La Ley de Memoria Histórica se tambalea

Con gran pesadumbre, todos los grupos políticos del Congreso, incluido el mayoritario, el socialista, mascullan que la Ley de Memoria Histórica está a la cabeza de las normas presentadas por el Gobierno que corren el peligro de dormir el sueño de los justos para siempre, por falta de una mayoría parlamentaria que la sustente. Las pretensiones de IU-ICV, de CiU, de PNV y de ERC resultan de imposible aceptación para el Gobierno y el Grupo Socialista. Los protagonistas de las conversaciones reconocen que se asiste al momento decisivo y definitivo en la negociación, que continúa durante este fin de semana con intercambio de documentos. En menos de 100 horas, esta página quedará escrita o definitivamente rota, anuncian los negociadores.

IU quiere que el Estado asuma un papel activo en la exhumación de cadáveres de la guerra

La ley tiene que aprobarse antes del 1 de noviembre para que llegue a tiempo al Senado

Es una cuestión de plazos. Sólo si hay acuerdo en estas horas se podrá constituir el viernes la ponencia que estudie la ley. Más tarde ya no tiene sentido, porque después debe pasar debate en comisión y por último, ponerse en cola para ser debatida y aprobada en el Pleno. Las leyes que no estén aprobadas en el Congreso antes del 1 de noviembre no llegarán a tiempo al Senado para su aprobación definitiva antes de disolver las cámaras.

Todos los partidos están presos de las demandas de sus respectivos militantes y electores a los que no pueden soslayar por la cercanía de las elecciones generales. La situación interna, convulsa en la mayoría de las formaciones que tienen que dar el sí al Gobierno, no ayuda sino que eleva el tono de las exigencias.

Por encima de todos ellos, el PP se opone radicalmente a la ley. Los conservadores aguardan a que la ley finalmente se apruebe, y así poder incluirla en su arsenal crítico contra el Gobierno. Éste, además, sería muy potente porque la aprobación de la Ley de Reparación a las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, supondría que el PP rescate la acusación al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "dividir a los españoles", "dinamitar la transición" y resucitar las "dos españas", como se proclamó desde el Congreso cuando esta ley fue tomada en consideración.

En el otro lado, en los últimos días y este mismo fin de semana el intercambio de textos ha sido fluido pero todavía no ha dado frutos. El Gobierno ha tirado la toalla en su cuerpo a cuerpo con Esquerra Republicana de Cataluña toda vez que su demanda de declarar nulos los juicios del franquismo está descartada inapelablemente por el Gobierno. Los intentos de acuerdo se mueven con IU-ICV, CiU y PNV. Pero ya no hay tiempo de abrir la ley en canal y empezar de nuevo.

Los negociadores del Grupo Socialista sienten una enorme frustración al haberse reabierto la negociación cerrada en abril con los dirigentes de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera. Tres son los puntos reabiertos y sobre los que se está trabajando. La dificultad está en "concretar el preacuerdo del mes de abril", dicen en IU. El primer aspecto se refiere a la declaración de "ilegitimidad" de los juicios franquistas. Éste fue un acuerdo casi histórico que en ese momento primaveral sí satisfacía a los negociadores. Días después, el Gobierno precisó que esa ilegitimidad no daba lugar a reclamaciones de ningún tipo, ni económicas ni como base para ir a la Sala Militar del Tribunal Supremo para que los declare nulos. "Tampoco se impide que un particular acuda al Supremo y haga las reclamaciones que estime oportunas", señalan en el Grupo Socialista. Pero no es suficiente para IU-ICV. "Esa ilegitimidad tiene que quedar reflejada de una manera más clara, así como sus consecuencias", señalan en Izquierda Unida.

Los socialistas han atendido la sugerencia del PNV, según la cual podría haber una mención respecto a que esta ley "no cierra ninguna acción posterior de quienes se sientan afectados". Se está a la espera de que IU-ICV acepte o no. Lo que sí queda cerrado es la posibilidad de que la declaración de ilegitimidad tenga consecuencias económicas.

El segundo aspecto que reivindica IU-ICV es la forma en la que se condena el franquismo. Quieren más rotundidad. Y, por último, quieren que el Estado tenga una participación esencial, a modo de autoridad, en el proceso de exhumación de cadáveres, enterramientos, eliminación de símbolos franquistas y el futuro del Valle de los Caídos. Es decir, que no sólo se arbitren ayudas económicas sino que haya un órgano que centralice las demandas.

El PSOE reconoce que su margen para rectificar es muy escaso. A juicio de los socialistas, el empeño de IU-ICV de buscar la nulidad de los juicios, es decir, llevarlo al terreno de los tribunales, queda alicorto si se compara con la posición socialista: "La declaración de ilegalidad es la máxina condena política y moral que pueda hacerse". Éste es el argumento del PSOE para no ir más allá en esta ley que ha sufrido cambios en su concepción en los casi dos años que lleva rodando. Además, al PSOE no le parece muy ortodoxo que una ley consagre lo que puede o no hacer otro poder, el judicial, al poner en entredicho la división de poderes.

La posición de CiU, singularmente impulsada por Unió, sigue firme en su defensa de modificar el artículo 2 que ahora dice lo siguiente: "Se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes la padecieran". Pues bien, CiU quiere condenar, además, de forma muy concreta las represalias contra personas por sus convicciones religiosas católicas, que, en muchos casos, eran fieles a la legalidad republicana. La fórmula que propone CiU se basa en elaborar un listado de causas de represión y sufrimiento y, entre ellas, la profesión de la fe católica. Los grupos nacionalistas, también el PNV, confía en que el PSOE acepte esta transacción, que podría satisfacer a Unió.

También el PNV participa de la consideración de que la ley pende de un hilo que puede romperse no más allá de esta semana que empieza. Pero las demandas de los peneuvistas también están lejos de poder ser aceptadas. Estos reclaman los documentos concernientes al País Vasco durante la Guerra Civil que quedaron depositados en Salamanca. La ley prevé crear en la ciudad castellana el gran centro de investigación y estudio sobre la guerra. El Gobierno aseguró que tras la devolución a Cataluña no habría más.

Los peneuvistas, además, quieren aprovechar esta ley para perseverar en su demanda de devolución del patrimonio que el franquismo les arrebató. El PSOE también ha recibido este fin de semana otra enmienda del PNV en la que se pide mover las tumbas de Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, del lugar que ocupan en el Valle de los Caídos, para que pasen a una zona menos preeminente.