La peor película de Carmen Calvo
La ley del cine, presentada por la ministra sin consultas previas, reabre la guerra en el sector
El año 2006 ha dado una de las mejores cosechas de películas españolas: Alatriste, El laberinto del fauno, Volver, Los Borgia, Salvador. Pero también ha abierto la guerra en un sector que en los últimos tiempos vivía sin sobresaltos. La irrupción del anteproyecto de ley del cine, elaborado por el departamento de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha creado una profunda crisis y una enconada y desagradable batalla entre los distintos sectores, principalmente televisiones privadas y productores cinematográficos. El texto está en estos momentos sometido a revisión en La Moncloa para intentar buscar el máximo consenso posible dentro del cine y del propio Gobierno.
"El cupo de las retiradas de las leyes está cerrado", dice un miembro del Gobierno
"La ley tiene futuro porque es necesaria", afirma Ángeles González Sinde
Desde hace unos días y no con vergüenza, pero sí con una satisfacción algo egoísta, mucha gente del cine no hace más que tener muy presente a una ministra que no es de su ramo. Elena Salgado, ministra de Sanidad, ha salvado, sin proponérselo, a la ley del cine. La retirada del polémico borrador de la llamada ley del vino va a conseguir que el anteproyecto, presentado por la ministra de Cultura a tumba abierta y sin consultas previas, se debata en esta legislatura. "El cupo de las retiradas ya está cerrado", ha asegurado un ministro del Gobierno. Aunque los cambios se aventuran de calado, lo que es una realidad es que el texto ha pasado por la comisión de subsecretarios y que La Moncloa ha convocado ya a responsables de los ministerios afectados -Cultura, Economía, Industria y Administraciones Públicas- para intentar poner orden en un texto que ha reabierto unas tensiones que desde hace años no se vivían en el cine español. Se han cruzado insultos, reuniones clandestinas a varias bandas, irreconciliables posturas y fuertes discrepancias en sectores que siempre han funcionado como una piña.
Los sectores implicados todavía no han encontrado respuesta a las prisas mostradas por Carmen Calvo para presentar un texto sin consensuar y sin el aval de otros departamentos ministeriales que tienen mucho que decir en la regulación audiovisual. Hablan de inoportunidad política por su afán de cumplir el calendario político. En este sentido, Calvo sí ha llevado a cabo su promesa de regular el cine en esta legislatura, pero lo ha hecho a espaldas de los protagonistas (televisiones, productores, exhibidores, distribuidores, realizadores, guionistas y técnicos), dando luz, en opinión de los afectados, a la peor película posible.
El primer documento, presentado por Calvo el 28 de diciembre de 2006, no ha gustado a casi nadie. En unos sectores, principalmente en las televisiones privadas, sobre los que recae la obligación de la inversión cinematográfica, ha sentado mal, hasta el punto de que "nunca se ha visto un enfado mayor ni una determinación más fuerte" para luchar contra lo que consideran "un auténtico atropello". "No recuerdo un enfado como éste", asegura Jorge del Corral, secretario general de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteco), organismo que agrupa a las seis cadenas privadas de televisión de ámbito nacional. A los productores, principales beneficiarios de la propuesta de Cultura, tampoco les satisface. La Federación de Asociaciones de Productoras Audiovisuales de España (FAPAE), que agrupa a la mayoría de las empresas productoras, cree "absolutamente imprescindible" que en esta legislatura haya una ley del cine, pero con la inclusión de incentivos fiscales para la inversión del sector privado, algo que no aparece en el texto de Cultura. "Estos incentivos permitirían reducir el déficit de las películas y abrirían una puerta al entendimiento entre las televisiones y las productoras", asegura optimista Pedro Pérez, presidente de la FAPAE.
Pero las televisiones se han hecho fuertes en sus propuestas y sus negativas. El anteproyecto prevé que las cadenas deberán invertir cada año un 6% de sus ingresos brutos, un punto más que hasta ahora. Esta subida ha hecho saltar las alarmas en las cadenas. No sólo han rechazado el "maldito" punto, es que ya no quieren saber nada del 5% que vienen aplicando desde que el primer Gobierno de José María Aznar les obligara a ello en 1999. Desde esa fecha, las televisiones privadas y TVE han destinado a la producción cinematográfica un total de 800 millones de euros. Una cifra que, en opinión de Jorge del Corral, "no ha servido ni para mejorar el cine español ni para crear industria". "Ha ido a peor. Incidir en lo mismo es de ignorantes o entraña mala fe. Sólo ha servido para que se pase de hacer 80 películas al año a 160, una cifra que no puede absorber la industria española", añade Del Corral.
Las cadenas se defienden de la acusación de estar en contra de la cinematografía española. Hay incluso algún director que muestra su asombro por el hecho de que estas nuevas obligaciones a las televisiones se produzcan en un año en el que las cadenas han financiado los grandes éxitos nacionales e internacionales de 2006, como Alatriste, El laberinto del fauno o Los Borgia. A la vista de estos resultados, las televisiones no renuncian a apoyar el cine español, siempre y cuando sean ellos quienes decidan dónde y con quién invertir.
Televisión Española, que destina cada año al cine en torno a 35 millones de euros, no quiere entrar en esta guerra. Su director, Javier Pons, asegura que "hemos apoyado económicamente al sector mediante la adquisición de derechos de antena de numerosas películas, siempre por encima de los porcentajes a los que estábamos obligados. Esa colaboración no sólo seguirá en el futuro sino que aumentará. No obstante, el anteproyecto de ley que está siendo objeto de debate recoge algunas condiciones e incrementos en la aportación que habría que estudiar en detalle para medir su viabilidad dentro del nuevo marco".
Esta película de Carmen Calvo que hasta ahora tiene tintes de melodrama puede dar un giro. Todos quieren. Una portavoz de Cultura asegura que "puede haber cambios". "El texto está en pleno proceso de ajustes internos y acuerdos con el resto de los departamentos ministeriales. Está abierto a modificaciones", añade la portavoz, quien recordó que el objetivo del ministerio es asegurar una ley de equilibrios, que cuente con el mayor consenso posible de los sectores implicados.
La búsqueda de un acuerdo es, de momento, el único punto en común entre los contendientes. "Por nuestra parte, no ha faltado nunca la vocación de diálogo, de pactar una ley que afecta a uno de los ejes de la identidad cultural que cuenta con el respaldo decidido de la Unión Europea, consciente de que el cine no es sólo industria o negocio y que tiene que estar protegido de la vorágine del mercado libre", según Pedro Pérez, presidente de los productores. También Jorge del Corral es partidario de que se "reabra la mesa del diálogo".
Hoy las espadas están en alto, pero en cualquier momento pueden envainarse. Así lo espera también la presidenta de la Academia de Cine, Ángeles González Sinde. "La ley tiene futuro porque es necesaria. Hay muchas cosas que son insuficientes y otras que no se han tocado. Una ley no debe de tratar únicamente el tema de la financiación, aunque sea muy importante. Debemos aprovechar el tirón creativo y técnico de nuestra industria. Tenemos un gran potencial".
Los principales escollos de la ley
- Agrava las cargas de las cadenas de televisión al establecer la obligación de invertir de un 5% a un 6% de los ingresos de las cadenas.
- Desgravaciones fiscales a la inversión. Los productores consideran imprescindible la inclusión de esta medida para paliar el déficit del sector.
- Mantenimiento de la cuota de pantalla. Aunque se flexibiliza (en lugar de aplicarla por salas, se hará por sesiones), ha sido rechazada por los exhibidores.
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