Política Territorial promete resolver el atasco de los permisos para explotaciones agrarias

Unos 2.100 expedientes de obras para explotaciones agrarias se acumulan sin resolver en los despachos de la Consellería de Política Territorial, lo que impide a los ayuntamientos gallegos conceder licencias para obras de mejora y ampliación. La conselleira María José Caride se comprometió ayer con una delegación del sindicato Unións Agrarias a agilizar las autorizaciones, cuyo retraso está impidiendo a cientos de ganaderos acceder a créditos de entidades financieras o a unas subvenciones de la Unión Europesa que alcanzan de media los 25.000 euros.

María José Caride se entrevistó en la consellería con el secretario general de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, y con el secretario de Servicios del sindicato, Javier Iglesias. La reunión sirvió para que la titular de Política Territorial asumiera el problema y se comprometiera con los dirigentes sindicales a agilizar los trámites, especialmente los de los 700 expedientes que llevan más de 18 meses a la espera de la autorización preceptiva de la Xunta, para poder realizar obras de mejora y ampliaciones en explotaciones agrarias.

En todos los casos, la autorización previa de la Xunta es imprescindible para que los ayuntamientos concedan la licencia municipal. Además de esos 700 expedientes antiguos, otros 1.400 tramitados más recientemente están también a la espera de una resolución administrativa. Pero son los que superan el año y medio de retraso los que ocasionan los problemas más graves, ya que amenazan seriamente el cobro de subvenciones concedidas por la UE a los profesionales agrarios que emprenden mejoras en sus explotaciones.

Los ganaderos con planes de mejora aprobados por la Xunta están solicitando prórrogas para la justificación del proyecto, y no pueden acceder a un nuevo plan de mejora hasta que no obtengan licencia que justifique el plan anterior. El plazo del plan cuatrienal 2002-2004 para justificar esos proyectos vence en junio del año próximo, por lo que los representantes sindicales instaron a la conselleira a buscar una rápida solución.

El problema de las autorizaciones tiene su origen en la Ley del Suelo de Galicia de 2002, que obliga a obtener un permiso administrativo de la Dirección General de Urbanismo previo a la concesión de la licencia municipal para ejecutar obras de mejora o ampliación de las instalaciones ganaderas. La progresiva acumulación de expedientes ha provocado "un auténtico embudo", en palabras del secretario de Servicios de UUAA, que asegura que el retraso es especialmente grave en las provincias de Pontevedra y A Coruña.

El atasco viene siendo denunciado también con insistencia por los alcaldes de los municipios rurales de Galicia. Tanto es así, que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) presentará hoy una modificación de la Ley del Suelo, que trasladará a los grupos parlamentarios para que la defiendan en la Cámara autonómica.