La Junta, la lotera, el joyero y el juez

En torno al día 15 de cada mes, el juez Miguel Ángel Torres levanta el secreto de sumario sobre algunos tomos del caso Malaya. La mayoría de las veces esta medida suele ir precedida de varias órdenes de detención contra nuevos miembros de esa tribu de delincuentes que esquilmaron las arcas del ayuntamiento de Marbella y se merendaron con cemento su término municipal. Por el levantamiento del secreto, se va conociendo un poco más de la desvergüenza con la que actuaban los imputados, mientras que por las órdenes de detención va aumentando el número de personajes que se beneficiaron del saqueo, esa panda de impresentables que está a punto de alcanzar el centenar, el doble que tenía la banda de ladrones más famosa hasta ahora de la historia, la que lideró Alí Babá.

Por los juzgados de Marbella ha pasado ya lo más granado de la sociedad: alcaldes, concejales, empresarios, notarios, banqueros, asesores, policías, y salvo Ninette, hasta un montón de señores de Murcia, Madrid o Sevilla, por citar algunos ejemplos que demuestran que el dinero corre siempre más rápido que las impugnaciones y los autos judiciales. Los últimos detenidos han sido la esposa, la hija y un cuñado de Roca, lo que viene a demostrar que la familia que delinque unida permanece siempre unida. Incluso se podría decir que la familia que delinque unida permanece unida hasta cuando se separa, como es el caso de Julián Muñoz.

En los últimos tomos sobre los que se ha levantado el secreto de sumario apenas tienen ya protagonismo los personajes principales de la trama, pero van emergiendo los secundarios. Ésos que se fueron sumando a este festín de corrupción y dinero fácil. Entre ellos, policías locales que subastaron coches o vendían información; joyeros que despachaban los Rolex al peso y hasta una mujer que compraba boletos de lotería premiados para lavar dinero negro. Una larga lista de meritorios de segunda fila cuya presencia en la trama demuestra que el ansía por el dinero es el camino más fácil para llegar a la miseria, a la humana.

Así andaba el caso Malaya, en pleno altibajo mediático, hasta que apareció un auto del juez Torres rechazando la personación de la Junta como perjudicada en el proceso, al considerar que su posición se acerca más a la de responsable que a la de víctima. Un auto donde reprocha a la administración regional "que no haya podido, sabido o querido" ejercer sus competencias; y donde se afirma que pudo lucrarse con los tributos que generaron las compra-venta de estas viviendas. La Junta dice que el auto fue contestado y que tras sus alegaciones se aceptó la personación en la causa, aunque no como perjudicada. Recuerda que presentaron 400 impugnaciones contra las licencias ilegales y que los jueces no la atendieron durante años. Y advierte que los ingresos por las licencias irregulares fueron al Ayuntamiento, y no a las arcas de la administración regional. Pero la duda del juez Torres sobre si -desde un principio y siempre- la Junta pudo, supo o quiso ejercer sus competencias en materia urbanística es más que razonable.

En Marbella se produjo un pulso entre el poder y el querer. Está clara la identidad de los que quisieron y pudieron desvalijar la ciudad, pero sobre la actuación de los demás surgen dudas. Con licencias compradas con maletines, hubo constructoras que levantaron pisos irregulares; bancos que dieron créditos para construirlos; ciudadanos que los adquirieron; notarios que los escrituraron y administraciones que cobraron sus impuestos, el Estado el IVA y la Junta el de transmisiones patrimoniales. Por eso, mientras la Justicia decidía si tenía o no que decidir, la sociedad siguió funcionando administrativamente como si no pasara nada. Creciendo con sus ladrillos, su cemento y su euribor; con unos que recibían relojes y otros cestas de navidad. Con gente buscando lotería premiada y otra gente dispuesta a venderla. En definitiva, con esa inaceptable normalidad que certifica el tampón de caucho y un registro de entrada, la cuenta de resultados de las empresas, las estadísticas del paro, el boom de la construcción y la reducción del déficit público.