La revolución de Evo se estanca

El pasado 20 de julio cerca de dos millones de personas se reunieron en un cabildo en la ciudad de El Alto para defender la capitalidad de La Paz. Unos días más tarde, el 25, más de 100.000 hombres, mujeres y niños exigían en Sucre, con el lema calidad frente a cantidad, que la sede del Gobierno vuelva a esa ciudad.

La cuestión de la capitalidad es uno más de los asuntos que han generado complicaciones a la Asamblea Constituyente que, tal como estaba previsto en su Ley de Convocatoria, tenía que terminar su trabajo mañana, día nacional de Bolivia. No podrá ser. Aunque son 708 los artículos que se han entregado (frente a los 234 de la actual Constitución), algunos de los más relevantes siguen generando profundos desacuerdos (sólo se han consensuado 255) entre los distintos sectores que participan en la tarea de reinventar este país andino en el cual gobierna por primera vez un presidente indígena, Evo Morales, desde que ganó por mayoría absoluta las elecciones de diciembre de 2005.

La Asamblea Constituyente fue, de hecho, una de las grandes demandas de los indígenas y uno de los primeros retos que puso en marcha Evo Morales. "Tierra y territorio; respeto a la identidad cultural; educación en la propia lengua" fueron algunas de las cuestiones que desgranaban como una letanía los miles de indígenas que celebraron en Sucre la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente. Los más radicales pedían la libre determinación de esos pueblos indígenas, no sólo en Bolivia: en el continente, en el mundo.

La disputa sobre la capitalidad es una de esas cuestiones de alto contenido patriótico que llenan de ruido emocional cualquier discusión sensata. La propuesta fue del grupo derechista Podemos, el principal partido de la oposición, y según Raúl Prada, uno de los constituyentes del Movimiento al Socialismo (MAS), fue una estratagema para complicar la vida al Gobierno, dada la inmensa carestía de un cambio de esas características y su inviabilidad en un plazo relativamente breve. Como otras muchas cuestiones, el debate sobre la capitalidad ha salido de la Asamblea y se ha convertido en batalla callejera. El cabildo de La Paz frente a la marcha de Sucre. Unos contra otros. "El traslado de la capital podría ser sólo una maniobra de la oposición", dice Víctor Hugo Cárdenas, que fue vicepresidente en el primer Gobierno de Sánchez de Lozada, "pero también podría significar la demanda de cambio del eje de poder: abandonar La Paz para favorecer la pujanza del Oriente como zona dinamizadora del país".

Eso ha puesto de manifiesto la Constituyente: la profunda diferencia entre dos maneras de entender lo que es Bolivia y la batalla entre esas facciones por conquistar espacios de poder. El constituyente Jorge Lazarte, independiente ahora, después de haber empezado como representante de Unidad Nacional (UN), es muy gráfico al resumir lo que ha pasado: "Hemos trabajado en una habitación a oscuras para montar un rompecabezas del que no teníamos el modelo. Lo único que al final se buscaba era que encajaran las piezas". No han terminado de encajar, la Constituyente deberá seguir trabajando.

Para el MAS, según Raúl Prada, de lo que se trata es de subrayar la condición de "Estado plurinacional y unitario" de Bolivia. "Hay que reconocer la preexistencia de las naciones indígenas, su derecho a la libre determinación y, por fin, su disposición a pertenecer a ese Estado plurinacional". Lazarte considera que ese primer artículo, el que define a Bolivia como "Estado plurinacional, comunitario y social", es analíticamente "insostenible" e "inmanejable" en términos operativos. "Si el pueblo aymara es una nación, ¿cuáles son sus límites?", pregunta. "Hay comunidades aymaras sobre todo en el occidente de Bolivia, pero también en oriente y en otros países de la zona, ¿cómo delimitar su territorio?". Prada se explica: "Estamos utilizando viejos conceptos para definir un Estado posmoderno a través de una Constitución posliberal y postsocialista y de ahí vienen las dificultades". José Antonio Aruquipa, constituyente con Podemos, teme por su parte que la Constituyente no sea sino una fórmula para que Evo Morales consiga la reelección indefinida.

Frente al acento indígena del MAS, otras fuerzas políticas consideran que la nueva Constitución debe limitarse a hacer viables las autonomías provinciales, que en un referéndum vinculante se aprobaron en diciembre de 2006 en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija (la llamada Media Luna, en la zona oriental de Bolivia) y se rechazaron de manera rotunda en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca y, de manera muy tibia, en Cochabamba.

El político cruceño Germán Antelo, que fue presidente de su Comité Cívico (organización social de gran influencia), considera que "son las autonomías las que van a garantizar la unidad del país, el centralismo sólo puede desunirlo". Como el presidente del Comité Cívico, Branko Marincovic, y Carlos Dabdoub, otro relevante líder cruceño, Antelo insiste en que no hay voluntad de separatismo alguna, ni que todo sea una maniobra para apropiarse de los recursos naturales que están localizados en esa zona del país. "Las decisiones sobre los hidrocarburos son de ámbito nacional", afirma con rotundidad.

¿Es el enfrentamiento inevitable? Filemón Escobar, uno de los líderes históricos de la Central Obrera Boliviana (la COB, el sindicato más fuerte) y figura en la definición de las estrategias de los cocaleros del Chapare (de donde surge el actual presidente) explica que "Evo Morales se ha formado en la confrontación y si no tiene enemigos, se los inventa" y considera que son imprescindibles políticas de unidad.

El ex presidente Carlos Mesa lamenta la ruptura entre sociedad y Estado. Samuel Doria Medina, uno de los empresarios más poderosos del país y constituyente como líder de UN, es optimista: "La polarización es necesaria para discutir posturas, pero al final se limarán diferencias".