La Ley del Cine se topa con el debate sobre las competencias del Estatuto de Cataluña

El Estatuto de Cataluña ha pasado a ocupar el centro de las discusiones y el futuro de la Ley del Cine. El nuevo marco estatutario y sus competencias han obligado a los grupos parlamentarios a ampliar de nuevo el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de Ley del Cine para intentar llegar a algún acuerdo. La insistencia de Convergencia i Unió de presentar una enmienda a la totalidad sobre el texto por considerar que invade competencias del Estatuto está en el origen de esta ampliación. La nueva fecha propuesta es la del martes 25 de septiembre. Estos siete nuevos días -el plazo anterior terminaba el martes próximo- servirán para poner sobre la mesa las discrepancias que existen en este terreno entre CiU y el PSOE.

Ayer mismo por la mañana, horas antes de conocerse la nueva ampliación del plazo, el diputado convergente Jordi Vilajoana aseguraba a este periódico que su partido había propuesto al PSOE la presentación de un texto alternativo que cambiara algunos elementos para que no se invadieran lo que él considera competencias del Estatuto de Cataluña. "Yo no tengo ningún interés en presentar una enmienda a la totalidad de la Ley del Cine, que sabemos que vamos a perder, pero si no hay un texto alternativo no tendremos más remedio que presentarla", explicaba Vilajoana, un hombre curtido en el mundo audiovisual. "El Gobierno aprueba un estatuto que dice que es el mejor y luego se comporta como si no existiera", se lamentaba el diputado que, sin embargo, confiaba en poder llegar a algún tipo de acuerdo. El grupo parlamentario socialista, aseguraba Vilajoana, "está intentando rectificar en ponencia".

Colisiones

Por su parte, el responsable socialista en la Comisión de Cultura, Antón Louro, dijo que su partido está escuchando las razones de CiU. "Nosotros consideramos que el texto no invade competencias del Estatuto, pero si hay algún elemento que corregir lo corregiremos", añadió Louro, que explicó que los servicios técnicos están estudiando las posibles colisiones. "No compartimos en su gran mayoría la opinión de la Generalitat y su Instituto de Estudios Autonómicos sobre la invasión de competencias de la Ley del Cine al Estatuto, pero puede haber algún caso que podamos pulir", explicó. Para el PSOE, el cine no es exclusivamente una competencia cultural, sino que entra de lleno en el terreno industrial y económico, donde el Estado sí tiene plena competencia para intervenir.

Jordi Vilajoana, defensor de la Ley del Cine, no es partidario de la territorialización del Fondo de Protección a la Cinematografía, como los también nacionalistas de Esquerra Republicana de Cataluña, pero sí de marcar criterios para discutir la manera de repartir ese fondo. "Actualmente, el 40% de la industria audiovisual radica en Cataluña y recibe el 20% de ese fondo".

En cuanto a las enmiendas más centradas en el cine, Convergencia i Unió va a pedir que el cine de animación y los documentales entren a formar parte del Fondo de Protección y que RTVE dedique un 1% de sus ingresos en invertir en películas y series de animación. Para Vilajoana, el sector de la animación es determinante desde el punto de vista industrial y económico. "Están más solos que la una", se lamentó el diputado.

Otra de las enmiendas de CiU irá dirigida a apoyar de alguna manera a los exhibidores para compensarles por el tema de la cuota de pantalla -la obligación de proyectar un día de cine europeo por cada tres de títulos norteamericanos-. Para Jordi Vilajoana, lo ideal sería buscar una fórmula, ya sea fiscal o de otro tipo, para que la cuota de pantalla sea más un estímulo que un castigo para los exhibidores. Pone el ejemplo de Italia, donde todas las entradas para ver cine italiano tienen desgravaciones para los exhibidores que las proyectan.