Una orden ministerial entierra la 'ley trampa' de Franco

"Enaltecer el recuerdo y lección de los Caídos por Dios y por España" y "exaltar las glorias castrenses patrias". Son dos de las expresiones que aparecen en la ley de 21 de julio de 1960 por la que el dictador Francisco Franco traspasó la propiedad del castillo de Montjuïc a la ciudad de Barcelona, un traspaso con trampa porque en el desarrollo de la ley y en su posterior reglamento se ataba de pies y manos la posibilidad de que el Ayuntamiento decidiera libremente qué hacer en el castillo. De hecho, en el Patronato que se constituyó -porque así lo disponía la ley franquista- los representantes del consistorio eran tres frente a los cinco restantes, cuatro de ellos militares y un quinto que era el delegado del Ministerio de Hacienda. El alcalde es el vicepresidente del patronato y la función del consistorio se limitaba a cuestiones urbanísticas del entorno.

Así las cosas, la demanda de que el castillo fuese, de verdad, cedido a la ciudad se planteó hace años y ha sido motivo de sucesivos pronunciamientos y mociones tanto del consistorio como del Congreso de los Diputados. Una de las primeras se produjo hace más de seis años. Fue presentada por Esquerra Republicana en el Congreso por un hecho concreto: la venta de simbología nazi en el castillo.

Aquella propuesta, apoyada por el pleno del Congreso, planteaba el cambio profundo de la ley y el reglamento franquista. En 2002, el entonces alcalde Joan Clos esperaba cerrar, en breve, la reforma del museo militar.

No fue así. Y ello pese a sucesivos pronunciamientos en ese sentido del consistorio de Barcelona. Por lo menos, uno en 2002, otro en 2004 y el último en 2006. Y también de promesas, especialmente del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en la campaña para las elecciones generales de 2004 se comprometió a ceder "sin condiciones" el castillo a la ciudad.

Tras ese compromiso se entablaron negociaciones entre representantes del consistorio y del Ministerio de Defensa. En estos encuentros parecía, durante unas primeras sesiones, que llegar a un acuerdo sería trabajoso pero no imposible. Hasta que se puso la letra sobre blanco y el entonces ministro de Defensa puso condiciones. Algunas, como que la bandera española ondeara en "sitio preferente" y que las antenas y el destacamento permanecerían levantaron ampollas en el consistorio. No tanto por las banderas, sino por el tono y las condiciones. Desde entonces, aquel proyecto de ley ha dormido en el trámite de alegaciones en el Congreso de los Diputados. Y la patata caliente que suponía desdecirse de un proyecto de ley se ha resuelto cambiando el método.