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Una juez imputa delito urbanístico al director de acuicultura de Pescanova

La Guardia Civil denunció a una piscifactoría por invadir zona marítimo-terrestre en Oia

Un presunto delito de prevaricación y otro de ordenación del territorio han llevado al juzgado número 1 de Tui como imputados a miembros de la anterior corporación del Ayuntamiento de Oia, al aparejador municipal y al director de la filial de Pescanova que gestiona las granjas marinas, Insuiña S.L. Según la denuncia que la Guardia Civil elevó a un juzgado de Tui en 2005, el proyecto de construcción de la factoría para la cría de rodaballo se ejecutó pese a los informes contrarios de los técnicos de la Xunta, que calificaron el emplazamiento como suelo rústico de protección de Costas.

Según consta en la denuncia presentada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la resolución de la Consellería de Ordenación del Territorio de la Xunta denegando la instalación de una planta acuícola de Insuiña, en el lugar de Mougás, en el municipio pontevedrés de Oia, se firmó en abril de 1999. Los trámites los había iniciado la empresa a través de su director José Enrique de Llano Monelos, a fin de instalar una pisicifactoría para la producción de rodaballo y otras especies.

En dicha resolución se denegaba la autorización autonómica previa para construir la citada factoría en una parcela de 10.000 metros cuadrados porque se trata de un emplazamiento que ocupa terrenos de la franja marítimo-terrestre afectados por la normativa de Costas. Según constataron tiempo después los agentes del Seprona, el único informe que prevaleció para que el equipo de gobierno concediese la licencia de obra a Insuiña, en febrero de 2000, es el que elaboró el entonces aparejador municipal y también imputado, Joaquín Pazo Eloy, por encargo de los máximos responsables del Ayuntamiento de Oia.

Rodríguez Miniño, el entonces alcalde popular de Oia, que ya fue denunciado en al menos otra ocasión por presunta prevaricación en relación con temas urbanísticos, delegó las competencias de este procedimiento en el concejal de urbanismo, Manuel Acevedo Díaz, también imputado en esta investigación judicial.

Iniciadas las obras, pese a los informes en contra de los técnicos de la Xunta, en marzo de 2004 se incoó un expediente de reposición de la legalidad por infracción por parte de la Dirección Xeral de Urbanismo contra Insuiña SL. Sin embargo, la factoría continuó desarrollando su actividad desde entonces.

La investigaciones del Seprona culminaron en el juzgado de Tui, donde su titular, María Belén Martínez Pato, abrió diligencias de oficio. Un sumario que se encuentra en plena instrucción y donde ya han pasado a declarar los principales imputados, el alcalde, el concejal y el aparejador, así como varios testigos. El último en prestar testimonio ante la jueza fue el propio director de Insuiña, José Enrique de Llano, el pasado 11 de enero.

Los imputados en este denuncia por presunta prevaricación han abandonado sus cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento. El que fuera concejal delegado de urbanismo, Manuel Acevedo, apodado Lelo, posee una pequeña empresa de construcción y abandonó la política "quemado", según sus allegados. La defensa del ex edil, que ejerce un letrado del conocido bufete de Vigo Martínez Barros y Narbón, ha solicitado el sobreseimiento de la acusación por prevaricación contra su cliente porque cree que Acevedo "carecía de conocimientos suficientes y responsabilidad" para tomar una decisión meramente técnica y que, en todo caso, actuó desde su cargo político por delegación del alcalde. Precisamente José Luis Narbón, uno de los socios del bufete que defiende al ex concejal, fue director general de Urbanismo de la Xunta.

La denuncia del Seprona viene a sumarse a otras que ya han sido trasladadas al juzgado por presuntos delitos de medio ambiente, recursos naturales y ordenación del territorio que también afectan a varios ayuntamientos del Baixo Miño. Una comarca de apenas 45.000 habitantes pero con una demanda de suelo cuando menos llamativa, como es el caso de municipios como el de Tomiño, Tui o A Garda. Oia es el núcleo urbano más pequeño, ya que no alcanza los 3.000 vecinos.

La granja marina emplazada en Mougás iba a abastecer de cría de rodaballo a la gran piscifactoría que Insuiña preveía instalar en cabo Touriñán, en la Costa da Morte. Ese proyecto fue paralizado por el actual Gobierno bipartito, que alegó su fuerte impacto paisajístico. La decisión de la Xunta provocó un fuerte enfrentamiento con Pescanova, que decidió trasladar a Portugal la granja de rodaballos, la mayor de Europa. Pescanova no respondió a la llamada de este diario para ofrecer su versión.

Ubicación bajo sospecha

Mientras las diligencias previas 166/ 2005 por presunto delito de ordenación del territorio siguen su fase de instrucción en el juzgado de Tui, la planta de cría de rodaballo de Mougás continúa a pleno rendimiento con cambios y proyectos adicionales. El informe desfavorable emitido en su día por la que entonces se denominaba Consellería de Ordenación del Territorio, que acredita que la planta de Insuiña invade terrenos de Costas y que obra en los autos judiciales, contrasta con la autorización que, con fecha de 27 de julio de 2000, otorgó la Consellería de Pesca para la instalación de la granja marina.

En 2002, una resolución del entonces conselleiro Enrique López Veiga autorizó la extinción del permiso de actividad inicial por la de un criadero, con las consiguientes modificaciones de la factoría en cuanto a la adecuación del área de producción larvaria de dorada, robaliza y rodaballo a tanques de maduración y puesta de reproductores de rodaballo.

En el expediente, el director de Insuiña aportó entre otros informes técnicos y jurídicos favorables uno del Ayuntamiento de Oia y otro de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de marzo de 2007

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