300 empresas deberán adaptarse antes de noviembre a una ley ambiental más dura

Unas 300 empresas vascas, las más contaminantes, deberán contar antes del próximo 1 de noviembre con la Autorización Ambiental Integrada, un permiso que endurece los requisitos actuales y fija unos niveles máximos de emisiones, vertidos y otros índices que miden la contaminación para cada fábrica en función de su ubicación y su sistema de producción. Éste es el principal cambio de la ley, ya que ahora los límites se establecen por sectores porductivos. Un total de 252 firmas habían presentado su documentación antes del pasado 1 de enero, el plazo que fija la normativa. Hasta la semana pasada, sólo una había recibido la autorización integrada por parte de Medio Ambiente.

Este requisito viene establecido por una directiva europea de 1996, que fue traspuesta por el Gobierno central en 2002. Establece un conjunto de medidas para prevenir la contaminación al actuar en la fuente que la produce y obliga a la gestión correcta y la reducción de los residuos y las emisiones. Actualmente, la legislación protege el agua, el suelo y la atmósfera de forma independiente, fijando niveles máximos de emisiones en cada uno de esos ámbitos.

La nueva regulación tiene una visión integral, al incluir todos los impactos ambientales y reunir en una sola todas las autorizaciones, que en la actualidad se otorgan de manera separada por distintas administraciones e incluso varios departamentos de cada institución. Cada industria tendrá unos límites de emisiones o vertidos individualizados, según su emplazamiento, el sistema de producción o los riesgos existentes, lo que convierte en más compleja la gestión de cada expediente.

Las 300 empresas que deben cumplimentar este permiso pertenecen a los sectores más contaminantes, como las plantas energéticas, siderurgia, cementeras, químicas, de gestión de residuos, papel y cartón, textil, mataderos o plantas de consumo de disolventes orgánicos. La ley establece la obligatoriedad de que la documentación estuviese presentada para el pasado 1 de enero, aunque el Departamento de Medio Ambiente se ha mostrado flexible a que se pueda tramitar en los próximos meses dada la complejidad de la información requerida.

Hasta el pasado 1 de enero se habían recibido 252 solicitudes, según la información facilitada por Medio Ambiente. Hasta la pasada semana, sólo una compañía -un proyecto de vertedero de residuos no peligrosos en el municipio vizcaíno de Mallabia- había recibido la Autorización Ambiental Integrada. En los años anteriores, desde que en 2002 entrase en vigor la ley, se han concedido otras cinco autorizaciones, como la planta de ciclo combinado de Iberdrola en Santurtzi, una planta de regeneración de ácido clorhídrico en la ACB de Sestao o un proyecto de molturación de semillas en Zierbena.

Certificado urbanístico

La consejería se está centrando en analizar primero los expedientes de los nuevos proyectos y las empresas más contaminantes. Medio Ambiente ha asegurado que la cifra final de empresas que deben contar con esta autorización aún no se encuentra definida porque algunas han interpuesto recursos contra su inclusión en esta lista. Las compañías deben aportar información, además de sobre los límites de emisiones y vertidos, de los procedimientos y métodos de gestión de los residuos generados, las medidas que garanticen la minimización de la contaminación y los sistemas para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones y desechos. A ello se añade el estado ambiental del emplazamiento de la instalación y los impactos ambientales previstos, "incluidos aquellos que puedan originarse al cesar la explotación".

La autorización incluye un certificado urbanístico del ayuntamiento que acredite la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico. Este permiso sustituirá a la actual licencia municipal de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y será vinculante para el consistorio "cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras".

La vigencia de la autorización integrada es de ocho años, aunque puede revisarse cuando se superen los niveles de contaminación, haya cambios técnicos o por seguridad se requiera aplicar otras técnicas.

En toda España cerca de 5.000 empresas deben disponer de este requisito y, según datos de Comisiones Obreras, sólo se han entregado 1.000 solicitudes y otras 1.000 se encuentran en fase de tramitación.