuno e incremento de las importaciones de carne y una mayor dependencia del exterior, con pérdida de la soberanía alimentaria... Éstas son algunas de las consecuencias de la Política Agrícola Común (PAC), impulsada por Bruselas y rechazada fundamentalmente por países del sur de la Unión Europea frente a la filosofía de los países del norte.

Los ciudadanos de la UE ya no financian 'stocks', pero pagan más por productos básicos

Los países miembros del sur quieren reabrir un debate sobre el autoabastecimiento

¿Hacia dónde va la PAC? ¿Tiene algún sentido una politica que, para conseguir la libertad de mercados, provoca que los precios se disparen, que no garantiza la independencia y la seguridad alimentaria de los países miembros y que aumenta año tras año la dependencia exterior?

Históricamente se ha justificado la existencia de la PAC (con un coste en la actualidad de unos 42.000 millones de euros) por ser un instrumento para asegurar el autoabastecimiento de los países miembros en materia agroalimentaria, evitar una dependencia del exterior, así como para proporcionar unas materias primas con calidad y seguridad alimentaria.

Para el logro de esos objetivos, la política comunitaria en las primeras décadas de su funcionamiento, entre los años sesenta y setenta, instauró un sistema de precios altos, junto a unos mecanismos eficientes de intervención para la compra de excedentes. Todo ello se tradujo en fuertes incrementos de las producciones, amplios rebasamientos de los niveles de autoabastecimiento y, en consecuencia, en la existencia de elevados excedentes en manos de los organismos de intervención con montañas de leche en polvo, mantequilla, carnes o cereales.

Pese al éxito de la Política Agrícola Común, fundamentalmente por el coste que suponía la política de compras, los costes del almacenamiento y de ventas a bajos precios, Bruselas puso en marcha un proceso de cambios. Estos ajustes se iniciaron a finales de los años ochenta con una política de estabilizadores y cantidades máximas garantizadas. Continuaron con la siguiente reforma en la Agenda 2000 con el establecimiento de ayudas directas, bajadas de precios institucionales y supresión de mecanismos de intervención. Estos cambios se consolidaron en la gran reforma de 2003 con el establecimiento de los pagos directos, sin la exigencia de producir.

En el camino para el cambio de la Política Agrícola Común hasta el desmantelamiento actual habría cuatro fases:

Una primera medida adoptada por las autoridades comunitarias en los años ochenta fue la implantación de techos y cuotas de producción, superficies máximas de cultivo con penalizaciones en caso de superarse las mismas para evitar los excedentes o la exigencia del abandono de una parte de las tierras de cultivo. Esa política afectó muy especialmente, entre otras producciones, a los cereales, cabañas ganaderas, leche y productos lácteos, aceite de oliva, tabaco o algodón.

Una segunda medida para desincentivar las producciones se concretó en la llamada Agenda 2000. En los cereales, el sector lácteo o el vacuno, Bruselas procedió a una rebaja de los precios institucionales o de intervención como medidas para evitar las entregas a los organismos públicos, a la vez que esa rebaja se compensaba con ayudas directas a los productores Para desincentivar igualmente las producciones, se eliminaron casi en la práctica las ventas a la intervención.

La reforma de 2003 supuso una tercera fase con el establecimiento de los pagos directos desvinculados de la necesidad de producir. La medida no ha tenido un gran efecto disuasorio para que los agricultores dejaran aún más sus cultivos o que aumentaran más los abandonos de las cabañas ganaderas.

Esta política de ajustes en las producciones se ha reflejado o se intenta aplicar en algunas organizaciones comunes de mercado (OCM) de aprobación reciente y en otras que se están negociando. En esta línea, para recortar producciones Bruselas aprobó en los últimos años las regulaciones de sectores como el algodón o el tabaco, con la mirada puesta en recortar la oferta y provocar una mayor dependencia del exterior.

En la actualidad está sobre la mesa una reforma de la OCM del azúcar con el objetivo de seguir recortando la producción cuando hay excedentes comunitarios, pero cuando existen igualmente interrogantes sobre el futuro ante la posibilidad de una mayor utilización de la producción mundial para biocombustibles. Podría suceder, como ha pasado en los cereales que, a corto o medio plazo, haya necesidad de un azúcar a precios caros que hoy se quiere eliminar.