La justicia belga detiene a tres personas por fraude a la UE

La fiscalía de Bruselas anunció ayer la detención de tres personas implicadas en un fraude multimillonario relacionado con el alquiler de inmuebles y de sus servicios de seguridad, que constituyen sedes de la representación exterior de la Unión Europea. Las investigaciones se centran en los edificios de la UE en Tirana y Nueva Delhi. Los detenidos son todos de nacionalidad italiana. Giancarlo Ciotti, de 46 años, funcionario de nivel intermedio de la Dirección General de Relaciones Exteriores; el empresario inmobiliario Ángelo Troiano, de 60, y Sergio Tricarico, de 39, asistente del europarlamentario del Grupo No Inscritos, Gianni Rivera antiguo jugador de fútbol del Milan y de la selección italiana.

Las detenciones se produjeron en la madrugada del martes, durante una amplia redada policial en la que participaron 150 agentes de varios países europeos. Las actuaciones policiales se han desarrollado principalmente en Italia y también en Luxemburgo, Francia y Bélgica, en cuyo país se efectuaron registros en 30 despachos. La UE tiene 132 delegaciones diplomáticas exteriores con un presupuesto de 500 millones de euros, de los que 56 millones se destinan al alquiler de edificios y 20 millones a servicios de seguridad. La mayor parte de inmuebles exteriores de la UE son de alquiler.

Falsificación de documentos

La fiscalía estima que las operaciones fraudulentas se efectuaron mediante la falsificación de documentos y otras actividades delictivas durante una decena de años. El montante de las operaciones afectadas podría ascender a "varias decenas de millones de euros y las cantidades defraudadas a varios millones de euros", según Jos Colpin, portavoz de la fiscalía belga. Colpin indicó que dada la gravedad de los hechos, los implicados "podrían ser condenados apenas que van de cinco a diez años de prisión".

Las irregularidades fueron puestas de manifiesto por un empresario finlandés que se consideraba perjudicado por los sistemas de adjudicación y los puso en conocimiento de la Comisión, que tras un examen preliminar los envió a la OLAF, la Oficina Anti Fraude Europa. Tras un examen más exhaustivo, la OLAF, un organismo independiente aunque depende administrativamente de la Comisión, los envió a la justicia belga el 13 de junio de 2004, es decir, durante el último año de la Comisión Prodi. La investigación, que ha sido llevada a cabo por la juez Berta Bernardo-Méndez, condujo a los registros y detenciones practicados ayer. El próximo viernes, las autoridades judiciales decidirán si los detenidos continúan en prisión o se concede su libertad provisional.

El portavoz del Ejecutivo Comunitario, Johannes Laitenberger, manifestó ayer que "la Comisión se consideraba como víctima en este asunto y que no descartaba personarse como parte en la causa civil". La OLAF precisó que las irregularidades fueron "la manipulación de los procesos de adjudicación de los concursos y fraude en el leasing y contratación pública".