Los empresarios piden una prueba piloto para el plan

El presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Pimec, Josep González, propuso ayer al Gobierno catalán llevar a cabo "pruebas piloto" con empresarios para detectar las dudas y los problemas que puede generar la nueva documentación simplificada para ser rellenada de forma sencilla por parte de la empresa.

Los pequeños y medianos empresarios son los más perjudicados por la sobrerregulación y la carga administrativa. Una de las normas que más quebraderos de cabeza les ha supuesto es la ley de prevención y control ambiental de las actividades, la licencia ambiental, en otras palabras. Ayer tuvieron una buena noticia: la reforma anunciada "coincide plenamente con lo que hemos solicitado, que es no superar los umbrales de exigencia que marca la directiva europea", señaló González en un comunicado. Y es que a partir de ahora, para la mayoría de empresas, sólo será necesaria una única declaración de responsabilidad y no diferentes documentos acreditativos costosos en tiempo y dinero.

Pimec también celebró que la Generalitat se comprometa a reducir toda la información estadística solicitada por distintos institutos, además de la resolución de los trámites por Internet.

"El tiempo dedicado a los trámites administrativos y la adaptación a las normativas son costes empresariales que, si no están muy bien justificados, quitan recursos que se podrían dedicar a innovación", señaló ayer González. Y es que la patronal que preside ha cifrado en 2.000 horas y 40.000 euros el coste anual de la burocracia para los empresarios.

Impuesto de sucesiones

La Cámara de Comercio de Barcelona también celebró el plan de la Generalitat, sobre todo el referente en materia ambiental. Pero también le dio una de arena al Gobierno catalán, y pidió la supresión del impuesto de sucesiones. El pleno de la Cámara manifestó de forma unánime el apoyo a las propuestas de reducción sustancial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, encaminadas a la práctica supresión de este tributo, como ya han hecho otras comunidades autónomas.

La entidad presidida por Miquel Valls considera que las medidas deben estar en línea con aquellas comunidades que ofrecen un mejor trato fiscal para favorecer la inversión, hacer atractivo el establecimiento de empresas y ciudadanos y evitar deslocalizaciones en Cataluña.