El Parlamento rechaza regular la prostitución al ligarla al tráfico de personas

El dictamen final de la comisión parlamentaria sobre la situación de la prostitución en España determina que es imposible regular la prostitución como una profesión. Así, en España no habrá ni regulación como en Holanda o Alemania, ni abolición como en Suecia. La comisión mixta (formada por diputados y senadores) incide en la imposibilidad de hacerlo, entre otras cosas porque "prostitución y el tráfico de personas son fenómenos ligados y relacionados que no pueden separarse".

Esta comisión reclama un plan de lucha contra la explotación sexual. Para ello exige que se intensifiquen las medidas policiales y judiciales para combatir la prostitución, la creación de unidades especializadas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que se investiguen los locales de alterne, los clubes de carretera y los burdeles, para perseguir este negocio. "La prostitución se ha convertido en un lucrativo negocio que está bajo el control de mafias criminales de ámbito transnacional que trafican con mujeres de la misma forma que lo hacen con armas o drogas. La relación entre tráfico y prostitución es muy estrecha", dice el informe aprobado ayer por el PSOE, PP, CiU, PNV y Entesa Catalana de Progrés, y rechazado por ERC, IU-ICV y Grupo Mixto.

El Congreso instó al Gobierno a que dé instrucciones al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que pida a los fiscales que "extremen su seguimiento y rigor en la persecución de las conductas delictivas relativas a la prostitución". Además, el dictamen demanda que el Ejecutivo elabore, en un plazo de seis meses, un plan integral contra el tráfico de mujeres y niñas que incluirá medidas para disminuir la demanda.

Acabar con las mafias

El plan propone medio centenar de iniciativas (educativas, legislativas, de sensibilización y de cooperación internacional) para terminar con las mafias. Recomienda también a los medios de comunicación que, en función de sus códigos deontológicos, renuncien a la publicidad del comercio sexual y a los anuncios de contactos.

Cristina Garaizábal, del colectivo de prostitutas Hetaira, lamentó ayer las conclusiones del informe. "No regular es dejar en la indefensión a las mujeres que ejercen la prostitución de forma voluntaria", declaró. Garaizábal se mostró indignada con que no se diferencie entre prostitución forzada y voluntaria. "Tratan a las mujeres como sujetos sin capacidad de decidir. Es penoso. Además, comparar esclavitud con prostitución voluntaria minimiza la situación en la que viven miles de mujeres que son forzadas a ejercerla", dijo.

Georgina Oliva de ERC, Carme García de IU-ICV y Juan Ramón Urrutia del Grupo Mixto, que votaron en contra del texto, criticaron que la Comisión haya "perdido la oportunidad" de regular la situación de aquellas mujeres que se prostituyen de forma "voluntaria", a causa de un "moralismo de derechas" o "por un feminismo mal entendido".