El 'boom' alimenta la demanda de vivienda social

Barcelona tiene una demanda de vivienda insaciable. Como prueba, el último sorteo de viviendas de protección, en el que 54.440 personas optaron a 1.509 pisos. Sólo había casa para el 2,8% de los solicitantes. En todo 2006 se rifaron 2.200 viviendas, insuficientes para una ciudad que ha sufrido una de las mayores escaladas inflacionistas de España. En la última legislatura la obra nueva se ha encarecido el 66,6%, mientras que la segunda mano, el 55,6%. El perfil de un piso nuevo en la capital catalana es, según los promotores, el de una vivienda de 71,3 metros cuadrados que cuesta 590.000 euros.

Paradójicamente, Barcelona es la ciudad que más pisos sociales construye en Cataluña. A pesar de que el número de pisos protegidos el año pasado fue el 12% inferior al de 2005, la capital catalana concentra uno de cada cuatro pisos iniciados en toda la comunidad. El gobierno municipal (PSC, ERC e ICV) se propuso promover 10.000 pisos públicos entre 2004 y 2007. El último balance del Ayuntamiento señala que el 41,8% de las viviendas prometidas están terminadas, mientras que el 43,6% están en construcción o ya pueden empezar las obras. Las licencias del resto, 1.530 pisos, aún están en trámite.

La producción de vivienda pública ha dado un salto cuantitativo en los dos últimos años. Antes era más bien nula. En 2001, en pleno comienzo del boom inmobiliario, sólo el 5% de las licencias otorgadas por el consistorio correspondían a pisos sociales. ¿El culpable? Los socialistas apuntan a los gobiernos de la Generalitat que lideró CiU durante 23 años, que, dicen, ignoraron las necesidades de Barcelona. CiU acusa a los tripartitos municipales de dejadez y de haber malvendido suelo que poseía en el frente litoral.

La inversión del Ayuntamiento a partir de 2003 ha empezado a dar sus frutos en los últimos años. El consistorio inyectó 540 millones de euros en la compra de solares y otros 172 millones en la promoción de pisos y empezó a levantar viviendas para jóvenes y ancianos en suelo dotacional. Todo eso ha permitido que en los dos últimos años uno de cada tres pisos construidos en Barcelona sean protegidos. En cuatro años la promoción ha crecido el 139%.

Sin embargo, la entrada de más pisos sociales en el mercado no ha podido contener los precios de la vivienda ni acercar la producción de pisos públicos a la de otras ciudades. Madrid (35.000 viviendas), Sevilla (15.000) y Valencia (12.500) siguen teniendo los planes de vivienda más ambiciosos de España, aunque no escapan a la tragedia de los sorteos. El jueves, en Madrid 217.000 ciudadanos optaban a 1.378 pisos públicos.

Para los próximos años, Barcelona cuenta con nuevos desarrollos que suman cerca de seis millones de metros cuadrados de techo para viviendas, de las cuales el 54% serán públicas. Pero la lista de demandantes, lejos de irse desinflando, parece que puede engrosarse. El 25% de los ciudadanos con menos recursos hoy no podría acceder a un piso, ni tan sólo de protección, según el Libro Blanco de la Vivienda en Barcelona, de Antón Costas. De acuerdo con el informe, al próximo gobierno local se le plantea un reto nada fácil: dar alas al alquiler social, dar prioridad a los colectivos con riesgo de exclusión y buscar fórmulas imaginativas para crear más vivienda pública. Y deberá hacerlo ante una ciudadanía no sólo preocupada, sino también movilizada, ante el difícil acceso a una vivienda digna.