Pulso digital entre Industria y Cultura

Moncloa tendrá la última palabra. Los ministerios de Industria y Cultura

llevan tres meses discutiendo cuánto pagaremos por los dispositivos que permiten copiar obras culturales; el primero defiende los intereses de la industria tecnológica que fabrica esos dispositivos, y el segundo, los de los autores cuyas obras son copiadas. Ambos ministerios deberían llegar a un acuerdo antes del 25 de marzo, pero fuentes cercanas a la negociación creen que ésta se alargará porque las posiciones están muy enfrentadas. Además, después del acuerdo, las partes abrirán un periodo de consulta con los consumidores y tienen que remitir la orden al Ministerio de Economía, así que puede que la decisión se posponga hasta después de las próximas elecciones de mayo. Y es que es posible que la medida que tomen sea muy impopular.

Ésta es una nueva batalla en una guerra muy vieja. Desde 1992, los fabricantes de dispositivos tecnológicos tienen que pagar una cantidad fija (denominada canon) a las entidades de gestión de los derechos de autor. Los fabricantes pagan (y después repercuten ese precio a los usuarios) por los dispositivos electrónicos que se pueden utilizar para copiar obras sujetas a derechos de autor, como fotocopiadoras, grabadoras de vídeo o CD vírgenes. Se trata de compensar a los autores por los ingresos que, teóricamente, dejan de percibir cuando un consumidor copia una obra y no la compra. En España, la copia para uso privado es legal.

Las partes (patronales tecnológicas y entidades gestoras de derechos) negocian el precio del canon cada dos años. En 2005 ya fue muy complicado llegar a un acuerdo, hasta el punto de que algunos fabricantes de CD acabaron en los tribunales. Después del pacto, los CD grabables pagan 16 céntimos euros, y los DVD, 60 céntimos, lo que supone más de la mitad del precio total de los soportes, según los fabricantes tecnológicos.

Pero la batalla de 2007 está siendo especialmente compleja. Los ministerios, de hecho, han tenido que empezar a negociar ante el fracaso de las partes en ponerse de acuerdo. Y es que, en el viejo mundo analógico, había un limitado número de dispositivos que copiaban obras, y era relativamente fácil controlar el uso que se hacía de ellos. La digitalización de esas obras provoca que se pueda copiar de forma ilimitada sin degradarse, y que se pueda disfrutar de ellas en distintos dispositivos. Por eso, ahora no sólo se discute cuánto hay que pagar; se discute por qué dispositivos hay que hacerlo.

Los CD pueden usarse para grabar música, pero también datos personales de los usuarios o la declaración de la renta. Un teléfono móvil puede reproducir música pero ¿hasta qué punto lo utilizan los usuarios para este fin? ¿Y una cámara digital? ¿Se usa para copiar obras, o para guardar recuerdos? Las entidades gestoras reclaman que los fabricantes paguen canon por prácticamente todos los productos que podrían contener y transmitir obras culturales, excepto las líneas ADSL.

Los dos contendientes llevan meses calentando la negociación entre Industria y Cultura. Han realizado ruedas de prensa y publicado informes propios donde se afirma que los usuarios prácticamente no utilizan los dispositivos para copiar, los unos, y que la copia es indiscriminada, los otros.

Según la patronal tecnológica AETIC, la imposición del canon encarecerá los productos una media del 25%, lo que, además, incentiva el fraude y castiga a las empresas del sector: el 40% de las ventas de productos sometidos al canon son piratas, asegura. En el mismo bando, la patronal de empresas electrónicas ASIMELEC asegura que el 93% de los usuarios de equipos multifuncionales (impresora y escáner) no copia nunca libros.

Precios más bajos

En el otro lado, CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) asegura que el 11% de la población reproduce libros y revistas. Y la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) explica que quien está obligado legalmente a pagar el canon es el fabricante y no el usuario, y que el precio de productos de CD vírgenes ha bajado en los últimos años.

¿De cuánto dinero se está hablando? Ahora mismo, las entidades cobran 120 millones de euros, de los cuales 80 corresponden a audiovisual y 40 a reprografía. De las reuniones entre Industria y Cultura no se ha filtrado información alguna. La patronal tecnológica AETIC aseguró en febrero que las entidades de derechos estaban reclamando 2.000 millones, aunque unos días después aseguró que eran 1.200. Las entidades niegan "categóricamente" que la cifra que reclaman se acerque a ésta, aunque tampoco hacen pública la cifra que exigen. Fuentes de la negociación aseguran que la cifra podría rondar los 500 millones lo que, en todo caso, multiplicaría por cinco la que se cobra ahora.

Los consumidores y usuarios, mientras, se han puesto masivamente del lado de los fabricantes.

La Plataforma Todos Contra el Canon, que incluye a consumidores y empresas tecnológicas, presentará mañana al Ministerio de Industria un millón de firmas contra el nuevo canon.