Nueva masacre en la misma prisión de Tabasco que ardió en un motín en diciembre

En diciembre fue un motín que prendió llamas a la prisión y dejó siete muertos y una decena de heridos, entre imágenes de violencia extrema. Y este martes el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Crest) ha vuelto a protagonizar las páginas de nota roja con un nuevo tiroteo presuntamente entre dos bandas rivales que ha matado a otros siete presos, el mismo número que en Navidad. Dos masacres en menos de dos meses que ponen contra las cuerdas a la dirección del penal, en la mira de las organizaciones de derechos humanos desde hace años, y al Gobierno del Estado, que en los últimos meses se está hundiendo en la crisis de violencia que consume a la vecina Chiapas y grandes regiones de México.

Las causas de la matanza todavía no están claras. La Fiscalía estatal solo ha informado en un comunicado de tres líneas que ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. “Se trabaja en coordinación con la Mesa de Seguridad Tabasco”. Nada más por el momento. En diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos hizo un llamado público a “las autoridades del Gobierno de Tabasco a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas privadas de la libertad en el Crest”.

No parece que la llamada de atención haya tenido efecto. Tampoco fue la primera. En 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco ya acusó a la dirección de la prisión de permitir “presuntas violaciones a los derechos humanos” de los presos, “atribuibles a servidores públicos adscritos al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco”.

En diciembre, el motín subió la temperatura. Fuera de la prisión, ardieron coches y tiendas. La policía tuvo que ingresar al penal armada con tanques de gas lacrimógeno para sofocar el estallido. Mientras, los familiares de los reos se manifestaban a las puertas del Crest para exigir información sobre lo que estaba pasando entre los opacos muros. Los datos llegaban a cuentagotas, en su mayoría porque los presos, de tanto en tanto, lograban difundir videos en internet que mostraban pabellones en llamas, ruidos, caos, toses por el humo. En una de las grabaciones, un interno que se identificaba como “el cabo general del patio” dice: “Nos están matando a toda la gente”.

El 20 de noviembre, un fuerte operativo policial había decomisado armas y drogas en el Crest. Los internos trataron de iniciar un motín ya entonces con la quema de basura en uno de los patios, una columna de humo negro que se veía desde los alrededores del penal. Aquella vez no hubo heridos y el conato de motín se apagó tan rápido como empezó, pero un día después, el director de la prisión, Juan Manuel Arteaga, dimitió por “motivos personales”. Poco antes, el crimen organizado abandonó un coche a las puertas de la cárcel con un cadáver en el maletero y un mensaje contra Arteaga que lo acusaba de introducir droga en la prisión. El cuerpo pertenecía a uno de los guardas del centro que había sido secuestrado.

Otro video, difundido horas después en redes sociales, mostraba a un grupo de hombres encapuchados y armados amenazar a Arteaga. En diciembre, poco antes del motín que causó siete muertos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tabasco designó al sucesor de Arteaga, Enrique Díaz Álvarez, sin aclarar nada sobre la salida repentina del exdirector y las amenazas. En dos meses, bajo el mandato de Díaz Álvarez, el Crest ha vivido ya dos matanzas, mientras crecen las sospechas sobre el control de facto del crimen organizado en la prisión.

Tabasco, al filo

En el mismo período de tiempo, Tabasco ha sido protagonista habitualmente de episodios de violencia que parecían haber respetado durante años la entidad, mientras vecinos como Chiapas o Veracruz vivían entre balaceras. El 5 de enero, la noche de Reyes, un grupo de hombres armados acribilló a las 21.00 el bar La Casita Azul, en Villahermosa. Asesinó a siete personas e hirió a otras cinco. Todo lo que dijo la Fiscalía es que se trataba de un “bar clandestino”, pero no dio detalles de los motivos del crimen. Otras seis personas fueron masacradas, también en Villahermosa, también en un bar, en noviembre.

Siete cuerpos desmembrados fueron encontrados en una carretera entre la capital y Teapa y otros tres en un panteón en Nacajuca, a unos 30 kilómetros de Villahermosa. Se suman a la lista el asesinato a balazos de dos policías, entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación de tabasco, José Carmen N., y el del periodista Alejandro Gallegos, para completar la elocuente imagen de cómo el crimen organizado ha decidido reclamar el Estado como suyo.

La sangre ha alcanzado también el plano político. El gobernador de Tabasco, Javier May, acusó a Adán Augusto López, peso pesado del partido que Gobierna el país, Morena, y predecesor de May en el cargo, de haber dejado crecer al grupo criminal La Barredora bajo su mandato. Tras la captura de Carlos Tomás “N”, alias El Lic o El Tomasín, identificado como uno de los capos de la mafia local, Villahermosa sufrió una jornada de tiroteos, incendios y cadáveres abandonados en las calles con signos de tortura y mensajes amenazantes con los cuerpos como medio.

Como elemento surrealista que añadir a la macabra lista, el Cártel Jalisco Nueva Generación repartió la noche de Reyes, la misma de la masacre en La Casita Azul, roscas y regalos en varias comunidades del Estado. Las imágenes, grabadas con teléfono móvil y difundidas por internet, llegaron al Palacio Nacional. El 15 de enero, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de 180 agentes de la Secretaría de Defensa y de la Guardia Nacional a Tabasco. La masacre repetida en Crest pone en duda la eficacia de la misión.