Unida a un respirador

El caso de Inmaculada Echevarría, la mujer de 51 años con distrofia muscular progresiva que ha pedido la desconexión del respirador artificial que la mantiene con vida desde hace 10 años, merece ser tratado con el máximo respeto profesional y humano. Esto exige que, de un lado, se resuelva en el estricto ámbito médico-sanitario y, de otro, no sea utilizado como argumento de posicionamientos ideológicos cerrados y sin matiz, es decir, profundamente inhumanos, sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna.

Tanto el Comité de Ética andaluz como el Consejo Consultivo de Andalucía han dictaminado que "no se ven razones éticas que impidan a los profesionales cumplir la petición de suspensión de ventilación mecánica" que solicitó la enferma hace cuatro meses desde la cama del hospital de San Rafael, de Granada, perteneciente a la orden de San Juan de Dios, donde se encuentra postrada desde hace años. Lo solicitado no es algo extraordinario en la práctica asistencial, pues se encuadra en lo que se considera "un rechazo del tratamiento" al que tiene derecho el enfermo de acuerdo con la Ley de Autonomía del Paciente de 2002. Retirar un respirador y administrar al mismo tiempo sedantes para evitar el sufrimiento es algo que se hace todos los días en los hospitales españoles, dentro de lo que se denomina, según una buena práctica médica, limitación del esfuerzo terapéutico.

Si Inmaculada Echevarría ha tomado su decisión libremente y sin presiones externas, si ha sido informada de los tratamientos paliativos que la medicina puede ofrecerle y si es plenamente consciente de la "alta probabilidad" -ésta es la expresión utilizada por el Comité de Ética- de morir que tiene una vez retirada la ventilación artificial, no hay razones para oponerse a su voluntad, cumpliéndola en las mejores condiciones de acuerdo con los protocolos de sedación paliativa para enfermos irreversibles.

Quedaba la cuestión de qué equipo médico llevaría a cabo la desconexión, pero la dirección del hospital de San Rafael, donde está internada la enferma, se ha mostrado dispuesta a que se haga en este centro, lo que constituye un gesto valiente y profesionalmente comprometido, si se tiene en cuenta el rechazo expresado por los sectores más conservadores de la Iglesia, y en concreto por el cardenal Antonio Cañizares, a los dictámenes de los dos organismos andaluces. La decisión de Inmaculada Echevarría de poner término a una forma de vida artificial tiene amparo en la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, pero habría que garantizar, con las adecuadas reformas del Código Penal, que casos como éste no puedan ser instrumentalizados en los tribunales.