Los fabricantes de genéricos rompen el 'empate legal' con los grandes laboratorios en España

Fabricantes de genéricos y grandes laboratorios -los innovadores que desarrollan nuevas moléculas- están enfrentados también en España. La lucha es menos cerrada y va producto a producto. Hasta ahora las decisiones judiciales iban empatadas, tres a tres, pero una nueva decisión, esta vez de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha dejado el tanteo en cuatro a tres a favor de los fabricantes de genéricos.

La causa de la discordia es un hueco en la legislación española, que permite que hasta 2012 convivan dos posibles maneras de protección intelectual: la anterior a la entrada de España en la UE, en la que no se patentaban fármacos sino métodos de fabricarlos, y la posterior, en la que sí se pueden proteger los derechos de propiedad intelectual del producto final.

La última escaramuza legal se ha dado en torno al fosinopril sódico, un medicamento comercializado por el gigante BMS, que lo heredó de E. R. Squibb, y que se usa para combatir la hipertensión y tratar la insuficiencia cardiaca.

Ante la petición de la patronal de fabricantes de genéricos, Aeseg, que quería empezar a fabricarlo ya, el dueño de la patente pidió una prórroga del periodo de protección (llamado técnicamente certificado complementario de protección, CCP). La decisión judicial, de julio, anula esta pretensión.

Pero ninguno de los fallos cierra la puerta a futuras luchas. El mercado es suculento: según los datos de la patronal Farmaindustria, en los próximos cinco años perderán la protección unos 20 fármacos, que representan una facturación de unos 1.500 millones de euros anuales. Estas ventas pueden quedarse en menos de 1.000 millones si los genéricos llegan al mercado

[éstos deben venderse con una rebaja de al menos un 30%]. La cifra en juego representa más del 10% del total de la facturación de los laboratorios (en 2005 vendieron 11.327 millones, según su anuario estadístico).

Farmaindustria ha intentado que el Gobierno arbitre alguna medida a su favor para evitar el rosario de acciones legales que se avecinan. Ha ofrecido al Ministerio de Sanidad 300 millones de euros en los próximos cinco años para investigar enfermedades raras a cambio de un tipo de protección. Ni la ex ministra, Elena Salgado, ni el actual ministro, Bernat Soria, se han mostrado receptivos a estas peticiones.