La juez interviene la ONG Intervida y pide a la Generalitat que nombre unos gestores

La justicia ha empezado a actuar contra Intervida. El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona intervino ayer cinco fundaciones y dos asociaciones que forman parte del entramado de esta ONG dedicada al apadrinamiento internacional de niños. La juez destituyó a todos sus patronos, gestores y directivos y requirió al Departamento de Justicia de la Generalitat para que nombre a tres personas o a un ente público que actuarán como administradores judiciales de unas sociedades que mueven unos 86 millones de euros al año. La Generalitat reconoció ayer que sabía desde 2005 de las anomalías contables de la ONG.

La decisión adoptada por la magistrada María Pilar Calvo es la consecuencia del inicio de la tramitación de la querella que presentó la fiscalía de Barcelona el pasado 28 de junio. En la querella se acusaba a los tres máximos responsables de Intervida -Eduardo Castellón, Rafael Puertas y Francisca Ruiz- de estafa, aprobación indebida, administración desleal y asociación ilícita.

La juez ya ha admitido a trámite la querella y ayer, que se encontraba en funciones de guardia, destituyó a los responsables de las fundaciones o entidades relacionadas con Intervida a través de las que supuestamente se cometieron esos delitos. Las cinco fundaciones intervenidas por la justicia son: Intervida, Cuna, Metrópoli, Universal y Ecoplaning. Las dos primeras tienen su sede en Barcelona y las otras tres en Madrid. Del mismo modo, la juez ha intervenido la Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida y la Asociación Alianza Mundial.

Aunque el juzgado tiene decretado el secreto de las actuaciones, la consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Tura, convocó una rueda de prensa para dar a conocer la decisión judicial y, según dijo, tranquilizar a los donantes que han apadrinado niños en varios países de América Latina y Asia. Tura explicó que esos proyectos tendrán continuidad y que las entidades y fundaciones seguirán trabajando para la finalidad con la que fueron creadas.

Con un presupuesto anual de 86 millones de pesetas, Intervida es la tercera ONG más importante de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas. Sus ingresos proceden de los fondos que aportan las 346.561 personas que colaboran con la entidad y que pagan 21 euros al mes para contribuir a la construcción de escuelas, hospitales, casas de acogida o alimentos y medicinas.

La consejera catalana también anunció que la Generalitat ha optado por proponer a la juez tres personas como administradores judiciales. No quiso revelar su identidad, aunque explicó que una está relacionada con la cooperación internacional, otra está vinculada a los mecanismos de control económicos de la Generalitat y la última pertenece al mundo mercantil. Esta mañana se comunicarán sus nombres a la juez. La intervención judicial de esas fundaciones y asociaciones, así como la designación de los administradores judiciales se prolongará por un máximo de cinco años.

Montserrat Tura explicó que en ese entramado se cruzan diversos nombres de personas que han sido destituidas de sus cargos, aunque declinó concretar el número exacto. También explicó que las últimas cuentas de Intervida que fueron aprobadas por el Departamento de Justicia de la Generalitat fueron las de 2003.

Las referidas a los años 2004 y 2005 nunca obtuvieron el aval de la administración catalana, porque, según Tura, todavía no se han presentado las auditorías de cuentas de las entidades receptoras ubicadas en Guatemala, Perú, Bolivia y El Salvador. El consejero de Justicia de aquella época era Josep Maria Vallès. Su sucesora explicó ayer que el Departamento de Justicia hizo diversos requerimientos para que se entregasen las cuentas y que Intervida respondió "con cuentagotas".

Según Tura, se trataba de pequeños desfases contables, aunque en una ocasión estaba por esclarecer un préstamo entre sociedades de un millón y medio de euros. En cualquier caso, la Generalitat no consideró que las anomalías económicas tuviesen trascendencia suficiente como para denunciarlo en el juzgado por la vía civil, como sí ha ocurrido con otras dos fundaciones catalanas, en cumplimiento de las competencias que tiene la administración catalana.

La primera y única comunicación realizada por el Departamento de Justicia en relación con Intervida data del pasado 24 de abril cuando se remitió a la fiscalía la denuncia presentada por una ex directiva de la fundación.