Ex directivos de la organización celebran la investigación judicial

"Intervida no es una fundación, es un coto privado del señor Eduardo Castellón

". Esta frase aparecía en una carta escrita y apoyada en 2005 por al menos cinco ex directivos de Intervida, que la remitieron a la Fiscalía de Cataluña. Los trabajadores denunciaron entonces las irregularidades que habían observado en la gestión de la ONG. Aseguraban que habían visto una transferencia de Intervida Guatemala a un paraíso fiscal por importe de 16 millones de dólares (12 millones de euros) y que nadie sabía cómo se gastaba el dinero de la ONG.

En una ocasión, responsables de distintas sedes internacionales y nacionales intentaron juntarse y pedir explicaciones. Fue en abril de 2005, en una reunión celebrada en Comarruga (Tarragona). No obtuvieron ninguna justificación de los gastos de la asociación ni del funcionamiento del entramado empresarial montado en torno a Intervida y 25 de ellos fueron despedidos en los meses siguientes. El que fue durante dos años director ejecutivo en Estados Unidos, Ezequiel Cabado, recuerda que "la gente estaba muy quemada". "El río sonaba mucho y nadie sabía nada de la gestión de la Fundación. Después de esa reunión, en pocos meses ya no estaban en sus puestos los directores de los cinco países recaudadores de Intervida: España, Japón, Estados Unidos, Italia y Francia", añade.

Marco di Mauro, entonces director general de Intervida Italia, también asistió a la reunión. Él ya había tenido problemas previamente con Eduardo Castellón, por pedir documentación que acreditara qué se hacía con el dinero. "Solicité varias veces saber a qué proyectos concretos iba la recaudación" indica. "Nuestros auditores internos lo preguntaban porque, según las leyes italianas, era importante la transparencia para obtener beneficios fiscales. Tienes que demostrar que lo que entra en tu cuenta se destina a personas necesitadas".

Di Mauro pedía una y otra vez la información, pero no se la daban. "Me preguntaban que para qué la quería. Yo respondía que porque la ley italiana la exigía, pero nada, no había manera. Después de la reunión de Comarruga, y ante la falta de datos, los socios en Italia se negaron a aprobar el balance de la ONG, así que Castellón organizó una misión de castigo. Se presentó en Milán y ocupó la sede con 20 personas que había traído de España, Perú y Guatemala. Por supuesto, todo pagado con dinero de Intervida. Puso a una persona por despacho para que nada entrara ni saliera, como si fuera una película. Muy fuerte. Esta gente se mueve siempre con amenazas e intimidaciones".

Italia es un país importante en la recaudación de Intervida, donde la ONG obtiene más de un millón de euros al mes. "Así que, ante nuestras preguntas, Castellón echó a todos los socios y puso a gente de su confianza para que aprobaran los balances".

Tanto Ezequiel Cabado como Marco di Mauro aseguran que están muy satisfechos con la investigación judicial emprendida. "Para mí y para otros trabajadores que estábamos en Intervida pensando que ayudábamos a la gente todo esto fue un trauma muy grande", señala Di Mauro. "Me alegro mucho de que los jueces se metan en esta organización y aclaren qué pasa, porque algo pasa. Perdí la esperanza de que pudiera existir una ONG limpia, y me devuelve la fe pensar que si hay irregularidades, la justicia las va a encontrar".