La enferma de Granada que pide morir salva el último escollo legal

La petición de Inmaculada Echevarría, la mujer de 51 años enferma de distrofia muscular progresiva que ha solicitado que le desconecten el respirador que le mantiene viva en un hospital de Granada, salvó ayer el que debe ser su último escollo legal. La comisión permanente del Consejo Consultivo de Andalucía avaló la tesis formulada hace un mes por el Comité Autonómico de Ética, que dictaminó que la solicitud de la enferma es "un rechazo de tratamiento", un derecho reconocido en la ley española de autonomía del paciente.

La Junta de Andalucía decidió pedir un informe al Consejo Consultivo, el órgano de asesoramiento legal del Gobierno autonómico, después de que se conociera el dictamen del Comité andaluz de Ética sobre la solicitud formulada por Echevarría el pasado 20 de noviembre. El informe aprobado por el comité ético enumeraba ocho garantías que los médicos debían cumplir antes de retirar el respirador, pero era contundente al afirmar que, si éstas se daban, "no se ven razones éticas que impidan a los profesionales cumplir la petición de suspensión de ventilación mecánica".

La Junta, no obstante, solicitó el pronunciamiento del Consultivo para dar mayor seguridad jurídica a su resolución. Los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes, pero la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha sostenido en las últimas semanas que si este órgano ratificaba que lo que Echevarría pide es un que se le reconozca su derecho a rechazar un tratamiento, el Servicio Andaluz de Salud "está obligado a poner los medios adecuados para proceder a la solicitud".

La comisión permanente del Consejo Consultivo se reunió ayer y aprobó un dictamen que avala la tesis del comité ético y ratifica que la petición de la enferma se encuadra dentro de lo que se considera una limitación del esfuerzo terapéutico. El informe recibió un voto particular de uno de los consejeros nombrados a propuesta del PP.

Cuando la Junta tenga en su mano el dictamen del Consultivo deberá decidir los siguientes pasos. Lo primero será comprobar que se cumplen las garantías que requirió el Comité de Ética y que persiguen asegurar que la enferma está convencida de lo que pide. La Junta ya cuenta con una evaluación realizada por psicólogos y psiquiatras del hospital de Granada en el que está ingresada la paciente, que concluyeron que Echevarría no sufría depresión ni ninguna otra patología mental.

No obstante, varias fuentes consultadas coinciden en que la Consejería de Salud podría pedir en los próximos días que Echevarría ratifique de nuevo su solicitud. Pero quienes están en contacto permanente con la enferma no dudan de que ésta se reafirmará en su petición. "Es lo que quiere desde hace 10 años, lo tiene muy claro", insiste una persona cercana a la paciente.

Los plazos tendrá que marcarlos ahora la Junta, pero en ellos tendrá también mucho que ver el Hospital de San Rafael, en el que Echevarría vive desde hace una década. Los responsables de este centro, que pertenece a la orden de San Juan de Dios, pero está adscrito al Servicio Andaluz de Salud, decidieron sumarse a la postura de la Junta y aguardar al pronunciamiento del Consejo Consultivo. Si la Junta considera que hay que atender a la petición de la paciente, pero el hospital no quisiera que se hiciera en sus instalaciones, la enferma podría ser trasladada al Hospital Clínico de Granada, del que dependen los médicos que le atienden en San Rafael.

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