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Editorial:

El mal camino

Gijs de Vries, coordinador antiterrorista en el Consejo de la UE, abandona el cargo tras calificar las prisiones secretas, detenciones extrajudiciales y torturas de estos años por parte de EE UU de "no sólo ilegales, sino inmorales". "Guantánamo es una aberración", ha dicho, y es difícil no estar de acuerdo, si bien él lo sabía desde hace tiempo y debía haber actuado en consecuencia mucho antes. Estamos ante hechos muy graves que fomentan la adhesión al islamismo radical y que, lejos de ayudar, socavan la lucha contra el terrorismo global.

A pesar de sus insuficiencias, el informe del Parlamento Europeo sobre los vuelos secretos de la CIA ha marcado un hito y pone en un brete a Gobiernos e instituciones europeos, incluidos el Consejo y su secretario general y representante de Política Exterior, Javier Solana, aunque formalmente no tenga competencias en esta materia. John Bellinger, asesor jurídico de Condoleezza Rice, lo ha señalado en sus conversaciones con los europeos, según ha recogido este periódico de notas confidenciales: "No capturamos a gente en Europa sin permiso de los Gobiernos". Corresponde pues a estos Gobiernos dar explicaciones.

Aunque la política pretenda arrastrar los pies, la justicia sigue a paso lento pero seguro. En Italia se abrirá juicio oral contra antiguos responsables de los servicios secretos italianos y 26 agentes de la CIA acusados por la fiscalía del secuestro en Milán del imán Abu Omar en febrero de 2003 y posteriormente torturado en Egipto y puesto en libertad hace unos días, aunque tiene un sumario abierto en Italia acusado de ser uno de los cabecillas del grupo terrorista Ansar al Islam.

Los europeos ganarán credibilidad en su defensa de los derechos humanos si arrojan luz sobre todos estos episodios, incluyendo los interrogatorios por parte de policías españoles a presos en Guantánamo, de los que este periódico ha venido informado en los últimos meses tanto en lo referido al ceutí Hamed Abderrahamán como al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, entre otros. Fueron interrogatorios ilegales, y, según Ikassrien, el último después del anuncio de la retirada española de Irak, mientras que los vuelos de la CIA siguieron pasando por España hasta noviembre de 2005. El asunto concierne por tanto al actual Gobierno y al anterior. La Audiencia Nacional dio por buenos los informes policiales realizados sin garantía jurídica alguna, pero el Tribunal Supremo los desestimó como prueba, lo que de paso demuestra la inutilidad de actuar contra derecho.

Demasiadas connivencias, demasiados puntos oscuros. La forma de encarar la guerra de Bush contra el terrorismo ha acabado por contaminar a demasiados responsables europeos, que se han dejado llevar por el mal camino marcado desde Washington.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de febrero de 2007