Hacienda abre una inspección fiscal especial a todos los implicados en la estafa de Irún

La Diputación de Guipúzcoa ha ordenado a la Hacienda foral que abra una inspección extraordinaria con la finalidad de investigar el patrimonio de los cuatro imputados en el caso de la estafa de Irún y de todas las personas relacionadas con este escándalo. Entre ellas se ha incluido al ex senador del PNV Víctor Bravo y dos altos cargos del Gobierno vasco y de la propia institución foral: Arantza Arbelaitz, esposa de éste y directora en el Departamento de Industria, y Rufino Eizaguirre, adscrito al gabinete del diputado general. La inspección afectará a 16 empresas y 22 personas.

El consejo de diputados aprobó el pasado martes que el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas inicie un "plan de inspección" a todas las personas vinculadas con la trama dirigida por el ex director de la Hacienda de Irún, José María Bravo, que supuestamente se apropió de al menos 1,5 millones de euros y cometió una estafa a las arcas forales que ya se eleva a cinco millones.

Es la primera vez en la historia que la Diputación de Guipúzcoa ordena abrir una inspección de estas características. Este paso se produce cuando el actual gobierno foral cesará en sus funciones el próximo 2 de julio. La investigación patrimonial afecta a los cuatro imputados en este caso -José María Bravo, su esposa María Rosa Cobos, Pilar Gracenea y Pedro Atristain- e incluye "a todas las personas físicas y jurídicas partícipes en propiedades y empresas que sirvieron para ocultar el dinero sustraído" que y figuran como tales en la denuncia presentada por la Fiscalía ante un juzgado de Irún, según anunció ayer el portavoz foral, Koldo Azkoitia. La inspección abarca, por lo tanto, a 16 sociedades y 22 personas.

Entre ellas figura Víctor Bravo, hermano del presunto cerebro de la trama y ex director de la Hacienda guipuzcoana cuando se produjeron los hechos delictivos. A raíz de destaparse este escándalo, el pasado lunes presentó su renuncia como senador del PNV para "asumir la responsabilidad política", aunque dijo estar "convencido" de su "inocencia".

El patrimonio de Víctor Bravo será investigado por la Hacienda foral al figurar nombrado en la denuncia del fiscal como copropietario de un local comercial ubicado en el municipio de Jerte (Cáceres). Entre sus titulares también se encuentran su esposa, Arantxa Arbelaitz, su hermano José María y la mujer de éste, María Rosa Cobos. El ex senador también tiene partipaciones en las empresas Roza Cabera SL y Ekialde SL, dos de las 16 empresas de las que se sirvieron los denunciados por el fiscal "para el aprovechamiento de los efectos del delito". Roza Cabera SL es, además, propietaria de tres fincas rústicas ubicadas en esta localidad de Extremadura, de donde procede la familia Bravo.

Dos altos cargos

La investigación se extenderá a la segunda esposa del ex senador peneuvista, Arantxa Arbelaitz, quien sólo aparece en el escrito del fiscal como copropietaria de un local comercial de Jerte. Arbelaitz fue presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Hacienda guipuzcoana durante diez años. Cesó en esa actividad el 4 de julio de 2003, el mismo día que su marido abandonó la dirección general de Hacienda. Pocas fechas después fue nombrada directora de Servicios Generales del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno vasco cuando estaba al frente de la consejería el actual presidente del PNV, Josu Jon Imaz.

Otro cargo de confianza de la administración que será sometido al plan de inspección es Rufino Eizaguirre Olcoz, jefe de la oficina técnica del gabinete y de las direcciones generales dependientes del diputado general, Joxe Joan González de Txabarri.

El nombre de Eizaguirre es citado en varias ocasiones en la investigación de de la Fiscalía por su vinculación con las personas relacionadas con el caso de la oficina tributaria de Irún. Es uno de los socios de los hermanos Bravo en las compañías Roza Cabera SL y Ekialde SL. Figura como administrador único de esta última empresa, que a su vez es propietaria de una parte de Fomento y Desarrollo del Valle del Jerte SL, una de las utilizadas para "encubrir la ilícita procedencia del dinero" que cobraban a los deudores y pasaba a manos de los imputados sin ingresarlas en la Hacienda foral.

La investigación extraordinaria ordenada por la Diputación se extiende a todas las personas vinculadas con las propiedades y empresas que figuran en el gráfico. Azkoitia no pudo confirmar el tiempo que necesitará Hacienda para realizar la indagación, aunque podría prolongarse entre seis y ocho meses. Se trata de un plazo similar al que necesitará para culminar la inspección que solicitó voluntariamente el ex candidato del PNV a diputado general, Jon Jauregi, quien renunció tras la polémica suscitada al descubrirse que había ocultado parte de su patrimonio inmobiliario a la Hacienda.

El portavoz foral no pudo precisar tampoco en qué situación quedan ante la Hacienda guipuzcoana las personas que entregaron importantes sumas de dinero a la trama para saldar sus deudas. Estos contribuyentes, que negociaron con José María Bravo el pago rebajado de sus obligaciones tributaria, han sido consideradas por la juez del caso como "víctimas" de la trama. Azkoitia, quien aseguró que estas personas actuaron "de buena fe", dijo desconocer de qué modo tratará la Hacienda foral de recuperar el montante defraudado, que por ahora asciende a 5.070.000 euros.