El juez reactiva la investigación del fraude en la Hacienda de Irún

Tras las vacaciones, el Juzgado número 2 de Irún ha reactivado la investigación del supuesto fraude fiscal en la oficina de la Hacienda foral en dicha localidad. Así, ha llamado a declarar a parte de los contribuyentes que, para saldar sus deudas, entregaron diversas cantidades de dinero a José María Bravo, ex director de la citada oficina y actualmente en prisión, quien supuestamente se apropió de ellas.

Mediante una providencia, el juez fija las primeras declaraciones para el próximo 19 de septiembre, cuando deberán comparecer cinco personas en calidad de testigos. Otras tantas deberán hacerlo el 1 de octubre y dos días después tendrán que declarar tres ciudadanos en calidad de "perjudicados" y otros tres como testigos.

Estos testimonios llegarán dos meses después de que el principal imputado en el presunto fraude millonario de la Hacienda de Irún, José María Bravo, ingresara por segunda vez en la cárcel de Martutene tras negarse a declarar. La orden de prisión incondicional, confirmada a finales de julio, fue adoptada a petición de la Fiscalía y tras el hallazago de nuevos indicios que "agravan notablemente la importancia del delito" de estafa supuestamente cometido por el ex director de la oficina tributaria de Irún entre 1995 y 2004.

Según la denuncia fiscal, es el máximo responsable de una red que se apropió del dinero (unos 1,7 millones de euros) que cobraba a contribuyentes deudores, en vez de ingresarlo en la Hacienda guipuzcoana.

En el caso están imputadas otras tres personas que ya prestaron declaración a primeros de agosto. Rosa Cobos, esposa de Bravo, y el socio de éste Pedro María Atristain pasaron por el juzgado el 1 de agosto. Ambos negaron su participación en la trama que presuntamente defraudó a la Hacienda foral unos seis millones. Al día siguiente proclamó también su inocencia la funcionaria Pilar Gracenea, quien trabajó en la oficina de Irún a las órdenes de Bravo.