Una normativa incumplida por falta de desarrollo

Los socialistas consideran que Euskadi lleva ocho años de "agujero negro" en los servicios sociales. Pese a que desde 1996 existe un ley, impulsada por el entonces vicelehendakari, el socialista Ramón Jáuregui, no se ha cumplido por su falta de desarrollo. Aquella norma buscaba un sistema integrado, pero el resultado es que las desigualdades entre los tres territorios son una evidencia. "Un vecino de Llodio es más rico que el de Arrankudiaga, incluso teniendo la misma renta, y el de Ermua tiene que poner su primera vivienda a disposición de la Hacienda vizcaína para costearse un plaza de una residencia, mientras en una calle más allá, al de Eibar no le hace falta", expuso Isabel Celaá.

La falta de desarrollo de la ley de 1996 ha derivado en que cada territorio marche a una velocidad diferente a la hora de proveer sus servicios sociales, desde plazas en residencias de ancianos a la creación de centros de día, pasando por la ayuda a domicilios. De esta forma, un anciano alavés tiene más posibilidades de acceder a una plaza pública en una residencia que otra persona que viva en Vizcaya o en Guipúzcoa. Son las tres diputaciones las que aplican sus propios criterios sin atender a ninguna uniformidad.

250 criterios municipales

La reivindicación de una ley que articule a todo el sector y acabe con las diferencias de criterio que las diputaciones mantienen es recurrente. El PSE cree que, con la elaboración de la nueva normativa, esta situación debe variar por completo. "Esta desigualdad se convierte en más insoportable cuando la suerte de los ciudadanos se hace depender, además, de 250 criterios, tantos como ayuntamientos, que ejecutan políticas sociales de mejor o peor manera en función de la sensibilidad social del alcalde o alcaldesa", apuntó la parlamentaria.

El PSE ya lanzó un ultimátum en diciembre al consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, para que remitiese al Parlamento el proyecto de ley de Servicios Sociales durante este primer trimestre. En caso contrario, presentarían una moción de censura contra Madrazo.

Celaá volvió ayer a cargar contra el consejero, con quien los desencuentros del PSE en materia de asuntos sociales han sido numerosos en los últimos años. "Mantenemos una fuerte desconfianza en que el departamento de Madrazo, en sus actuales condiciones, pueda llegar a encaminar políticas operativas e igualitarias en el campo de los asuntos sociales". La dirigente del PSE concluyó que, pese a estos recelos, su partido tiene la "determinación de entrar a debatir" sobre la ley sobre el modelo presentado ayer.