El autobombo de los gobiernos sigue fuera de control

La buena noticia es que el Ejecutivo ha puesto por fin en marcha la comisión que vigilará que las campañas de publicidad institucional no deriven en autobombo de los gobiernos pagado con dinero público. La mala es que esa comisión se declara incompetente para controlar y, en su caso, suspender los anuncios de ayuntamientos y comunidades autónomas. Y eso que la ley que dio lugar a la comisión, aprobada hace año y medio, extiende expresamente a todas las Administraciones la prohibición de hacer publicidad de autobombo.

"Vamos a ser muy exigentes con nuestras propias campañas, las del Gobierno central, pero en cuanto al resto no podemos hacer nada. Es cierto que la prohibición afecta a todos, pero el grueso de la ley, incluida la comisión de control, sólo es de ámbito estatal", afirma un portavoz del Ministerio de Presidencia. Así que si alguien quiere denunciar una campaña por considerar que cae en la propaganda tendrá que acudir "a los cauces de siempre: los tribunales". Sólo que ahora podrá esgrimir una ley más exigente al respecto.

La única forma de denunciar la propaganda sigue siendo la que ya había: ir a los tribunales

Los municipios han apurado las semanas previas a las elecciones para publicitar su gestión

Eso es lo que el Ejecutivo ha respondido a tres de los cuatro demandantes que ya se han dirigido a la comisión: el grupo de IU en el Ayuntamiento de Madrid y el grupo del PP en Getafe (Madrid) han denunciado sendas campañas de los respectivos gobiernos municipales -del PP en el primer caso, del PSOE en el segundo- porque "destacan los logros de gestión" y eso está prohibido por el artículo 4 de la Ley de Publicidad Institucional, de 2005. La comisión les ha contestado que no puede hacer nada y les ha aconsejado que acudan al juzgado de lo contencioso-administrativo. Idéntica respuesta ha recibido el Cabildo Insular de Tenerife, autor del tercer recurso.

Otra reclamación, la de la Generalitat valenciana (PP) contra un anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, también ha sido desestimada; en este caso sí era competente la comisión, pero "no se daban los requisitos para la suspensión de la publicidad".

Así las cosas, no parece que la nueva ley aporte mucho, en la práctica, a la hora de frenar la tentación de comunidades y ayuntamientos para presumir de su gestión a cargo de la publicidad institucional (con dinero público), más ahora que las elecciones están al caer. Éstos son algunos ejemplos de campañas publicitarias recientes, y polémicas, en ciudades con gobiernos de todo signo político.

- Madrid. El Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP y presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, lanzó hace cinco meses una campaña en televisión que mostraba una serie de imágenes del Madrid de principios del siglo XX y terminaba con una enigmática pregunta: "¿Qué pasaría si nunca pasase nada?". Unos meses después se daba a sí mismo respuesta con una segunda oleada de anuncios en los que el Ayuntamiento reivindica su política de grandes infraestructuras; el mensaje era claro: las obras son necesarias para que la ciudad avance. La campaña, que dejó de emitirse el pasado lunes al ser convocadas las elecciones, ha costado más de un millón de euros. El PSOE ha anunciado que la llevará ante un juez. "No es propaganda; es sólo una reflexión sobre la evolución de la ciudad", replican desde el gobierno municipal.

En Getafe, localidad madrileña gobernada por el PSOE, el Ayuntamiento editó el pasado verano un DVD y un folleto titulado 1.000 días de gestión, el compromiso de todos, que pinta un panorama idílico de la ciudad y da repaso a todos los proyectos ejecutados por los socialistas. El PP denunció la campaña ante la Audiencia Nacional.

- Barcelona. Durante tres domingos de marzo, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSC, ERC e ICV, insertó en El Periódico de Catalunya una revista que glosaba las principales actuaciones del mandato. La última entrega fue una guía de Calles del Área Metropolitana ilustrada por una carta y foto del alcalde, el socialista Jordi Hereu. El sobregasto de publicidad comenzó en 2006, cuando el consistorio gastó 11,8 millones de euros en anuncios institucionales: había presupuestado 4,8 millones.

- Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) puso hace diez días punto final a las campañas institucionales para no interferir con la convocatoria de elecciones. El último anuncio de exaltación de las promesas cumplidas se centró en recordar las actuaciones llevadas a cabo dentro del plan de barrios. Bajo el lema Tu barrio importa, el gobierno municipal ha apurado las fechas para difundir en prensa, radio y televisión las obras terminadas y los proyectos en marcha.

En Jaén, el PP lleva meses insertando anuncios de autobombo sobre diferentes proyectos de gobierno, sobre todo urbanísticos y de la Empresa Pública de Aparcamientos. En ocasiones se han contratado publirreportajes de varias páginas sobre la inauguración de alguna obra importante. Y el Ayuntamiento ha repartido por la ciudad 80 carteles luminosos -abastecidos con alumbrado público, según el PSOE- ensalzando su gestión.

Córdoba, gobernada por IU, ha puesto en marcha una campaña de publicidad bajo el título Un modelo de ciudad que resume la acción de la alcaldesa Rosa Aguilar en estos cuatro años. El PP la ha tachado de "partidista" y estudia llevarla a los tribunales; el PSOE coincide en que es "publicidad electoral encubierta".

El gobierno municipal de Cádiz, dirigido por Teófila Martínez (PP), realiza a diario, desde hace semanas, campañas publicitarias en los medios locales sobre sus logros. Además, ha inundado la ciudad de vallas en las que destaca sus propios proyectos o se apropia de los de otras Administraciones.

Por último, el PSOE de Huelva denuncia que el gobierno del PP está remitiendo decenas de miles de cartas a los vecinos informándoles de las principales inauguraciones que se realizan en cada barrio.