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Reportaje:

El tópico de la Andalucía subsidiada

Los datos oficiales desmienten que la comunidad "sobreviva" por las subvenciones

Las declaraciones realizadas el pasado lunes por el secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, en las que afirmaba que Andalucía es la región "que más alejada está de la convergencia real con Europa y que está a la cola en lo que se refiere a la calidad de los servicios públicos pese al esfuerzo que hacen, entre otros, los madrileños para sufragar una gran parte de los servicios públicos que se prestan en Andalucía", ha levantado ampollas en el Gobierno andaluz, que ha decidido poner fin definitivamente al tópico de la "Andalucía subsidiada". Un tópico utilizado reiteradamente desde territorios al norte de Despeñaperros y extendido como crítica política en cualquier debate entre las regiones más ricas y la andaluza.

Cada andaluz tuvo 17 euros en subvenciones frente a los 40 de la media nacional
Las prestaciones sociales de los andaluces están 11 puntos por debajo de la media española

Y es que pese a que muchos datos de la economía andaluza sitúan a la comunidad por debajo de niveles nacionales, otros constatan que es una de las regiones que más está tirando del carro del bienestar y de la economía española durante la última década y, especialmente, en el último trienio. Al mismo tiempo, se desmiente con los datos de la contabilidad nacional que sea una región beneficiada por las subvenciones e inversiones directas del Estado o de la UE.

La afirmación de Güemes sobre la convergencia andaluza se responde en el último informe del Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de febrero de 2007, en el que se afirma que, según datos de la Contabilidad Regional de España, "el crecimiento acumulado del PIB per cápita entre 2000 y 2005 ha sido superior en Andalucía que en el total de España (39,5% frente a 33,1%), lo que ha incidido en que el índice de convergencia en PIB per cápita andaluz sea en la actualidad 3,6 puntos porcentuales superior al existente en 2000". Asimismo el crecimiento acumulado del PIB andaluz en el citado periodo, un 19,8% frente al 17,2% nacional, ha determinado según este informe un "importante proceso de convergencia" debido tanto al incremento de la producción regional como al diferencial, inferior a la media, del crecimiento demográfico. En este mismo sentido, según el índice de convergencia real publicado por FUNCAS, la economía andaluza entre 2000 y 2004 ha aumentado su posición respecto a la media nacional hasta el 77,1% de la renta per cápita media española y ha mejorado notablemente su posición respecto a la UE, pasando en 2004 de representar el 65,6% al 71,3%, cifras ya superadas al 76% en 2006 y 2007.

El citado informe señala que Andalucía ha sido en el periodo 2000-2005 la región junto a Murcia (20,7%) con un crecimiento real acumulado del PIB (19,8%) muy superior al del conjunto del Estado (17,2%), además de haber soportado mejor que la media nacional la desaceleración económica del periodo 2001-2002, con un crecimiento del PIB superior en 0,8% a la media del Estado.

El cuadro que ilustra esta página pone de manifiesto también otros datos que permiten desterrar de una vez el sambenito de ser una región que sobrevive gracias a la "solidaridad" del Estado o a las subvenciones o inversiones nacionales y comunitarias, así como que el Estado gasta más en prestaciones per cápita para los andaluces que para cualquier otro ciudadano español.

Andalucía tiene el peso demográfico más elevado de todas las comunidades autónomas españolas (17,8%) y una superficie territorial que representa el 17,4% del territorio nacional, con una densidad demográfica de 89,6 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 87,4 habitantes de la media nacional.

Como muestra el gráfico, el gasto en inversión directa del Estado en Andalucía en la última década ha sido del 14,7% del total nacional, por debajo del peso tanto demográfico como territorial, e inferior a comunidades como la madrileña, con casi dos millones menos de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2006. En la tabla se puede constatar que durante el periodo 1997-2004, legislaturas gobernadas por el PP, la inversión directa del Estado en la comunidad alcanzó sólo el 13,5%.

Respecto al dinero estatal que reciben los andaluces como prestaciones sociales, el dato es inequívoco, incluidas las tan denostadas retribuciones del ahora llamado desempleo agrario. Frente a los 2.020 euros per cápita de la media nacional, los andaluces reciben de media 1.800,31 euros, once puntos porcentuales menos. Sólo los ciudadanos isleños de Baleares (1.666,11 euros) o Canarias (1.389,04), los de las ciudades autónomas de Ceuta (1.380,15) y Melilla (1.343,75) y las comunidades de Castilla la Mancha (1.695,29), Comunidad Valenciana (1.759,07) o Murcia (1.509,76) reciben prestaciones inferiores a los andaluces.

El capítulo de las subvenciones recibidas por habitante de cualquiera de las administraciones públicas nacionales o europeas tampoco deja en buen lugar a quienes aún siguen usando el tópico del andaluz subvencionado. La comunidad andaluza recibió durante el periodo 1999-2003 -último dato conocido de las Cuentas de las Administraciones Públicas Territoriales, IGAE- el 7,8% del total repartido en el Estado. Comunidades como Cataluña (22,5%) o Madrid (23,3%) triplicaron esa cifra, mientras a la Comunidad Valenciana llegó el 9,2% del total de subvenciones. En términos per cápita, el dato es aún más clarificador si cabe. Cada andaluz recibió de media 17 euros en subvenciones en ese periodo. Ningún otro ciudadano español recibió menos. 78 euros los extremeños; 71 los madrileños; 59 los navarros; 58 los catalanes o 38 los valencianos por poner algún ejemplo.

Por último, los datos al cierre del último marco de apoyo comunitario 2000-2006 determinan que en Andalucía, pese a contar con el mayor volumen de inversión de Fondos Estructurales de todas las comunidades, dado el carácter de ser región Objetivo 1 para Bruselas y su peso poblacional, la inversión per cápita fue superada por las recibidas en cinco comunidades -Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia y Extremadura- y la ciudad autónoma de Melilla.

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