Impropio de una democracia europea
"No comprendo que al presidente se le haga una pregunta y luego no se le escuche", dijo Javier Rojo, presidente del Senado, cuando trataba de acallar la bronca que el graderío del PP tenía montada en la sesión de control de ayer en la Cámara alta y que impedía hablar a Zapatero. Rojo confesó su temor de que la gente saque la impresión de que los parlamentarios sólo acuden a los plenos para escuchar a los suyos. Es un buen resumen de la inquietud de muchos ciudadanos ante el aparente diálogo de sordos entre partidos y el desinterés de los políticos por conocer las razones del otro. O peor aún, como ayer demostraron los senadores del PP, en que no se oigan -literalmente- las razones del otro. Aunque sea a gritos, con insultos y en un clima cada día más irrespirable.
"No es la primera vez que un Gobierno cede al chantaje de ETA, sino la primera vez que un partido democrático se atreve a decir que un Gobierno ha cedido al chantaje de ETA", dijo Zapatero en respuesta a la más fuerte acusación del portavoz popular, García Escudero, en relación al asunto del etarra De Juana. La argumentación del presidente fue que situaciones similares se habían dado en el pasado sin mayor escándalo. Mezcló, sin embargo, situaciones heterogéneas. La mayoría de las 306 excarcelaciones anticipadas de etarras con el Gobierno del PP entre 1996 y 2004 -incluida la de Iñaki Bilbao, que a los dos años de salir asesinó a un concejal socialista- no fueron "decididas" por el Gobierno de entonces, sino resultado de las redenciones de penas por trabajo del Código de 1973. Sirven de referencia para poner en su contexto que De Juana hubiera cumplido la pena tras sólo 18 años en prisión; pero tiene poco que ver con la decisión de concederle la prisión atenuada.
Con lo que sí cabe la comparación es con los acercamientos producidos durante el secuestro del funcionario Ortega Lara, a fin de no dar argumentos a los secuestradores, según arguyeron los gobernantes de entonces. Si ahora ha habido cesión, también entonces, vino a decir Zapatero. Y no puede hablarse de arbitrariedad: el juez de vigilancia penitenciaria avaló una solución que buscaba compaginar el principio humanitario y el respeto a la norma.
Tras el antidemocrático ejemplo de los suyos en el Senado, a Rajoy no se le ocurrió otra cosa que acusar a Zapatero de actuar "como un hooligan": no cabía día peor para semejante ocurrencia. Quienes actuaron como tales fueron los senadores populares en un espectáculo bochornoso, que no es propio ni de una democracia europea ni digno de un partido que ha gobernado España y debe de aspirar a volver a gobernarla, en lugar de autosituarse en la marginalidad. Pero Rajoy también se ofreció, y esperemos que no fuera un sarcasmo (a los que tan aficionado parece), para "un debate sereno" en el Parlamento. Lástima que lo hiciera tras la insólita convocatoria el próximo sábado de una manifestación para dirimir el asunto en la calle, aprovechando la fuerte carga emocional que arrastra.
El presidente, que pareció ser consciente de la fuerte división que el asunto De Juana ha suscitado en la población, incluyendo el electorado socialista, haría bien en tomarle la palabra y asumir personalmente la defensa, en el debate parlamentario previsto para la semana próxima, de las decisiones del Gobierno en este caso. Argumentos tiene para ello.
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