Uvas de la discordia

La vendimia de Castilla-La Mancha se presenta bajo el signo del chantaje al Estado por parte de los sindicatos agrarios de la región. A pesar de las facilidades que les han ofrecido las administraciones para contratar legalmente a los braceros que se necesitan, estas organizaciones -que son, en realidad, patronales del campo- han preferido forzar una situación de hecho que coloque al Estado ante una disyuntiva en apariencia irresoluble. Si éste exige el cumplimiento de la ley en la contratación de los braceros, se corre el riesgo de sacrificar la vendimia. Pero si consiente que la vendimia se realice con braceros sin contrato o en situación irregular, la sacrificada será la ley.

Algunos portavoces de los agricultores han pretendido excusar la situación afirmando que la no tramitación de los expedientes para emplear a trabajadores extranjeros -a los efectos actuales, poco importa que sean búlgaros y rumanos o de cualquier otra nacionalidad- se debe a la falta de información o a la existencia de hábitos tradicionales de contratación, difíciles de erradicar en el medio rural. Sin embargo, si ésa fuera la causa, los sindicatos habrían faltado al deber de asesorar a sus afiliados. Aparte de que los agricultores y las organizaciones sindicales conocían de sobra la diferencia entre emplear a un bracero legalmente o ilegalmente, puesto que hace unos meses se dirigieron a las autoridades, pero no para iniciar los trámites de contratación, sino para solicitar que se levantase la moratoria laboral de dos años que afecta a los trabajadores búlgaros y rumanos. Por lo que se refiere a las invocaciones exculpatorias a la tradición, más valdría que, en lugar de reproducir lo que muchos padecieron, en España y fuera de España, contribuyeran desde su actual posición a erradicarlo.

Los Gobiernos central y autónomo se enfrentan a un problema para el que ninguna de las salidas resulta fácil. Pero tal vez la peor solución de todas sería la de consentir que la ley no se respetase. Para evitarla, deberían contar con el pleno respaldo de las fuerzas políticas.

Partiendo de este consenso inexcusable, y de la máxima disposición y diligencia en la tramitación administrativa de los expedientes, el tiempo no correría contra el Estado, como suponen los sindicatos agrarios; correría contra los intereses de aquellos de sus afiliados que han pretendido defenderlos por encima de la ley.