El PSE defiende un copago en los servicios sociales que no incluya la vivienda como aval

El PSE defiende cambios en el copago entre ciudadanos y administración para financiar las residencias de ancianos que elimine la obligación actual de que los mayores respondan con su vivienda habitual para pagar, tras su muerte, parte de los servicios prestados. La parlamentaria Isabel Celaá presentó ayer su modelo de ley de Servicios Sociales, basado en implantar un sistema organizado, como el sanitario, y sin diferencias territoriales. Para el PSE, el sistema de servicios sociales ha crecido de forma "desorganizada" y se ha basado más en cada territorio que "en las necesidades de las personas".

Celaá manifestó que ahora es el momento de abordar una nueva ley en una comunidad autónoma con 60.000 personas dependientes, de ellas 25.000 en situación de gran dependencia, a las que se unen 30.000 perceptores de la renta básica, que están en el nivel de pobreza. "Tenemos ancianos desasistidos en sus hogares y menores que requieren reeducación en lugares específicos porque ya han saltado las alarmas en sus familias, en sus escuelas y en su ciudad, e inmigrantes que queremos integrados y trabajando honestamente por el bien de la comunidad", destacó la dirigente del PSE.

El modelo de los socialistas pretende cambiar la situación actual, que según recalcó, ha atribuido la gestión de los servicios sociales a dos departamentos del Gobierno: asuntos sociales a la consejería de Vivienda, dirigida por Ezker Batua, y la inserción social a Empleo, gestionada por EA. "El Gobierno ha distribuido competencias en clave de poder, no de eficacia", sostuvo. Ello ha creado "un vacío" en el que las tres diputaciones han organizado su propio sistema "generando un cuadro preocupante de diferencias territoriales para un país de algo más de dos millones de habitantes".

Servicios homogéneos

Para el PSE, lo básico de la nueva ley es que ofrezca servicios homogéneos, que éstos sean unos derechos y se clarifique el pago por las prestaciones. "Queremos un sistema, a modo del sanitario o educativo. Es decir, un conjunto organizado, visible, ordenado, sistematizado, homogéneo". Además, debe ser universal y regulado como derechos, lo que posibilite las reclamaciones ante las instancias administrativas y judiciales. Celaá se mostró contraria a un catálogo "de prestaciones genéricas" en la ley, por lo que defendió una "cartera de derechos" que garantice los servicios.

Sobre el copago, abogó por implantarlo en los servicios con prestaciones de alojamiento y manutención, es decir en las residencias de ancianos. Rechazó el modelo de las diputaciones de Álava y Vizcaya que tiene en cuenta la unidad familiar y no únicamente la renta y patrimonio del usuario. La dirigente del PSE discrepó también de usar la vivienda habitual a la hora del copago, ya que "en muchas ocasiones cumple la finalidad de cobertura habitacional a otros miembros de la familia".

Los socialistas plantean que los servicios sean de proximidad y enfoque comunitario, por lo que consideran fundamental la participación de los ayuntamientos, la sustitución de las subvenciones por la concertación y estimular la figura de los trabajadores sociales para que se dediquen sólo a esta labor y no a las tareas burocráticas, "que deberían hacer administrativos".