El PSOE da la espalda a IU y pacta con el PP la Ley de Seguridad Nuclear

La tramitación de la Ley de Reforma del Consejo de Seguridad Nuclear quedará como una de las más atípicas de la legislatura. En 2005, Izquierda Unida-ICV propuso -y el PSOE aceptó- reformar a fondo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): hacer públicos todos los documentos, endurecer las sanciones y obligar a los trabajadores a denunciar los fallos que detectasen. Pero dos años después, el PSOE (ya con la presidencia del CSN en su poder) le ha dado la vuelta al texto y la ley llegará a pleno con el apoyo del Partido Popular y con la oposición de IU-ICV, que acabará votando contra una de las principales proposiciones de ley que aportó al Congreso.

La Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, de 1980, estaba obsoleta. Algo que quedó de manifiesto en 2005, cuando la central nuclear de Vandellòs II protagonizó el incidente más grave desde 1989: dejó que una tubería se pudriera durante más de diez años sin hacer nada.

El CSN acusó a la central de "primar la producción sobre la seguridad" e Industria le impuso la mayor sanción de la historia: 1,6 millones de euros. La cifra es ridícula si se tiene en cuenta que los beneficios de una nuclear ascienden a unos 600.000 euros diarios. Es decir, la central ocultó durante diez años una deficiencia, sí, pero la multa equivalía al beneficio de tres días.

El diputado de IU-ICV Joan Herrera pactó poco después con el PSOE una proposición de ley para reformar el CSN y evitar casos como éste. El PSOE aceptó, en parte por dar satisfacción a su socio parlamentario, y en parte por atar en corto a la entonces presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, propuesta en 2001 por las PP.

La proposición que entonces pactaron Izquierda Verde y el PSOE incluía hacer públicos todos los informes del consejo y que las sanciones pudieran estar vinculadas a los beneficios de las centrales. Además, copiaba la figura del chivato, que ya existe en otros países, y que obliga a los operarios de las centrales a denunciar, incluso de forma anónima, los fallos que detecten, y daba entrada a las comunidades autónomas en el CSN.

La proposición entró en la cámara en mayo de 2005 y sólo se desbloqueó dos años después. El pasado miércoles, la Comisión de Industria del Congreso la aprobó con los votos de PSOE, PP y CiU. El acuerdo con el PP se debe principalmente a que los detalles de la reforma se han cocinado en el CSN. Allí, los consejeros, propuestos por PSOE, PP y CiU, rebajaron la pretensión inicial de los socialistas, que ahora se han basado en un documento de enmiendas que les envió el CSN. El diputado popular Javier Gómez Darmendráil reconoció en la comisión que su grupo apoyaba la ley porque no se parecía en nada a la que había llegado al Congreso dos años antes.

Joan Herrera denuncia: "PSOE y PP le han dado la vuelta, porque los socialistas ya han colocado a su presidenta en el CSN y no les interesa tanta transparencia y tanto control sobre las nucleares". Herrera hará de este desplante un motivo de oposición al PSOE y anuncia que, si el PSOE no rectifica, le puede hacer perder alguna votación importante a los socialistas. El diputado insiste en que "el socio preferente del PSOE ha sido el PP y la industria nuclear".

Multas rentables

Con las enmiendas aprobadas, las multas no serán proporcionales a los beneficios de las eléctricas, sino que serán, como máximo, de 30 millones de euros (antes eran de tres). Aunque se multiplica por 10 la sanción mayor, ésta se equipara a la máxima para una central de gas o de carbón, menos rentables y a la vez con un riesgo potencial menor. Herrera denuncia que "para una central aún seguirá siendo rentable saltarse las normas y pagar la multa. Además, no se fijan criterios objetivos, sino que deja en manos del CSN la decisión de lo que es considerado muy grave".

La norma establece el derecho de los trabajadores para denunciar los fallos (no la obligación) y no crea una unidad de denuncias que tramite las alertas en el CSN. Sobre la publicidad de todos los informes, remite a un convenio internacional que ya obliga a hacer públicos los documentos sobre medioambiente. Desde hace más de un año, el CSN publica las actas de los plenos y las actas de inspección a las centrales, una decisión que las eléctricas han recurrido a la Audiencia Nacional. Por último, el Consejo seguirá teniendo cinco consejeros propuestos por los partidos (y no siete como pedían los grupos minoritarios, que se quedan así sin representación).

Ante el malestar en Izquierda Verde, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el pasado miércoles, un día después de la aprobación de la ley, que se intentaría aproximar a Herrera con "esfuerzo y consenso" y aseguró que "la ley supone un avance en el control, la transparencia y la participación en torno a la seguridad nuclear". Zapatero pidió un texto a Herrera para intentar pactarlo, pero el problema es que apenas hay tiempo: la ley va a pleno el jueves y allí necesita unanimidad para ser cambiada. Y después, en el Senado, PP y CiU pueden bloquear fácilmente cualquier cambio.