Chávez se libra de las grandes empresas estadounidenses
Cinco compañías han dicho este año adiós a Venezuela por la ola de nacionalizaciones
Verizon, AES Corp., CMS Energy, Conoco Phillips y ExxonMobil. Son cinco, hasta ahora, las compañías estadounidenses que han sido desplazadas de ingentes negocios en Venezuela en lo que va de 2007. La oleada de nacionalizaciones de sectores estratégicos anunciada por el presidente Hugo Chávez tras su reelección, en diciembre de 2006, se ha cumplido en los plazos previstos.
Pero quien se imagine a los ejecutivos de estas empresas huyendo a toda prisa a través de los helipuertos mientras el Gobierno se adueña de las instalaciones se equivoca radicalmente. En rigor, la estatalización de estas empresas se ha concretado según las reglas del capitalismo, con dinero sobre la mesa de negociaciones.
El Estado recupera poder en diferentes actividades de petróleo, electricidad y telefonía
El último avance hacia el fin de que el Estado controle todas las actividades estratégicas lo ha dado el Gobierno esta semana, cuando consiguió que cuatro de las seis empresas que operaban en la Faja Petrolera del Orinoco firmaran convenios por los que ya no ejercerán el control, sino que serán socios minoritarios de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Suscribieron los pactos la francesa Total, la británica BP, la estadounidense Chevron y la noruega Statoil. Pero las dos que quedaron fuera del convenio no son cualquier cosa. Se trata de los titanes estadounidenses Conoco Phillips y ExxonMobil, cuyas casas matrices resolvieron que no desean la sociedad con el Gobierno venezolano y prefieren abandonar un negocio que valorado en su conjunto alcanza los 30.000 millones de dólares (22.153 millones de euros).
Estas empresas trabajaban en la extracción y el procesamiento primario de los crudos extrapesados del Orinoco. Conoco Phillips y ExxonMobil al parecer demandarán al Estado venezolano ante tribunales de arbitraje, aunque el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, aseguró que se hará el máximo esfuerzo para un acuerdo extrajudicial.
No se ha ofrecido una versión oficial de lo que supondrá la indemnización a estas firmas, una cantidad que deberá sumarse a los gastos ya realizados por el Ejecutivo para comprar las otras empresas catalogadas como estratégicas.
El Gobierno adquirió la empresa Servicio Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca) a la corporación CMS Energy por 105,5 millones de dólares. Ésta es la compañía que surte de electricidad a la turística isla Margarita. Posteriormente adquirió la mayoría de Electricidad de Caracas a la estadounidense AES Corp., por 740 millones de dólares. Es la entidad que abastece a Caracas y parte del extrarradio. También se ha hecho con la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, antes del consorcio estadounidense Verizon.
Los costes de la creación de las empresas mixtas con las cuatro transnacionales petroleras no han sido precisados aún, ni se ha presentado una estimación de lo que deberá pagar Venezuela como compensación a las dos firmas que han renunciado al trato. "La nacionalización para nosotros no tiene costes, para nosotros tiene una ganancia importante, ganancia en soberanía nacional", dijo el ministro Ramírez cuando se le consultó.
La forma como la palabra de Chávez se transformó rápidamente en hechos (algo que no ocurría a menudo) ha generado expectativas en sectores económicos susceptibles de nuevas nacionalizaciones. El presidente ha advertido a la empresa Siderúrgica del Orinoco, la mayor acería del país, con capital argentino. Ha alegado que no surte debidamente al mercado interno porque procura volcar toda su producción al campo internacional. Chávez también ha aconsejado a las productoras de cemento (una de ellas de capital mexicano) que cumplan con los clientes nacionales; si no las nacionalizará.
El mandatario, de 52 años, proclama para Venezuela el socialismo del siglo XXI y para ello ha propuesto cambios en la Constitución que hagan posible la coexistencia de la propiedad privada con la colectiva. "El capital privado seguirá teniendo su espacio, pero las áreas estratégicas quedarán reservadas al Estado", dijo en una reciente declaración.
